El partido opositor Unidad Nacional (UN) formalizó ayer una denuncia contra autoridades del Gobierno, de la Policía y de los ayllus potosinos por cuatro delitos en el caso del linchamiento de cuatro policías. Los indígenas amenazan a quienes intenten ingresar a sus comunidades.
La denuncia llegó a la Fiscalía General. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el comandante de la Policía boliviana, general Óscar Nina; y los comandantes de Oruro y Potosí, coroneles Mario Hinojosa y Orlando Ávila, respectivamente, serán procesados por los delitos de omisión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y encubrimiento.
Asimismo, se inculpó por los mismos tipos penales a los comunarios de los ayllus Laime, Pukara, Karacha y Aymaya que tuvieron algún grado de participación en el crimen de los uniformados en Saca Saca, ocurrido entre el 23 de mayo y el 1 de junio.
"Esperemos que la Fiscalía actúe con claridad, corrija el accionar que vimos hasta ahora, porque nos dio la sensación de que no está actuando con claridad. Esperemos que esta denuncia nos permita encaminar la acción legal y sea rápida", aseveró el diputado Jaime Navarro.
Por su parte, tras conocer el anuncio de la llegada de una comisión de fiscales y policías para iniciar la investigación del caso, los ayllus del norte de Potosí amenazaron con aplicar la justicia comunitaria a toda persona que intente ingresar a sus comunidades.
“No se va a dejar a ninguna instancia que entre (a los ayllus). Como autoridad no me responsabilizo si cualquier cosa pasaría. Si quieren justicia comunitaria, eso vamos a tener que hacer”, afirmó Leoncio Calluni, una de las autoridades de los ayllus.
Uno de los documentos de la denuncia presentada por UN es el certificado de defunción del suboficial Nelson Alcócer, que confirma su muerte el 30 de mayo, seis días después de la de los otros policías.
"Este documento confirma que Alcócer fue asesinado en plena negociación del Gobierno con los ayllus de Uncía”, dijo Navarro.
Al respecto, el director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Antonio Torres Balanza, aseveró ayer en Sucre que la autopsia practicada a los uniformados por parte de la forense Wilma Gabriel, cumplió con los protocolos establecidos y además se siguieron todos los pasos correspondientes para efectuar dicho procedimiento.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentará hoy un informe sobre el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Aseveró que hubo inacción y retardación en el accionar del Ministerio Público, mientras los ayllus se negaban a devolver los cuerpos de los efectivos a sus familias. “Tendría que haber tenido todos los instrumentos en la perspectiva de que no se llegue a lamentar lo que se lamentó”, manifestó la autoridad.
Por su parte, la Iglesia Católica considera que “se hizo muy poco” para rescatar a los policías. El director de la revista Caminando Juntos, Miguel Albino, aseguró a Fides que ni los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; de la Presidencia, Óscar Coca; el Defensor del Pueblo, ni el fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, tuvieron la capacidad de persuadir a los dirigentes indígenas para que devolvieran los cuerpos.
El diputado Navarro aseguró que actualmente los ayllus cierran las puertas de cualquier investigación. “No podemos permitir que estos hechos queden impunes”, afirmó.
La respuesta del Gobierno
La respuesta del Gobierno
Ante la denuncia formal de la oposición, el ministro Sacha Llorenti señaló que no le preocupa en lo más mínimo. “A mí me hubiera gustado que ellos estén en Uncía esos días”. El general Nina dijo que la investigación continuará y se identificará a los autores del linchamiento.
Los 4 policías habrían pedido clemencia
Los 4 policías habrían pedido clemencia
Los cuatro policías que fueron torturados y luego asesinado en un ayllu de Uncía habrían pedido piedad a sus ejecutores para no ser ajusticiados, luego de que fueron retenidos el 23 de mayo. “Estaban en la puerta de la iglesia de Cala Cala. Uno de ellos dijo que eran policías y que no estaban haciendo nada”, contó un hombre que el domingo 23 de mayo estaba cerca del lugar en horas de la noche.
El testigo señaló a La Razón que preguntó a uno de ellos “por qué habían hecho eso”. El uniformado le respondió que eran policías y no delincuentes.
Según el entrevistado, los cuatro efectivos estaban amarrados a maderas y decenas de comunarios los rodeaban. “Lo último que vi fue que los estaban golpeando, después me fui porque me asusté”, manifestó el testigo.
Versiones extraoficiales señalan que uno de los policías habría realizado una llamada a su inmediato superior para pedir auxilio, sin embargo este dato no fue confirmado. El comandante de la Policía boliviana, general Óscar Nina, afirmó que en esta situación pueden existir muchas versiones. “La justicia tarda pero llega. Vamos a encontrar a los responsables de este crimen”, aseguró.
Los policías Nelson Alcócer, Esteban Alave, Rubén Cruz y Miguel Ángel Ramos perdieron la vida tras ser retenidos por comunarios de ayllus del norte de Potosí.
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