La dirigencia cocalera del municipio de Palos Blancos en el norte de La Paz, anunció que la primera decisión que asumieron es la de pedir el canje de sus compañeros a cambio de permitir la erradicación de coca en la región.
Mientras, las calles y las comunidades aledañas al municipio rural están “totalmente militarizadas”, relataron a EL DEBER dos campesinos que se contactaron desde esa población. Según su relato, las labores escolares incluso fueron suspendidas en los dos establecimientos que hay en Cumbre Marimono y Nueva Esperanza.
“No nos podemos reunir, porque los militares han llenado las calles y no se nos permite andar en grupos, ellos circulan en motocicleta por todos lados y rápido aparecen cuando sucede alguna reunión, pero lo primero que se decidió es el canje de nuestros compañeros que están presos en La Paz”, afirmó uno de los dirigentes que pidió no publicar su nombre por temor a represalias de los militares.
Los dirigentes relataron que el día de los enfrentamientos, los escolares fueron a auxiliar a sus familiares y por ello reprimidos por los militares, que no respetaron ninguna condición para aprehender a los que consideraban responsables de la revuelta.
Hoy se realiza una feria semanal en el principal municipio de la región y será la oportunidad para que los dirigentes tomen decisiones respecto al bloqueo de vías que fue propuesto inicialmente cuando se llevaron a los 16 campesinos detenidos a La Paz.
Los dirigentes proponen que se libere a los 13 campesinos detenidos y ellos aseguran que permitirán el ingreso de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para que cumplan sus funciones en la erradicación de cocales.
Pero las autoridades de Gobierno ya adelantaron que las tareas de erradicación continuarán pese a las medidas de presión que se preparan en Palos Blancos. El propio presidente Evo Morales dijo que en las regiones donde se cultiva el arbusto de manera ilegal no habrá negociación y adelantó que los trabajos no se suspenderán.
Morales afirmó que el problema de los detenidos debe ser resuelto en la justicia ordinaria y que existe consenso “con el 90% de los campesinos” para la erradicación en esa región y que por tanto los que provocaron problemas son ‘unos cuantos’ que deben responder ante la justicia.
El jefe de Estado acusó al presidente del Concejo Municipal de Palos Blancos, José Cruz, del MAS y un abogado, de ser los ‘instigadores’ de la violencia en Palos Blancos.
“Me dijeron que un abogado de apellido Mendoza, creo que es, y un concejal nada menos del MAS agitando (...) claro también tengo información de que los detenidos están diciendo la verdad, el momento que digan la verdad, si es ese abogado o concejal del MAS, los cargos caerán a estas personas y no a los compañeros detenidos”, sostuvo.
Por otro lado, el viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Germán Loza, dijo que sospecha que detrás de los enfrentamientos están intereses del narcotráfico. Confirmó la denuncia del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, de que "en la zona de Inicua se halló una poza de maceración de coca".
Loza informó que el 99% de la población de Palos Blancos y Alto Beni está consciente de que esas zonas no están contempladas en la Ley 1008, por tanto no deben ser terreno de cultivo de coca.
Mientras, las calles y las comunidades aledañas al municipio rural están “totalmente militarizadas”, relataron a EL DEBER dos campesinos que se contactaron desde esa población. Según su relato, las labores escolares incluso fueron suspendidas en los dos establecimientos que hay en Cumbre Marimono y Nueva Esperanza.
“No nos podemos reunir, porque los militares han llenado las calles y no se nos permite andar en grupos, ellos circulan en motocicleta por todos lados y rápido aparecen cuando sucede alguna reunión, pero lo primero que se decidió es el canje de nuestros compañeros que están presos en La Paz”, afirmó uno de los dirigentes que pidió no publicar su nombre por temor a represalias de los militares.
Los dirigentes relataron que el día de los enfrentamientos, los escolares fueron a auxiliar a sus familiares y por ello reprimidos por los militares, que no respetaron ninguna condición para aprehender a los que consideraban responsables de la revuelta.
Hoy se realiza una feria semanal en el principal municipio de la región y será la oportunidad para que los dirigentes tomen decisiones respecto al bloqueo de vías que fue propuesto inicialmente cuando se llevaron a los 16 campesinos detenidos a La Paz.
Los dirigentes proponen que se libere a los 13 campesinos detenidos y ellos aseguran que permitirán el ingreso de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para que cumplan sus funciones en la erradicación de cocales.
Pero las autoridades de Gobierno ya adelantaron que las tareas de erradicación continuarán pese a las medidas de presión que se preparan en Palos Blancos. El propio presidente Evo Morales dijo que en las regiones donde se cultiva el arbusto de manera ilegal no habrá negociación y adelantó que los trabajos no se suspenderán.
Morales afirmó que el problema de los detenidos debe ser resuelto en la justicia ordinaria y que existe consenso “con el 90% de los campesinos” para la erradicación en esa región y que por tanto los que provocaron problemas son ‘unos cuantos’ que deben responder ante la justicia.
El jefe de Estado acusó al presidente del Concejo Municipal de Palos Blancos, José Cruz, del MAS y un abogado, de ser los ‘instigadores’ de la violencia en Palos Blancos.
