El Movimiento Al Socialismo (MAS) lanzó una propuesta de Reglamento de Ética, bautizada ayer como un “código mordaza” porque apunta a castigar a los asambleístas por faltar a la verdad en intervenciones públicas en temas concretos, con la separación temporal de uno a dos meses sin derecho a percibir remuneración alguna.
El proyecto fue distribuido el 19 de mayo en casilleros personales de los diputados nacionales, donde se les hace conocer que está en fase de consulta los alcances de ese documento que será analizado por una comisión política con representación legislativa y los jefes de bandada. La diputada de la opositora Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, informó ayer a EL DIARIO que el MAS pretende coartar el derecho a la libre expresión de los legisladores de la oposición, y regular el comportamiento interno y externo en franca contradicción al artículo 21 inciso 5 de la Constitución que señala que los bolivianos tienen derecho a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual individual o colectiva”.
Citó también el inciso 6 que dice que los bolivianos, en este caso los asambleístas, tienen derecho a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva”.
Sin embargo, el proyecto del MAS, según la diputada, califica como falta grave, la agravante el hecho de que cualquier diputado puede ser procesado cuando a juicio del MAS haya faltado a la verdad o que durante las sesiones pueda incurrir en faltas al decoro de la Cámara dentro de una misma sesión, después de habérsele llamado al orden por parte del presidente de la Cámara.
Gil manifestó que estos artículos sencillamente buscan impedir que los asambleístas de la oposición puedan expresar su criterio de rechazo a través de cualquier forma de expresión.
“VOTO REBAÑO”
Cuando se aprobó la “Ley Corta” de autonomías la oposición puso letreros como “muera el voto rebaño” del MAS que dio lugar a diversas interpretaciones, incluso de “levanta manos” que aprueban sin siquiera conocer la Ley, menos de cambiar una coma o una palabra del texto enviado por el Órgano Ejecutivo.
Según el proyecto de Reglamento de Ética, está prohibido “discriminar, presionar o denigrar a cualquier persona en razón de sexo, color de piel, edad, orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filosofía, estado civil, grado de instrucción, condición económica o social, discapacidad, embarazo o cualquier otra cosa.
Tampoco podrán “provocar hechos escandalosos, bochornosos y desplegar conductas agresivas o violentas en los recintos de la Asamblea Legislativa y en lugares públicos. También estará prohibido “agredir físicamente a las diputadas o diputados, senadores, senadoras o cualquier otra servidora o servidor público” en la Asamblea.
COMISIÓN DE ÉTICA
La Comisión de Ética estará compuesta por siete miembros elegidos por la Cámara de los cuales cuatro serán de la mayoría y tres de la minoría. Según el procedimiento tiene poder para procesar a un asambleísta, a sola denuncia suscrita por una persona natural o jurídica directamente afectada por los hechos u omisiones denunciados, o alternativamente puede ser presentada por senadores o diputados.
Una vez presentada la denuncia, la presidencia debe poner en consideración del pleno en 72 horas, y luego ser remitida sin debate a la Comisión de Ética. Ésta, dentro de cinco días hábiles, admitirá o rechazará mediante resolución fundada aprobar por mayoría absoluta de sus miembros.
Si la denuncia fuere rechazada será devuelta al pleno para ser archivada, pero si es admitida irá a conocimiento de los denunciados vía presidencia de la Cámara, notificados personalmente o por correo electrónico.
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