La Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación ha sido denunciada como atentatoria contra la libertad de expresión, por los periodistas y trabajadores de prensa, pero ahora que se ha iniciado su reglamentación surge otro punto para el debate: la reversión de los medios de comunicación.La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) declaró este lunes que participa en la reglamentación de la ley antirracista como parte de una posición institucional que incluye la posición de que los periodistas lleguen a controlar medios de comunicación, como consecuencia de proceso de reversión alentados por el Estado.
Boris Quisberth, secretario Ejecutivo de la FTPLP, es el único dirigente del sector de la prensa que se ha sumado a la reglamentación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, mientras las principales organizaciones de periodistas y medios de comunicación denunciaron que este instrumento de ley atenta contra el principio de la libertad de expresión.
“En el país hay libertad de expresión; hay medios de comunicación estatales, medios privados, de organizaciones religiosas, de organizaciones sindicales, entonces qué mejor que tener medios de los trabajadores de la prensa”, dijo Quisbert, quien aseguró que expresa una posición institucional del sector.
Este lunes por la mañana, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, declaró que no recibirá a la misión de la Sociedad Interamericana de la Prensa que llegará esta semana para expresar el respaldo a la movilización en defensa de la libertad de expresión. Y, además declaró que el gobierno defiende los derechos de la mayoría de los periodistas y trabajadores de prensa, que, en su criterio, son manejados por los propietarios de medios de comunicación.
“Algunos que protestan ni siquiera están sindicalizados, ustedes saben más que hoy, cómo están presionados y chantajeados por su trabajo. A diario recibo denuncia, les entiendo perfectamente, si ustedes se oponen a su medio de comunicación, ya están afuera, si no marchan están afuera, si ustedes no se tapan la boca, ya están afuera sin trabajo. Me pongo en el lugar de ustedes”, dijo el Primer Mandatario.
En la primera reunión de la comisión creada para reglamentar la Ley 0041 se llegó a la conclusión de que dicho instrumento legal no ha sido suficientemente difundido y que el debate se redujo únicamente en torno a los artículos 16 y 23 cuestionados por los periodistas y representantes de medios de comunicación.
El dirigente de la FTPLP declaró que esta organización sindical propuso, durante el debate de la Asamblea Constituyente, que el espectro radioeléctrico sea considerado un recurso natural de tal manera que el Estado boliviano revierta las licencias otorgadas a aquellos medios que hacen mal uso de la frecuencia.
“Nosotros los bolivianos hemos prestado a los medios de comunicación el espacio para que ellos trabajen en beneficio de la sociedad, ahora si a través de este préstamo ellos van a agredir, hay que buscan otras opciones. Esa es la posición institucional”, dijo el dirigente.
Quisbert ha sido desconocido por trabajadores de prensa de distintos medios de comunicación de La Paz, pero cuenta con el respaldo del Gobierno, al punto que este domingo participó del programa “El Pueblo es noticia”, espacio al que sólo asisten funcionarios o analistas vinculados con el oficialismo.
Las declaraciones de Quisbert coinciden con la campaña que el Gobierno inició para dar a conocer la mencionada ley antirracista y los supuestos casos de racismo cometidos por periodistas. Al mediodía, el canal 7 de propiedad gubernamental difundió un spot en el que se reproducen comentarios del radialista Arturo Mendivil y del periodista Carlos Valverde.
Parte de esa campaña es la movilización que sectores sociales afines al gobernante Movimiento Al Socialismo realizarán mañana en la ciudad de Cochabamba, donde en una marcha de protesta se hará conocer el respaldo a la ley antirracismo que el presidente Morales promulgó el 8 de octubre en el Palacio de Gobierno.
En esa línea, Quisbert insistió que las multas que se vayan a aplicar a los medios de comunicación considerados racistas deben ser destinados a un fondo de propiedad de los trabajadores de la prensa.
“Consideramos que el derecho a la información, el derecho al trabajo son sumamente importantes, pero el derecho a la vida es mayor. Cuando el medio de comunicación dañen a sectores protegidos, que se apliquen sanciones graduales. Que haya una llamada de atención, una multa cuyos ingresos deberían al fondo para los trabajadores de prensa o en último caso se suspenda la licencia y pase a los trabajadores”, declaró Quisbert.
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