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Política
Periodistas que apoyan la reglamentación de la ley antirracista denunciaron ayer actitudes de matonaje, aparentemente de operadores de empresas mediáticas privadas.
Las denuncias surgieron luego de que algunos periodistas de Cochabamba y La Paz se desmarcaron de sus entidades colegiadas y anunciaron que asistirán a la reunión de reglamentación de la ley. La red Erbol, que agrupa a unas 200 radios en el país, también irá a la cita para hoy, a las 16.00, en la Vicepresidencia del Estado.
A ellos se suman delegados de derechos humanos, activistas contra el racismo y dirigentes de movimientos sociales que acudirán a la cita.
En la acera de enfrente, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia anticiparon que no irán a la reunión para ver el reglamento debido a que consideran que asistir al encuentro es avalar la aplicación de la ley antirracista.
Ayer, una periodista de la estatal radio Patria Nueva denunció en esa emisora que sus colegas de canales de televisión privados le agredieron en puertas del edificio de Correo, en La Paz, por el solo hecho de no apoyar la campaña contra la norma antirracista.
Dijo que fue insultada, estigmatizada por trabajar en un medio del Estado y por dar cobertura a un ciudadano que no compartía que algunos periodistas promuevan la firma de libros contra dos artículos de la ley.
Otra periodista de la misma emisora, los pasados días, también fue agredida en la ciudad de El Alto, debido a que se negó a ingresar en huelga de hambre contra la norma antidiscriminación.
El secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa de La Paz, Boris Quisberth, denunció que recibió amenazas contra su integridad y contra esa institución por el hecho de haber anunciado que presentará propuestas para la reglamentación de la ley.
Dijo que Mario Daza, un trabajador que quiso acceder a su cargo pero perdió en comicios democráticos, y personas vinculadas a los propietarios de medios privados iniciaron una campaña de desestabilización de la FTPLP con el fin de que “grupos de la derecha” tomen esa federación. “Temo por mi integridad”, sostuvo.
En ese contexto, periodistas de Cochabamba anunciaron que participarán de la reglamentación de la Ley contra el Racismo. Dolores Arce, directora de Cepra (Centro de Producción Radiofónica), manifestó que un grupo importante de periodistas de Cochabamba están totalmente de acuerdo con la ley “porque es una medida histórica y responde a una necesidad del pueblo boliviano, justamente para acabar con el racismo.
El comunicador cochabambino José Luis Colque, por su lado, dijo que “llamamos a reflexionar a nuestros colegas para que inmediatamente trabajemos en talleres de socialización para reglamentar esa norma”.
Por su lado, el vicepresidente Álvaro García pidió que “no se dejen atemorizar, no puede haber matonaje entre empresas periodísticas, no hay que caer en ello, como uno reivindica su derecho a la libre expresión, a la libre decisión, un periodista quiere colaborar, bienvenido, todos son bienvenidos para trabajar este reglamento que va a darle aplicabilidad a ese artículo 16 para que no haya malinterpretación”.
Las denuncias surgieron luego de que algunos periodistas de Cochabamba y La Paz se desmarcaron de sus entidades colegiadas y anunciaron que asistirán a la reunión de reglamentación de la ley. La red Erbol, que agrupa a unas 200 radios en el país, también irá a la cita para hoy, a las 16.00, en la Vicepresidencia del Estado.
A ellos se suman delegados de derechos humanos, activistas contra el racismo y dirigentes de movimientos sociales que acudirán a la cita.
En la acera de enfrente, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia anticiparon que no irán a la reunión para ver el reglamento debido a que consideran que asistir al encuentro es avalar la aplicación de la ley antirracista.
Ayer, una periodista de la estatal radio Patria Nueva denunció en esa emisora que sus colegas de canales de televisión privados le agredieron en puertas del edificio de Correo, en La Paz, por el solo hecho de no apoyar la campaña contra la norma antirracista.
Dijo que fue insultada, estigmatizada por trabajar en un medio del Estado y por dar cobertura a un ciudadano que no compartía que algunos periodistas promuevan la firma de libros contra dos artículos de la ley.
Otra periodista de la misma emisora, los pasados días, también fue agredida en la ciudad de El Alto, debido a que se negó a ingresar en huelga de hambre contra la norma antidiscriminación.
El secretario ejecutivo de la Federación de la Prensa de La Paz, Boris Quisberth, denunció que recibió amenazas contra su integridad y contra esa institución por el hecho de haber anunciado que presentará propuestas para la reglamentación de la ley.
Dijo que Mario Daza, un trabajador que quiso acceder a su cargo pero perdió en comicios democráticos, y personas vinculadas a los propietarios de medios privados iniciaron una campaña de desestabilización de la FTPLP con el fin de que “grupos de la derecha” tomen esa federación. “Temo por mi integridad”, sostuvo.
En ese contexto, periodistas de Cochabamba anunciaron que participarán de la reglamentación de la Ley contra el Racismo. Dolores Arce, directora de Cepra (Centro de Producción Radiofónica), manifestó que un grupo importante de periodistas de Cochabamba están totalmente de acuerdo con la ley “porque es una medida histórica y responde a una necesidad del pueblo boliviano, justamente para acabar con el racismo.
El comunicador cochabambino José Luis Colque, por su lado, dijo que “llamamos a reflexionar a nuestros colegas para que inmediatamente trabajemos en talleres de socialización para reglamentar esa norma”.
Por su lado, el vicepresidente Álvaro García pidió que “no se dejen atemorizar, no puede haber matonaje entre empresas periodísticas, no hay que caer en ello, como uno reivindica su derecho a la libre expresión, a la libre decisión, un periodista quiere colaborar, bienvenido, todos son bienvenidos para trabajar este reglamento que va a darle aplicabilidad a ese artículo 16 para que no haya malinterpretación”.
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