Nueva ley podría anular al Tribunal Constitucional


La nueva Ley del Tribunal Constitucional, proyectada por el Gobierno y aprobada por la Cámara de Diputados, puede anular al Tribunal Constitucional al señalar que ese Tribunal es el supremo intérprete de la Ley Fundamental, "sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, derivada de la voluntad popular".
Lo advirtió el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, al explicar que en el proyecto original se mencionaba que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el intérprete auténtico de la Constitución, y la nueva y aprobada redacción "es un monje con otra sotana porque es contradictoria en su redacción".
Explicó que con la nueva redacción prevalecerá la contradicción sobre quien interpreta la Constitución, si el Tribunal Constitucional, como órgano supremo o la Asamblea Legislativa que se hace depositaria de la soberanía del pueblo. "Es más grave porque según la Constitución la soberanía del pueblo está depositada en todos los órganos constitucionales, en los electorales, en los tribunales, no solamente en la Asamblea".
Señaló que la redacción se presta a usurpar una atribución que le corresponde a la Asamblea Constituyente que es la instancia que proyectó y aprobó la nueva Constitución.
Como ejemplo de un potencial conflicto señalo la hipótesis de que se plantee la habilitación del Presidente para postularse al 2015. "Imaginemos que el Tribunal diga que sin cambio a la Constitución eso no se puede dar. Pero la Asamblea Legislativa Plurinacional dice que no está de acuerdo con esa interpretación y que para ella está habilitado el Presidente porque este es su primer período".
El abogado constitucionalista advirtió también que la nueva Ley del Tribunal Constitucional, no resuelve el actual problema de recarga procesal que debe conocer y resolver esa instancia. Explicó que en cuanto a los procedimientos no se ha establecido una clara separación entre la justicia constitucional y la administrativa, por lo que se sigue la línea del actual Tribunal que tiene recargadas atribuciones.
Explicó que el nuevo Tribunal Constitucional tendrá mayor trabajo adicional, como es el tema del choque de jurisdicciones y el tema de las autonomías, además de las acciones de defensa de derechos que recién se han creado.
Dijo que es probable que colapse el nuevo Tribunal porque el otro estaba al borde del colapso, por lo que debería separarse claramente la justicia administrativa y la constitucional.
"Se debería haber establecido que todos aquellos casos donde se cuestionen normas infralegales porque son contrarias a la Constitución pero también son contrarias a la ley que sea la justicia administrativa la que intervenga en esos casos pero no la justicia constitucional, porque lo vamos a recargar al Tribunal para ir a conocer decretos y resoluciones, cuando en los países donde mejor ha funcionado el Tribunal Constitucional se limita la intervención solamente al cuestionamiento de las leyes o normas con rango legal.
Añadió que además, no está pensada esta Ley del Tribunal en función al nuevo Estado autonómico sino en función al Estado anterior, porque en el bloque de constitucionalidad que define esta Ley del Tribunal no se ha hecho la interpretación sistemática de toda la Constitución y del nuevo Estado autonómico y del nuevo Estado con pluralismo jurídico.
Explicó que en el bloque de constitucionalidad debería reconocerse por lo menos tres niveles de jerarquía. Un primer nivel de la Constitución, los tratados de derechos humanos y las normas de derecho comunitario que es el único que está mencionado en la Ley del Tribunal, pero un segundo nivel que no se lo menciona debería estar integrado por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y por la Ley de Deslinde Jurisdiccional y un tercer nivel del bloque de constitucionalidad por los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas municipales.
"No se ha tomado adecuadamente en cuenta este tema estructural y más parece una Ley del Tribunal copiada de la anterior versión que respondía a otro modelo de Estado".
También cuestionó la designación de autoridades, ya que la Constitución dice que se designan de acuerdo al mismo mecanismo de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al que se lo va a elegir en circunscripciones departamentales, pero a los del Tribunal Constitucional en circunscripción nacional.
"De esa manera no se está respetando esa norma de la Constitución que exige el mismo mecanismo para la elección de ambas categorías de magistrados".
Explicó que es conveniente que haya una elección en circunscripción departamental porque otra de las funciones de este Tribunal es garantizar un funcionamiento armonioso de las autonomías, y un equilibrio regional sería provechoso para ese objetivo.
Además, señaló, hay mayor cercanía entre elector y elegible cuando se trata de un departamento. "Por ejemplo la mayoría de los bolivianos que vivíamos en La Paz probablemente conozcamos mejor a los abogados que residen en La Paz. Pero tenemos un conocimiento más lejano y difuso de abogados que residen en Santa Cruz, Beni, Sucre, etc".

