La Paz - Cambio
La Red contra el Racismo, la Discriminación y la Impunidad, organizada tras los sucesos violentos de abril de 2008 en el chaco boliviano contra los indígenas, salió ayer en defensa del artículo 16 de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que busca frenar los excesos en los medios de comunicación.
“En Bolivia, los medios de comunicación tienen una larga historia de complicidad y omisiones en torno a prácticas racistas”, señala un documento divulgado anoche por esta organización.
La Red asumió como uno de sus principales objetivos “no cesar en su compromiso de erradicar el racismo en Bolivia mediante acciones de prevención, denuncia y sanción ante los tribunales”.
El comunicado, que sostiene una dura crítica contra lo que llama los medios racistas, se conoció en medio de la polémica que abrió el mencionado artículo 16 de la ley, que plantea sanciones contra los medios de comunicación que autoricen y difundan mensajes de corte racista y discriminador. Las asociaciones de prensa se han manifestado contrarias a la norma aprobada en la Cámara de Diputados y han demandando la modificación del proyecto de ley, que pasó a consideración del Senado.
“Ante la convocatoria de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, en abril del presente año asumimos el reto de analizar y aportar al proyecto de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, para lo cual participamos en talleres, mesas de trabajo y seminarios públicos”, señala la publicación.
En criterio de esta Red, constituida por más de un centenar de organizaciones y movimientos sociales, “los medios de comunicación, por su naturaleza, como institución social manejada por personas, tienen defectos y cometen errores; no son un espacio neutral. Los medios de comunicación están ligados a compromisos políticos y económicos; proyectan, interpretan y filtran la realidad, convirtiéndose, al mismo tiempo, en generadores de visiones y simbologías”.
Y agrega: “Protegidos por una Ley de Imprenta de 1925 —acorde con los pasquines, libelos y algunos periódicos de ese tiempo— y cuando aún no había radioemisoras ni televisoras, los medios de comunicación en Bolivia viven mirando el pasado, intentando mantener para sí el derecho a la información y a la expresión”.
“Los mecanismos de autorregulación, de los que tanto hablan los propietarios de medios, muestran su fracaso, lo que explica que los medios que sistemáticamente promueven la violencia y el racismo contra el otro continúen difundiendo sus arengas impunemente”.
“La ciudadanía también tiene el derecho a ser informada con ecuanimidad, con respeto a los derechos humanos, a que los medios cumplan su función de educar, de orientar, de promover la cultura de paz, la igualdad de derechos y el debate con responsabilidad, en lugar de provocar el enfrentamiento, ser simples repetidores de lo que escuchan, sin capacidad de discernir lo que es verdad o mentira”.
La Red participó en diversas actividades de reflexión sobre los medios de comunicación y el proyecto de ley contra el racismo, y fueron las propias organizaciones sociales las que suscribieron el mencionado artículo 16, que exige sanciones a los medios que difundan ideas y prácticas racistas.
“¿Qué temor tienen los medios de comunicación a una Ley contra el Racismo si durante el desarrollo de su trabajo cumplen, en su mayoría, con la declaración de las libertades y derechos fundamentales, con las leyes y la Constitución?”, se preguntan las instituciones.
Según esta Red, la Ley contra el Racismo establece procesos y sanciones en tribunales de justicia, como cualquier otra ley, según el grado de responsabilidad en la comisión del delito de promover, difundir y dar espacios a ideas y prácticas racistas. “Los empresarios de los medios confunden deliberadamente esa difusión de ideas y prácticas racistas con el derecho a la opinión y expresión, y, como suelen hacerlo, trivializan el tema de interés ciudadano”.
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