Los discursos gubernamentales reiteran la promesa del igualitarismo, y la Constitución Política del Estado (CPE) define la economía boliviana como plural. La teoría y la historia sugieren que esa combinación no es viable.
El igualitarismo es una idea que anima vigorosamente muchas decisiones del Gobierno. En gran medida, la lucha contra la pobreza ha sido redefinida como lucha por la igualdad, al punto que con frecuencia se ha buscado reducir las ganancias y poner límites a los sueldos a fin de bajar a los de arriba en vez de subir a los de abajo.
En la Constitución se reiteran las promesas de igualdad y superación de la pobreza pero de una manera vaga, pues se concentra más bien en la economía plural. Más de 100 artículos están dedicados a describir y definir esa economía, que incluye desde lo “comunitario”, aparentemente referido a lo rural, campesino e indígena, hasta lo privado o capitalista. Con otro nombre, es la economía del ch´enko, como la definimos hace algunos años.
La CPE establece la igualdad de derechos de las diversas formas de organización económica, y ordena que se las respete como son, pero también las obliga a contribuir a la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la creación de empleos dignos. Es una innovación jurídica osada –por decir lo menos– la de tratar a conceptos abstractos, como las formas de organización económica, como si fueran sujetos o actores. Habrá que ver si es posible exigir a las formas económicas que cumplan con sus deberes y será interesante ver qué harán los jueces cuando se denuncie, por ejemplo, que la forma comunitaria no da vacaciones a sus trabajadores como lo exige un empleo digno, o que la forma estatal generó pérdidas por inversiones inútiles, como podría suceder si a algún burócrata se le ocurre otro Karachipampa.
En todo caso, lo que está en el núcleo de esta combinación de economía plural con igualitarismo es la convicción de que es posible mantener esas formas tan diferentes de organización económica y garantizar al mismo tiempo que todos los bolivianos tengan similares niveles de consumo de bienes y servicios.
¿En qué se basa tal convicción? En la posibilidad de que la forma estatal, es decir el Gobierno, genere y controle una cantidad suficiente de excedentes como para subsidiar a las formas económicas menos productivas y donde se encuentran los más pobres.
Si acaso algo así pudiera realizarse, su duración sería efímera, y sus resultados muy costosos.
Como lo destacamos en La Democracia en el Ch´enko, la economía plural, en realidad, es la principal causante de las desigualdades. Las formas económicas que la componen son distintas por su organización, pero también por sus resultados.
Aunque hay excepciones, puede decirse que en gran medida a una forma de organización le corresponde un resultado. Por ejemplo: si 10 personas producen sillas trabajando artesanalmente, cada una por su cuenta, producirán menos sillas que las mismas 10 personas organizadas en línea, aún usando las mismas máquinas y herramientas, por el sólo hecho de que cada una podría especializarse en una parte de la silla. Los resultados que se logran se llaman productividades, y si éstas son desiguales, también lo serán los ingresos.
Ésta es la clave de la desigualdad en Bolivia: los ingresos desiguales son principalmente el resultado de productividades desiguales. Por eso, igualar los ingresos no es posible sin igualar las productividades, y esto no es posible si se conserva la economía plural.
Primero, porque se requieren enormes transferencias y subsidios (tal vez de unos 1.800 millones de dólares al año), y segundo, porque incluso si se contara con ese dinero, debe asegurarse que esas transferencias lleguen efectivamente a destino, y no se pierdan en los enredos de la burocracia, la corrupción y la ineficiencia. En este caso, llegar a destino quiere decir que alcance a los más pobres y alejados mientras se cobra a los más ricos y poderosos. No es fácil, como lo demuestran los actuales subsidios al diésel y al gas, que funcionan al revés pues en realidad benefician más a quienes más consumen (los de mayores ingresos).
Pero el mayor problema es que incluso si se lograra lo anterior, su efecto sería efímero, porque la productividad del conjunto se vería afectada y tenderían a desaparecer los excedentes transferibles.
Una de las principales leyes de la economía es que la gente responde a incentivos. A grandes incentivos, grandes esfuerzos. Si no hay incentivos, tampoco hay esfuerzos. Y la intención de mantener la desigualdad de productividades en la economía plural, promoviendo igualdad en consumo de bienes y servicios, rompería la relación entre productividades e ingresos. Los trabajadores más productivos y creativos, sin los incentivos de mayores ingresos, reducirían su esfuerzo. Y los menos productivos también, porque su baja productividad sería “premiada” con subsidios. El resultado, al poco tiempo, sería un descenso general de la productividad y la consecuente desaparición de los excedentes transferibles.
En síntesis, podríamos decir que si se conserva el ch´enko, o la economía plural, como lo pretende la CPE, el igualitarismo es imposible, salvo que se admita como deseable la igualdad en la pobreza generalizada. En realidad, la historia económica muestra que si se quiere reducir la desigualdad y eliminar la pobreza, lo importante es impulsar la productividad, permitiendo que funcione abiertamente la correlación entre esfuerzos y resultados, de manera que los incentivos premien a los más productivos, arriesgados y creativos. Eso podrá no ser igualitario, pero sí será más equitativo y justo, que es lo que verdaderamente importa.
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