Uncía: Fiscalía instruye investigar a Llorenti

La Paz y Sucre

El fiscal General, Mario Uribe, informó ayer que instruyó a la Fiscalía de Distrito de La Paz la apertura de una investigación contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y contra tres comandantes policiales por su presunta inacción en el caso de los cuatro policías linchados en los ayllus del municipio de Uncía, Potosí.

El titular del Ministerio Público emitió dicho instructivo en atención a la denuncia penal presentada contra las cuatro autoridades y los autores de la muerte de los cuatro uniformados presentada por dos diputados de Unidad Nacional (UN) el lunes pasado.

Uribe explicó que se hizo una diferenciación de la denuncia: la dirigida al Ministro de Gobierno, los comandantes General de la Policía y los departamentales de Oruro y Potosí, y la otra contra los posibles autores o cómplices del asesinato de los policías.

El primer caso, dijo que fue remitido a la Fiscalía de Distrito de La Paz para que se proceda a la investigación de las cuatro autoridades, y el segundo a la Fiscalía de Distrito de Potosí para que acumule la denuncia a las investigaciones que ya lleva adelante sobre lo sucedido en Uncía.

El pasado lunes, los diputados Jaime Navarro y Elizabeth Reyes Limpias, ambos de Unidad Nacional, formalizaron su denuncia ante el Ministerio Público en Sucre en contra al ministro de Gobierno, Sacha Llorentti, y el actual comandante de la Policía Nacional, Óscar Nina, por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión, encubrimiento y denegación de auxilio.

En la misma denuncia fueron incluidos los comandantes policiales de los departamentos de Oruro, Mario Hinojosa, y Potosí, Orlando Ávila Alcócer, así como quienes resultaren autores materiales de las muertes de los gendarmes ocurridas en circunstancias violentas y aún no esclarecidas por las autoridades.

Las autoridades denunciadas rechazaron esas acusaciones y aseguraron que cumplieron con sus obligaciones y realizaron todos los esfuerzos para convencer a los ayllus de entregar los cuerpos de los cuatro uniformados.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien fue parte de las negociaciones con los ayllus, tildó de "preocupante" la falta de respuesta de la Policía y la Fiscalía ante el linchamiento de cuatro agentes por indígenas hace tres semanas.

Villena presentó ayer a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un informe sobre los asesinatos, en el que enfatiza las "debilidades" y la "lentitud" de la Policía y la Fiscalía en el manejo del caso.

El Defensor del Pueblo criticó la "inacción" de las fuerzas de seguridad, que en su opinión sólo actuaron cuando ya habían sido torturados y asesinados los policías por los "ayllus guerreros" (clanes indígenas).

Los asesinos justificaron el linchamiento con la afirmación de que aplicaron la "justicia indígena" porque supuestamente los policías habían cometido delitos en sus pueblos.

Según Villena, la zona en la que se produjo el crimen es una "región muy empobrecida, sumamente dispersa" y con "presunta presencia del narcotráfico y del contrabando".
Fiscal se abstiene de dar detalles

NOTA: Los tiemhttp://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20100618/uncia-fiscalia-instruye-investigar-a
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El fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, no proporcionó ayer informe alguno sobre el avance de las investigaciones sobre la muerte de los cuatro policías, respaldándose en limitaciones legales.









Señaló que él no es el director funcional de la investigación, por lo que cualquier información al respecto debe ser solicitada a los fiscales asignados.









Consultado sobre si los investigadores lograron ingresar hasta el lugar donde se produjeron los hechos, respondió: “Eso no conozco, pero sí yo le puedo manifestar: todos quienes deseen ingresar a todo el norte de Potosí tienen todas las garantías toda vez que, inclusive, desde el pasado día sábado, se está desarrollando un evento social religioso cultural en inmediaciones de Cala Cala”.









Según Fuertes, existe total normalidad en Cala Cala y él mismo ingresó al lugar, pero no para investigar los linchamientos, sino para comprobar el buen funcionamiento del vehículo que el municipio de Uncía asignó para la seguridad ciudadana.









Anotó que la comisión de fiscales asignados al caso tiene una estrategia que se está desarrollado y “ellos verán el momento y la oportunidad de ingresar si no lo han hecho aún. Yo en la investigación no me puedo meter”.















INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO







• Advierte la "ausencia de medidas preventivas" por parte de las autoridades de las instancias competentes del Estado, por cuanto los hechos ocurridos son una "consecuencia de homicidios, exacciones, coimas y otros delitos no investigados ni esclarecidos".









• Señala que "se estableció una presencia débil de las instituciones del Estado, que se agrava por las denuncias en contra de la Policía por extorsión, cobros indebidos, abusos de autoridad que ponen al descubierto falta de credibilidad de la Policía que por mandato constitucional debe defender a la sociedad, preservar el orden público y exigir el cumplimiento de las leyes".









• El informe concluye que por las características y cómo sucedieron los hechos, se trató de un "linchamiento".









• Acusa a la Fiscalía de no actuar con prontitud en el caso, ya que esa institución debe actuar de oficio sin esperar "órdenes de nadie para constituirse ante cualquier hecho irregular que altere el orden".









• "Incluso la entrega de los cuatro cuerpos se produjo al cabo de trece días, bastante tiempo como para jugar con el dolor humano", señala.