Familiares de policías linchados demandarán a los ayllus de Potosí

A pesar de haber firmado compromisos de no hacerlo para recuperar los cadáveres, los familiares argumentan ahora que el documento fue firmado bajo presión y declaran su nulidad.


Los familiares de cuatro policías linchados en Bolivia anunciaron ayer que demandarán penalmente a los indígenas que cometieron el crimen, a pesar de haber firmado compromisos de no hacerlo para recuperar los cadáveres, y analizan enjuiciar a jefes policiales y colaboradores del Presidente Evo Morales.



El abogado Johnny Castelú, representante de las familias, dijo que sus defendidos han decidido querellarse contra los cuatro "ayllus" (clanes indígenas) del pueblo de Uncía, en el norte del departamento de Potosí, fronterizo con Chile, donde hace dos semanas fueron torturados y asesinados los agentes.
Las esposas, madres, hijos, hermanos y otros parientes de los policías se habían comprometido por escrito a no demandar a los asesinos, para lograr la entrega de los cadáveres tras el fracaso al respecto de dos Ministros enunciados por Morales.
Pero los familiares argumentan ahora que el documento fue firmado bajo presión y declaran su nulidad, para demandar a los indígenas.
Castelú agregó que las viudas de los linchados se reunirán en las próximas horas en la ciudad de Oruro para decidir si también demandan al Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y a tres jefes policiales, por incumplimiento de deberes y omisión de socorro.
El Diputado opositor Jaime Navarro, de Unidad Nacional (UN), también ha anunciado una demanda contra Llorenti y el Comandante Nacional de la Policía, General Óscar Nina, por su lenta reacción ante el linchamiento y para rescatar los cadáveres de los agentes.
Los indígenas de Uncía ratificaron ayer sus acusaciones contra de los asesinados, cuya muerte justifican porque presuntamente cometieron robos y asesinatos, y anuncian una marcha a La Paz el viernes, para presentar sus denuncias.
Una autopsia realizada en Oruro reveló que los indígenas lincharon a uno de los policías entre el 1 y 2 de junio, cuando el Gobierno ya daba por muertos a todos y negociaba con los asesinos la entrega de los cuerpos, lo cual ha sido negado por el Ejecutivo.
El Fiscal de Potosí, Sandro Fuentes, exigió ayer a sus colegas de Oruro que se "inhiban" de investigar el hecho, porque no les compete, y afirmó que la autopsia realizada no cumplió con los requisitos legales, por lo que ordenó una nueva.
Los familiares de los linchados temen una manipulación de los resultados y no descartan pedir una pericia internacional.


Nota : Jornada Net

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