Gobernador del Beni es imputado por pagar el referendo de 2008

Justicia: Ernesto Suárez Sattori, Rubén Costas y Mario Cossío enfrentan causas que pueden derivar en su destitución. 

El fiscal Filemón Sandóval imputó al gobernador del Beni, Ernesto Suárez Sattori, por la erogación, supuestamente irregular, de 3,3 millones de bolivianos para la realización del referendo sobre el estatuto autonómico regional de mayo de 2008, un acto que el Gobierno calificó de ilegal. 

La acción judicial se cumplió a petición de la Contraloría General del Estado, una institución al cargo del ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Herbas. 

El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo ayer que, como consecuencia de la imputación, no corresponde destituir a la autoridad, sino que debe correr todo el proceso antes de que se determine su culpabilidad o inocencia. 

Los delitos atribuidos a Suárez Sattori son malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. 

La legislación vigente sanciona este conjunto de tipos penales con reclusión de 10 años, pero el juez podría aplicar hasta 15 años debido a que se trata de varios delitos simultáneos. 

Con esta imputación, los tres gobernadores opositores, Suárez Sattori, Rubén Costas y Mario Cossío, afrontan procesos penales que si derivan en acusaciones formales, de acuerdo con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, determinarán su suspensión temporal mientras se sustancian las correspondientes causas. 

El Gobernador beniano se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó para someterse a tratamiento médico por una lesión sufrida en una rodilla cuando jugaba fútbol. 

El fiscal Sandóval explicó ayer a La Prensa que el 17 de julio presentó, junto con los fiscales anticorrupción Carlos Peláez y Percy Camacho, la imputación contra Suárez Sattori y otras 17 personas. 

La causa pasó a conocimiento de la juez Carla Ortiz, quien se excusó, pues Peláez imputó a un hermano de la magistrada en un juicio anterior, por lo que el expediente pasó al despacho del juez instructor civil Carlos Égüez, quien deberá fijar fecha y hora para la audiencia cautelar correspondiente, aunque este acto deberá cumplirse después del 30 de julio. 

La Asamblea Legislativa beniana concedió licencia a Suárez Sattori hasta el 30 de este mes, por lo que el acto procesal deberá realizarse posteriormente. 

Sandóval advirtió de que “si el Gobernador no se presentase, el juicio debería llevarse a cabo en rebeldía”. 

Una fuente oficial de la Gobernación confirmó que Suárez Sattori se reincorporará a sus funciones el lunes 2 de agosto. 

El vocero dijo que el Gobernador “se presentará a todas las audiencias a las que sea citado y que sean necesarias. No será la primera vez que lo haga”. 

“Su estrategia defensiva se basará en la Ley de Autonomías, que solicita la modificación de los estatutos, por lo tanto los reconoce y avala todo el proceso destinado a su aprobación. Además, se trata de una demanda política que alcanza a tres gobernadores de la oposición y hay que recordar que la desaparecida Prefectura no administró ese dinero, sino que lo hizo la Corte Departamental Electoral”. 

Los otros imputados son Clemente Cárdenas, ex presidente del Consejo Departamental; los consejeros Fabián Rodal, Celín Silva, Naggib Zeitun, Christian Justiniano, Zagjir Daguer, Fernando Simon, Elvira Mavric, César Román Vaca, Ginger Llapiz, Luis Fernando Selum y Karina Leiva, además de los vocales electorales Zulema Gutiérrez, Elfia Becerra, Rossana Hurtado, Víctor Moreno y Ronald Martorell. 

Las reacciones 

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, condenó ayer “el intento de derrocar a la Gobernación de Beni a través de la judicialización de la política. La ‘Ley maldita' de Autonomías busca tomar el poder absoluto que (el Gobierno) no ganó con el voto popular y quiere hacerlo a través de la justicia”. 

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Carlos Navia, del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló que la demanda contra Suárez Sattori debe tramitarse en los juzgados y no en el ámbito del organismo deliberante. 

El secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Mauricio Lea Plaza, señaló que esta imputación es una señal de “intentar descabezar a los líderes de la oposición en el país. Los referendos por los estatutos autonómicos que se realizaron en cuatro departamentos el año 2008 se ejecutaron a partir de lo que era el marco legal de la Constitución vigente entonces y la Ley del Referendo. Dentro de esa norma estaba previsto que se consulte a la población en el departamento sobre tema de interés y obviamente los gobiernos departamentales debían encargarse de esos procesos”. 

Para destacar 

El Movimiento Al Socialismo, los indígenas y el MNR se aliaron en la Asamblea Legislativa Departamental beniana. 

Esa coalición tiene mayoría en el ente deliberativo, pues cuenta con 15 representantes contra 11 del Gobernador. 

La agrupación Primero el Beni, liderada por Ernesto Suárez Sattori, cuenta con 11 asambleístas departamentales. 

Los delegados masistas y sus aliados no tienen los dos tercios de votos, pero resuelven temas por simple mayoría. 

El asambleísta indígena William Cuéllar aseguró que la justicia debe encargarse de este caso.

El ente legislativo sólo deberá intervenir en caso de que haya, dijo, una acusación formal contra el Gobernador beniano. 


Nota : La Prensa