(El DIARIO y agencias).- El juicio oral en contra del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, principal acusado en el caso de corrupción tras la firma del contrato con Catler – Uniservice y la estatal petrolera se suspendió sin que se fije una nueva fecha y hora.
La audiencia del juicio debía realizarse a las 10:00 horas de este jueves, empero fue suspendida por ausencia de Tomás Melano y Mauricio Ochoa, dos de los co-imputados en este proceso.
“La defensa puede argumentar todo lo que quiera, pero en juicio veremos quién tiene la razón, lo cierto es que hubo actos de corrupción, cohecho e ilícitos, por lo cual estamos realizando la acusación a los responsables y estamos seguros que se dará una sentencia favorable que enmarque el fin de estos actos de corrupción de estas personas”, dijo el fiscal Edwar Mollinedo
Según el fiscal, las investigaciones indican que los dineros sí fueron recibidos por Santos Ramírez en su domicilio de la avenida Saavedra.
“Después de un año y medio estamos verificando que gracias a Dios se está instalando este proceso, y por lo tanto, esperemos que tanto los tribunales y jueces ciudadanos, con objetividad puedan evaluar toda la presentación de pruebas. Vamos a estar en condiciones de demostrar todas las irregularidades de ex autoridades que han atentado no sólo contra el derecho de Santos Ramírez, sino de varios implicados”, dijo Ramírez momentos previos a la suspensión del juicio.
El proceso está radicado en el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte de Justicia de Distrito de La Paz, que procedió a conformar el Tribunal de Sentencia. Integran la misma, el presidente Gastón Huaylla y el juez técnico, José Rivero, además, fueron designados tres jueces ciudadanos como afirma la norma penal.
Santos Ramírez es procesado por delitos de corrupción en la adjudicación del contrato de construcción de una planta separadora de líquidos encargada a la empresa Catler-Uniservice, por un monto de 80 millones de dólares. Este escándalo se hizo público tras el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga.
“Yo quiero preguntarles ¿estaba fabricándose la planta sí o no? Sí se estaba fabricando la planta; ¿recibió la Gulsby los 13.5 millones de dólares? sí recibió, hay una auditoría del 19 de mayo al 30 de mayo del 2008, por lo tanto, a estas alturas estamos convencidos y quiero decirles sólo hemos estado 10 meses en YPFB. Hoy ha pasado un año y medio, por qué no logran instalar esa planta sabiendo que hoy el país pierde más de 800 millones de dólares. ¿Por qué no hicieron que esa planta continúe fabricándose y hoy no estarían perdiendo el país”, cuestionó Ramírez. Los delitos por lo que es acusado Santos Ramírez, son: contratos lesivos al Estado, cohecho activo, asociación delictuosa, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
ANTECEDENTES
De acuerdo con los antecedentes judiciales, el caso fue descubierto el 27 de enero de 2009 tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, a quien le sustrajeron 450 mil dólares, monto que presuntamente estaba destinado para pagar una comisión al ex Presidente de YPFB, por la adjudicación para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande al consorcio Catler-Uniservice.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, el caso fue descubierto el 27 de enero de 2009 tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, a quien le sustrajeron 450 mil dólares, monto que presuntamente estaba destinado para pagar una comisión al ex Presidente de YPFB, por la adjudicación para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande al consorcio Catler-Uniservice.
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