Otro linchado en Potosí, esta vez por violación

Comunarios de Juruma (Betanzos, Potosí) lincharon a un hombre de 51 años que habría sido encontrado el lunes en flagrancia cuando violaba a una mujer de 35 años. Este hecho se produce a casi 15 días del linchamiento de cuatro policías en Uncía, lo que agraba la polémica sobre la justicia comunitaria en el país.

El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, confirmó ayer este nuevo ajusticiamiento. Dijo que el hombre antes de ser linchado fue golpeado brutalmente con objetos contundentes y puntapiés hasta dejarlo inconsciente.

Los campesinos, según declaraciones recogidas por El Potosí, al verlo inconsciente, siguieron golpeándolo hasta que murió. Su deceso se habría producido el martes alrededor de las 15:30, un día después de haber sido capturado por los comunarios.

El llamado de auxilio llegó a través de un teléfono a radio Aclo cuando una persona de sexo femenino pedía la presencia policial pues los comunarios ya habían cavado una fosa para el acusado que cometió los presuntos delitos.

Ayer, el fiscal Sandro Fuertes manifestó que los pobladores, cansados de que esta persona siga cometiendo violaciones y robos, decidieron tomar la justicia en sus manos.

Fuertes dijo que fue imposible proceder a la autopsia toda vez que los familiares de la víctima ya sepultaron sus restos. Pero pese a ello, ya fue iniciada la investigación por el fiscal Javier Montesinos, que es autoridad en esa jurisdicción municipal de Potosí.
“Se les ha indicado a los comunarios que la investigación va a continuar y que, lamentablemente por los ánimos exaltados, no se han podido resaltar las aprehensiones correspondientes”, declaró el fiscal a radio Fides.

Reporte policial
El comandante de la policía de Potosí, Orlando Ávila, por su parte, informó que en contra de Santiago Flores pesaban una serie de acusaciones por diversos delitos.

“En varias oportunidades y durante varios años, ha estado permanentemente cometiendo hurtos, robos, tanto de ganados, enseres como de muchas otras cosas. Al mismo tiempo, también había victimado a dos personas: una de 70 años y otra con un hacha en la cabeza. El año pasado cometió otro delito a una anciana. Había procedido a violarla. Posteriormente, viola a otra persona de 25 años”, aseguró el jefe policial.

Según la versión de la Policía, esta persona fue retenida desde el jueves y recién el lunes se procedió a su ajusticiamiento. Dijo que la Policía se traslado al lugar, pero no llegó antes del deceso por la falta de vías de acceso hasta la comunidad.

Rechazan nueva necropsia de policías

Los familiares de los cuatro policías linchados en Saca Saca, ayllu de Uncía, rechazan que se practique una nueva necropsia a los cadáveres porque consideran que se quiere evitar responsabilidades del Gobierno.

Se oponen terminantemente a que los cadáveres sean sometidos a una necropsia, según el abogado, Johnny Castelú, porque quieren “que se respete a los muertos. Porque ellos en vida han sufrido vejámenes y torturas que tuvieron como consecuencia la muerte y, ahora, volverlos a sacar sería faltarles el respeto, a ellos, a sus memorias y a sus familias”.

Sin embargo, el fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, dijo que como los hechos se produjeran en una provincia de ese departamento, corresponde que supervise la investigación, por lo que envió una comisión a la zona para indagar los hechos.  Anotó que la autopsia practicada en Oruro fue ilegal, al recordar que el Ministerio Publico de Potosí dio inicio a la investigación y recomendó a sus pares de Oruro "inhibirse del conocimiento porque simple y llanamente están obstaculizando el caso" con resultados mínimos que tergiversan la verdad.

Temen represalias del Gobierno

Los parientes de los cuatro policías fallecidos exigen que, independientemente del proceso penal que instaurarán contra los campesinos, el Gobierno identifique a los autores materiales e intelectuales del linchamiento y no abrirán una acción legal contra autoridades del Gobierno por temor a sufrir represalias y no recibir los beneficios que les corresponde por ley.

Mónica Corrales viuda de Alcócer expresó su preocupación pues, en caso de que abran una querella contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, o el comandante general de la Policía, Óscar Nina, o en caso de no cobrar las pensiones de ley, sus hijos quedarían en indefensión total ya que los fallecidos eran los únicos responsables de llevar el sustento a sus hogares.

Lola Pallarico, esposa del cabo Rubén Cruz, afirmó ayer que “estamos pasando de un calvario a otro. Esto lo están politizando.

Cansa escuchar lo que dice el ministro Sacha Llorenti (...) Está buscando trabas para que no se investigue el caso. No hacen nada por dar con la identidad de los verdaderos asesinos, para aplicarles el castigo que corresponda y nos acusan de haber apedreado la casa de la hermana del Presidente”.

Nota : Los Tiempos