LA PAZ, Bolivia, Cash24horas.com.- Francesco Zaratti, delegado del ex presidente Carlos Mesa, para la mejora del proceso de Capitalización, analiza el acuerdo que el gobierno boliviano logró con la europea ETI. La conclusión es que el desafío empieza ahora, que el Estado demuestre de que puede hacer buena empresa.
¿Cómo califica usted el acuerdo al que llegó el Gobierno boliviano con la italiana ETI para resolver el traspaso del 50,9% de las acciones, suspendiendo el proceso arbitral?
Positivo por dos razones.
Primero por el hecho en sí de haberse llegado a un acuerdo y evitar así un largo y costoso proceso de arbitraje. Se nota, en el tema de la nacionalización, un cambio de estilo del Gobierno: desde la "manu militari" con que se tomaron las empresas en la primera fase, al espíritu de diálogo traído por los nuevos ministros Delgadillo. Arismendi y Coca.
En segundo lugar, el acuerdo es positivo por el precio pactado. Son los 100 millones que ETI pretendía de Cotas el año 2004 y que yo estimé como un monto justo en mi ensayo sobre el Costo de la nacionalización. Muy lejos de los 1000 millones que pretendía ETI por vía judicial, pero lejos también de los 60 millones de dólares que, se comenta, quiso imponer el Gobierno antes de intervenir esa empresa.
¿Qué compromisos económicos y consecuencias administrativas podría tener este acuerdo para el Estado boliviano?
Externamente es una buena señal de que el Estado boliviano paga lo justo, a pesar de la forma con que se reapropió de las empresas capitalizadas. Seguramente algo similar pasará con Oil Tanking (ex CLHB), Panamerican y BP (ex Chaco) y las compañías eléctricas capitalizadas.
Internamente el arreglo con ETI ha dejado de lado la pretensión del Estado de cobrar los pasivos de la empresa, de modo que, rigurosamente, la nacionalización de Entel costó además de los 100 pagados en calidad de compensación por la acciones, otros posible 75 millones de dólares (el 50% de los pasivos atribuidos a la empresa) de los cuales se hará cargo la empresa estatal. Para que no queden sombras sobre este proceso, sugiero al Gobierno hacer público el acuerdo suscrito con ETI.
¿Usted identifica una política común para convertir al Estado en protagonista de la economía mediante la nacionalización de empresas estratégicas?
Claramente ésa fue la estrategia general del actual gobierno. Sin embargo han cambiado las tácticas, como mencioné, especialmente después del fracaso de la línea, sostenida entre otros por el actual presidente de YPFB, de que era posible "nacionalizar" a un costo mínimo haciéndose con la mayoría de las acciones. La realidad fue otra: en todos los casos, menso uno (Andina), se tuvo que pagar (y pagar lo correcto) por todas las acciones capitalizadas.
Los problemas empiezan ahora, cuando la propiedad de esas empresas es enteramente del Estado. Ahora deben demostrar eficiencia y rentabilidad so pena de dar vida a un nuevo ciclo de privatizaciones como se ha experimentado en el pasado. Hasta el momento el balance es mixto. Junto a empresas que están mostrando capacidad de gestión, hay otras que muestran señales preocupantes de ineficiencia.
¿Qué costo estima que va a tener la nacionalización de todas las empresas implementada por el presidente Morales?
Me ratifico con el cálculo que hice en el ensayo citado. Entre costos probados (ya pagados), probables (por pagar) y posibles (que son, sobre todo, los daños causados por la mala aplicación de la estatización) superamos los cuatro mil millones de dólares.
¿Usted cree que se pudo haber elegido otro camino para implementar el
programa gubernamental?
Claro que sí. Se podía haber escogido el camino de una negociación, firme pero paciente, con las empresas. Lo que se hubiese perdido en demagogia y prepotencia (útiles sólo para fines electorales), podía haberse ganado en ahorro de dinero e imagen internacional (necesarios a largo plazo).
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