Hermetismo sobre los proyectos

En la Asamblea Legislativa Plurinacional se mantiene un excesivo hermetismo respecto de los proyectos de ley en debate o aprobados, por instrucciones precisas, en ese sentido, de las autoridades legislativas.
La incómoda e inusual situación tiene su origen en la polémica, de hace dos semanas, cuando el oficialismo acusó e hizo detener a cuatro altos funcionarios de la Cámara de Diputados por no haber copiado un inciso de uno de los artículos del proyecto de Ley del Órgano Judicial Plurinacional.
A partir de entonces se ordenó que ningún proyecto sea facilitado, en ninguna instancia, a los medios de comunicación, lo que ha convertido la cobertura periodística en una aventura amenazada por el riesgo de imprecisiones en la información.
Los periodistas acuden a uno y otro legislador en procura de una versión actualizada de los proyectos, pero se encuentran con que un proyecto varía con otro que también es extraoficial y parcial en cuanto al texto definitivo aprobado. En idéntica situación de incertidumbre sobre los textos definitivos aprobados, se mueven los analistas.
Este caos informativo también está alimentado desde los orígenes de los proyectos de ley, en la Vicepresidencia donde se elaboran y revisan los documentos.

El debate de la ley fue pobre según Movimiento Sin Miedo

El debate de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional fue pobre y el oficialismo no admite sugerencias, lamentó la diputada del Movimiento Sin Miedo, Marcelo Revollo, hasta el año pasado partido aliado al Movimiento Al Socialismo.
Explicó que se trata de una ley muy importante para preservar la supremacía de la Constitución en el ordenamiento legal del país. Recordó que las 19 Constituciones que ha tenido Bolivia compartieron la característica de haber sido violadas o suspendidas.
Señaló que la actual Constitución tiene como elementos fundamentales lo plurinacional con el objetivo de zanjar la exclusión de los pueblos indígenas y la exclusión de las regiones, de las decisiones nacionales, así como superar todo el sesgo patriarcal y sexista de la sociedad y del Estado.
"El momento histórico se pierde porque tenemos que tomar en cuenta que no solamente estamos legislando para tomar decisiones respecto al momento del desarrollo legislativo sino marcar los hitos históricos de este tercer momento de esta Constitución", enfatizó.
La diputada Revollo, que fuera constituyente, afirmó que no hay una conciencia del tipo de Constitución que se ha aprobado y tampoco en el conocimiento y maduración del momento político en los asambleístas. "Yo diría que se ha recogido el modelo aprobado en 1988 por los anteriores gobiernos, en gran parte de los artículos se han copiado de esta ley".
Lamentó que no se hubiera tomado en cuenta la sugerencia de su agrupación política sobre la "desconcentración del modelo concentrado de control de constitucionalidad que significa crear juzgados de justicia constitucional que estén inicialmente ubicados en los departamentos pero que tengan un proceso gradual de su implementación porque un modelo de Tribunal Constitucional concentrado, rígido, no condice con un Estado autonómico, especialmente con una justicia plural".
Explicó que otra demanda giraba en torno al número de miembros que van a conformar el Tribunal Constitucional.

Asamblea será una espada de Damocles

Mientras la Constitución determine que los miembros del Poder u Órgano Judicial pueden ser sometidos a proceso por acusación de los diputados y sentenciados por el Senado, ninguna ley será útil, ya que ambas cámaras son controladas políticamente por el oficialismo.
Lo advirtió el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, quien explicó que Bolivia podría contar con la mejor Ley del Tribunal Constitucional del mundo, "que inclusive vengan los alemanes y los austriacos y digan estamos impresionados y queremos copiar la ley boliviana, pero de nada servirá si se mantiene el sistema de juzgamiento que establece la Constitución para los magistrados".
Recordó que la Constitución señala que la Cámara de Diputados los acusa y el Senado los condena, en un contexto de hegemonía de un partido político en la Asamblea Legislativa que se convierte en la espada de Damocles que va a impedir el ejercicio independiente del cargo de los magistrados del Tribunal.
"Mientras no reformemos en eso la Constitución, la mejor Ley del Tribunal Constitucional no va a dar los frutos que se esperan", enfatizó.
Señaló como otra contradicción el hecho de que la Constitución dice todos los magistrados se eligen por voto pero debe haber, además, una conformación plurinacional. Es decir, una cantidad de magistrados tiene que emerger de las naciones o pueblos o del sistema de justica indígena originario campesino. Esas naciones y pueblos se manejan por usos y costumbres y no por voto universal, recordó.
"¿Cómo vamos a hacer los ciudadanos al votar para elegir a personas que respondan a una extracción indígena originaria campesina?, ¿vamos a hacer una papeleta sólo para indígenas?, ¿cómo vamos a garantizar que los postulantes realmente pertenecen a esa nación o pueblo?, ¿vamos a hacer un análisis biológico, una pericia cultural?, es una ridiculez", puntualizó.
Alarcón sostiene que esa contradicción de la Constitución sólo se resuelve o reformando la Constitución o violándola. Violándola quiere decir tantos magistrados se elijen por sufragio universal y tantos otros sin sufragio universal, a través de los usos y costumbres, explicó.
Además, señaló que hay una innecesaria multiplicación y multiplicidad de procedimientos. Se hace un procedimiento para cada una de las atribuciones. Por ejemplo si impugna una ley relativa a tributos, el fallo del Tribunal tiene alcance particular. Si impugna una ley distinta a tributos, tiene alcance general.

Nota : Opinion

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