Por delitos de lesa humanidad en dictadura argentina
Liliana Samuel
Buenos Aires - Agencias
El Gobierno argentino presentó ayer una querella contra los directivos de los dos principales diarios, Clarín y La Nación, por los delitos de lesa humanidad en la adquisición de una fábrica de papel para diarios en la dictadura militar.
“La Secretaría de Derechos Humanos presentó ayer (martes) la querella por la vinculación entre la venta ilegítima de la empresa Papel Prensa y delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura” (1976-1983), señaló un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.
LOS DUEÑOS PROTESTAN
En su presentación, el Gobierno pidió procesar y llamar a indagatoria a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, propietaria y presidente del directorio de Clarín, respectivamente; a Bartolomé Mitre, director de La Nación; y a Sergio José, Marcos y Hugo Fernando Peralta Ramos, ex dueños del diario La Razón, hoy en manos de Clarín.
Clarín y La Nación reaccionaron con dureza en un comunicado conjunto, en el que denunciaron que con esta acusación el Gobierno pretende controlar a los medios críticos.
“Este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial”, sostiene el parte.
En la denuncia judicial, el Gobierno reclama además el procesamiento e indagatoria de los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, integrantes de la junta militar en el momento de la venta de Papel Prensa, y al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.
LA GRAN ESTAFA
El Ejecutivo presentó una “formal querella criminal (...) por la apropiación ilícita de la empresa Papel Prensa, llevada adelante mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura, vejaciones y asociación ilícita de los que resultaron víctimas”, señala el comunicado.
Las víctimas fueron una decena de familiares y representantes legales del empresario y banquero David Graiver. Graiver, muerto en un sospechoso accidente aéreo en 1976, era dueño de la mayoría de las acciones de Papel Prensa, una empresa mixta y única productora de ese insumo clave para el sector, que fue comprada en noviembre de ese año por Clarín, La Nación y La Razón.
Graiver, que había sido funcionario del gobierno de facto del general Agustín Lanusse, fue luego vinculado como banquero de la disuelta organización armada Montoneros, enfrentada a la dictadura, acusación muy divulgada aunque no probada en la justicia.
En agosto pasado, la presidenta Cristina Kirchner presentó la investigación “Papel Prensa, la verdad”, en base a la cual acusó a los dos diarios de mayor difusión de Argentina de apropiarse de Papel Prensa en complicidad con la dictadura.
LAS PRESIONES
“La Secretaría de Derechos Humanos entiende que los delitos de los que fueron víctimas los dueños anteriores de las acciones de Papel Prensa deben calificarse como crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles”, según la querella presentada ayer.
Los diarios respondieron en la nota que “pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico”.
Lidia Papaleo, viuda de Graiver y principal testigo del hecho, dijo haber firmado bajo presión la venta de las acciones el 2 de noviembre de 1976, cinco meses antes de ser secuestrada, torturada y encerrada en cárceles clandestinas de la dictadura.
Quienes rechazan esa versión dicen que la venta fue voluntaria.
En ese marco, el Congreso analiza un proyecto de ley del Ejecutivo para declarar “de interés público” la producción, distribución y comercialización de papel para diarios. En la actualidad las acciones de Papel Prensa pertenecen a Clarín (49%), La Nación (22%) y al Estado (27,46%).
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