“Me dijeron que un abogado de apellido Mendoza, creo que es, y un concejal nada menos del MAS agitando (...) claro también tengo información de que los detenidos están diciendo la verdad, el momento que digan la verdad, si es ese abogado o concejal del MAS, los cargos caerán a estas personas y no a los compañeros detenidos”, sostuvo.
Por otro lado, el viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Germán Loza, dijo que sospecha que detrás de los enfrentamientos están intereses del narcotráfico. Confirmó la denuncia del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, de que "en la zona de Inicua se halló una poza de maceración de coca".
Loza informó que el 99% de la población de Palos Blancos y Alto Beni está consciente de que esas zonas no están contempladas en la Ley 1008, por tanto no deben ser terreno de cultivo de coca.
Surco pide informe a LlorentiEl senador paceño y dirigente de la región de Palos Blancos Fidel Surco envió una petición de informe escrito al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sobre los sucesos de Palos Blancos; mientras los familiares de los detenidos se reunieron con activistas de Derechos Humanos de La Paz para informar sobre lo sucedido en esa localidad.
Sin embargo, Surco pidió informes para conocer “si hubo excesos de ambas partes, de la Policía y compañeros cocaleros, no lo vamos a negar, de acuerdo con su delito, cada uno tendrá su culpabilidad”, dijo, aunque el Defensor del Pueblo declaró que hubo excesos de parte de los uniformados, declaración que fue ratificada por los testimonios de los campesinos del lugar.
El senador cuyo hermano es dirigente de la región, adelantó que la erradicación no se detendrá, pero solicitó que debe haber concertación para avanzar más rápido y sin provocar heridos entre los colonizadores y lugareños.
Mientras, en La Paz, las familias se movilizaron primero a la cárcel de San Pedro, ayer era día de visita, y luego se reunieron con activistas de Derechos Humanos para informar sobre lo sucedido y las acciones que realizaron los militares antes de que se inicie la reacción de los campesinos.
Según informaron los familiares, recibieron la promesa de que un equipo de esta oficina ya estaría trabajando en la región y elevarán un informe en los siguientes días.
Sin embargo, Surco pidió informes para conocer “si hubo excesos de ambas partes, de la Policía y compañeros cocaleros, no lo vamos a negar, de acuerdo con su delito, cada uno tendrá su culpabilidad”, dijo, aunque el Defensor del Pueblo declaró que hubo excesos de parte de los uniformados, declaración que fue ratificada por los testimonios de los campesinos del lugar.
El senador cuyo hermano es dirigente de la región, adelantó que la erradicación no se detendrá, pero solicitó que debe haber concertación para avanzar más rápido y sin provocar heridos entre los colonizadores y lugareños.
Mientras, en La Paz, las familias se movilizaron primero a la cárcel de San Pedro, ayer era día de visita, y luego se reunieron con activistas de Derechos Humanos para informar sobre lo sucedido y las acciones que realizaron los militares antes de que se inicie la reacción de los campesinos.
Según informaron los familiares, recibieron la promesa de que un equipo de esta oficina ya estaría trabajando en la región y elevarán un informe en los siguientes días.
Almaraz: “Coca ilegal se va al narcotráfico”El ex viceministro de Tierras Sergio Almaraz afirmó ayer que es innegable la existencia de coca ilegal en áreas protegidas de Cochabamba, cuya producción es destinada al narcotráfico y desafió al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a corroborar, o, descartar esta actividad que vulnera la Ley 1008 en el trópico .
"Eso está fuera de toda duda, hemos visto no sólo las autoridades, sino los indígenas, policías, también los periodistas esas cientos de hectáreas sembradas de coca ilegal y no creo que haya alguien que diga que esa coca ilegal sembrada a través del avasallamiento de áreas protegidas no estuviera destinada al narcotráfico", dijo.
Para el ex viceministro y otrora ferviente defensor del MAS, el Gobierno y los dirigentes cocaleros de Chapare asumieron una "falsa imagen intolerante" en torno al tema del narcotráfico en Chapare.
"Existe una intolerancia y pretenden proteger una falsa imagen porque nadie de este país y en el mundo ignora que en Chapare hay narcotráfico", dijo a la Red ATB.
"Los únicos que han sostenido que no hay narcotráfico, porque supuestamente existe un control social son los dirigentes sindicales del trópico de Cochabamba, los únicos, el Gobierno no lo ha hecho y más bien muestra mucha incomodidad con las afirmaciones de monseñor Tito Solari.
"Eso está fuera de toda duda, hemos visto no sólo las autoridades, sino los indígenas, policías, también los periodistas esas cientos de hectáreas sembradas de coca ilegal y no creo que haya alguien que diga que esa coca ilegal sembrada a través del avasallamiento de áreas protegidas no estuviera destinada al narcotráfico", dijo.
Para el ex viceministro y otrora ferviente defensor del MAS, el Gobierno y los dirigentes cocaleros de Chapare asumieron una "falsa imagen intolerante" en torno al tema del narcotráfico en Chapare.
"Existe una intolerancia y pretenden proteger una falsa imagen porque nadie de este país y en el mundo ignora que en Chapare hay narcotráfico", dijo a la Red ATB.
"Los únicos que han sostenido que no hay narcotráfico, porque supuestamente existe un control social son los dirigentes sindicales del trópico de Cochabamba, los únicos, el Gobierno no lo ha hecho y más bien muestra mucha incomodidad con las afirmaciones de monseñor Tito Solari.
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