 EL MINISTRO DE GOBIERNO ENFRENTA ACUSACIONES Y RECIBE RESPALDOS SOBRE EL ROL QUE DESEMPEÑÓ DURANTE LOS CONFLICTOS LUCTUOSOS DE CARANAVI |
• Diputado tarijeño denuncia retraso y negligencia de la Cámara de Diputados en las investigaciones y conclusiones de los hechos luctuosos ocurridos en mayo.
• El Ministro de Gobierno declaró que en ese entonces “se instruyó expresamente que la Policía no porte armas de fuego...” y que “habían civiles armados que representaban un peligro”.
La semana entrante será decisiva para tratar el caso de los hechos ocurridos en Caranavi en la Cámara de Diputados. La oposición espera que se tomen en cuenta los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, además del presentado por la minoría de la Comisión Mixta de Derechos Humanos y Gobierno, en tanto el oficialismo asegura que el primer informe de esta instancia, que exime de responsabilidades al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y a las autoridades de la Policía, es de carácter oficial.
Para el diputado de Convergencia Nacional, Roy Moroni, la siguiente semana se deberá agendar el tratamiento de los informes emitidos por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo, para establecer las responsabilidades del Ministro de Gobierno y autoridades policiales.
“Hemos pedido que se puedan tratar los informes del Defensor del Pueblo y de APDHB, este informe se lo tendría que hacer entre el lunes y martes, no queda margen para mayor dilatación, porque es importante establecer los hechos y además que la Cámara de Diputados defina de una vez por todas si va a defender los derechos de las personas o va a defender a sus ministros”, afirmó.
INFORMES COINCIDENTES
Moroni, ex periodista tarijeño y seguidor político del gobernador Mario Cossío a través de su partido Camino al Cambio (CC) reiteró que el informe de minoría de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja coincide con los presentados por las otras dos instancias que establecen excesivo abuso de autoridad y uso de la fuerza pública.
“El informe manifiesta que ha existido vulneración de los derechos humanos, que coincide con los informes de las otras dos instituciones, el informe de minoría dice que se debería ampliar la investigación a la Policía y al Ministro de Gobierno. El informe de mayoría libera de responsabilidades a estas autoridades”, dijo.
El legislador y ex Constituyente, expresó que la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista pretende dilatar la presentación de informes, en una supuesta parcialización con las autoridades de Gobierno involucradas en el caso.
“Obedece (el retraso) a una negligencia de la Cámara de Diputados, existe por lo menos una parcialización que estamos comenzando a notar desde hace dos semanas cuando el informe estaba en mesa”, mencionó el diputado.
“Los derechos humanos no se negocian, no se transan y le hemos dicho al Presidente de la Cámara de Diputados que se debe respetar los derechos de las personas”, finalizó.
VERSIÓN OFICIALISTA
El informe de la Comisión de Derechos Humanos y Gobierno, bajo la presidencia de la diputada Marianela Paco (MAS) deslinda de responsabilidades a las autoridades mencionadas. “El informe de la Comisión dice que hubo una intervención oportuna para evitar mayores enfrentamientos entre los colonizadores y los transportistas”, afirma.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno mediante una nota de prensa reitera que el titular Llorenti durante su declaración oficial ante el fiscal asignado dijo: “se instruyó expresamente que la Policía no porte armas de fuego”.
Según la comunicación, Llorenti expresó que habían civiles armados que representaban un peligro en una situación de conflicto”, además que el Ministro “ratificó su interés de que se llegue a identificar a los responsables de las muertes y personas heridas”.
Asimismo, la nota de prensa de la unidad de comunicación, manifiesta que el Ministerio de Gobierno entregó la documentación respectiva a las autoridades fiscales que investigan el caso en la que se demuestra los esfuerzos que hizo el Ejecutivo para desbloquear las rutas, establecer un proceso de diálogo y resolver el conflicto de Caranavi en el que entre el 7 y 8 de mayo pasado murieron dos estudiantes y resultaron heridas decenas de personas por la intervención policial de unos 700 efectivos por órdenes expresas del entonces presidente interino del Estado, Álvaro García Linera.
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