De lo ético y de lo formal

La función pública en su desempeño no sólo exige eficiencia, no sólo reclama un alto grado de conocimientos en cuanto a su eficacia, esencialmente constituye un comportamiento ético y un celo en lo que hace a la custodia de los bienes y caudales públicos así como en lo que se refiere al cumplimiento de las normas y medidas que lo conciernen. Los pilares en los cuales se asienta el descalabro de la administración nacional se corresponden, con el contrabando, el narcotráfico, la evasión impositiva y la apropiación indebida de los bienes y fondos públicos así como en la contratación fraudulenta y amañada en la compra venta de bienes y servicios para el Estado, como la adquisición de maquinarias, vehículos, movilidades, contratación de inmuebles, construcción de carreteras y caminos, refacción de edificios públicos y toda una suerte de otros bienes, como alimentos o insumos para las empresas del Estado, para la administración nacional. Cuando algún funcionario público, cualquiera sea su jerarquía, cae en las garras del escándalo público por supuestos hechos punibles que se le inculpan supuestamente y que denotan gravedad, para quedarse este o estos funcionarios en el desempeño de sus funciones, no basta contar con la confianza del jefe de su repartición, de la autoridad que lo o los hubiera designado con el apoyo de sus pares de oficina en el desempeño de sus labores. Por razones de Estado, éstos están obligados a renunciar y a dejar así sea temporalmente el cargo que se desempeña o desempeñan. La función pública es por esencia un mandato moral. Mientras mayor es la jerarquía del cargo o la función que se desempeña mayor debe ser el celo que se ponga en cuanto al buen manejo y el cuidado de la honorabilidad tanto de la función como de la conducta del funcionario. La cosa pública en su manejo reclama un especial decoro en los mandatarios y dignatarios del Estado. Más allá de la formalidad o de la legalidad están los valores éticos que deben ser observados en forma implacable con apego a las buenas costumbres. Bolivia desde siempre ha venido reclamando un Gobierno Nacional hecho más de buenas costumbres que de leyes, de reglamentos y de normas punitivas. Es preferible un adarme de honradez que miles de toneladas de saber o de competencia funcionaria. La honradez y el buen manejo del interés público no están reñidos. Por encima de lo formal está lo ético y la moralidad pública. Nota : Opinion