La autora, investigadora de OMAL Paz con dignidad, explica el proceso por el que el Gobierno de Morales ha recuperado el control del sistema de pensiones.
ERIKA GONZÁLEZ
VIERNES 14 DE ENERO DE 2011. NÚMERO 141
El 10 de diciembre de 2010 el Gobierno de Bolivia promulgó la Ley de Pensiones que contempla el fin de la gestión privada de las jubilaciones y crea una empresa pública para este fin. Casi un mes antes, en el diario La Razón de Bolivia se podía leer: “El BBVA de España, propietario de la AFP Previsión, estaría negociando con el Gobierno de Bolivia la salida de esa gestora del manejo de los aportes para la jubilación. Afirma que el cierre de operaciones en el país tendrá un impacto ‘marginal’ en sus cuentas”. Este anuncio se recogió justo después de la visita a Bolivia de la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, a mediados de noviembre.
Curiosamente, la ministra declaró al periódico Página 7 que “España confía en mantener el actual nivel de diálogo con el Gobierno boliviano a fin de que si se producen cambios que afecten a las empresas españolas, tengan lugar sin sobresaltos”. Dichas declaraciones iban en línea con el objeto central de la visita:presionar para garantizar la estabilidad de las inversiones españolas y preparar la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre –viaje que finalmente se anuló–, para promover inversiones en los sectores de hidrocarburos, energías renovables, minería y construcción. Todo este movimiento coincide, además, con la elaboración de la nueva Ley de Inversiones, que fijará las nuevas condiciones para las inversiones de compañías extranjeras en Bolivia.
Así, las compañías multinacionales españolas, como en este caso el BBVA, además de su gran poder económico y de disponer de una arquitectura jurídica que protege sus intereses –lo que se conoce como la nueva ‘lex mercatoria’–, disponen de toda la capacidad de presión diplomática y política del Gobierno español para favorecerles en sus negocios internacionales. Y esta puede ser la explicación del cambio de estrategia adoptado por el BBVA. El anuncio de su salida negociada está muy lejos de las declaraciones que hizo la filial boliviana de esta transnacional en enero de 2010, cuando el Gobierno del MAS anunció que iba a sacar adelante la nueva Ley de Pensiones. Así, el diario La Prensa publicaba lo siguiente: “El ejecutivo de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión señaló que el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre Bolivia y España tiene cláusulas que protegen a la AFP frente a cualquier controversia que se pueda presentar con el Estado boliviano y abre la posibilidad de presentar una demanda de arbitraje ante tribunales internacionales”. La reacción se debía a que en esta nueva ley desaparecerían las compañías privadas que administraban las pensiones de jubilación para ser sustituidas por una empresa estatal.
- NEGOCIOS. Aunque Bolivia haya recuperado su sistema de pensiones a costa del BBVA, el banco tiene grandes inversiones en los sistemas de pensiones de países como México, Colombia o Chile, y recientemente se ha introducido en el mercado chino. OLMO CALVO
Impactos de la gestión privada
De este modo, el BBVA anteponía sus intereses comerciales a la demanda de la mayor parte de la población boliviana, que exigía eliminar el sistema de jubilación privado. Y es que la actividad de las transnacionales de las pensiones ha tenido fuertes impactos sociales, provocando, por ejemplo, que un escaso número de personas mayores haya podido jubilarse con una pensión. De hecho, el antiguo sistema público, que se privatizó en 1996, habría conseguido una mayor cobertura en las jubilaciones. Las compañías privadas, como el BBVA, han contribuido a impedir que la enorme cantidad de personas que dependen de la economía informal, más del 60% de la población activa del país, pudiera disfrutar de la jubilación, ya que los ingresos extremadamente bajos de esta población no eran rentables para los planes de pensiones que gestionaban estas corporaciones transnacionales.
Por otro lado, el teórico ahorro del gasto público al privatizar las jubilaciones no ha sido tal. El Estado boliviano ha tenido que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma, con el añadido de que la privatización de las empresas estatales durante el período neoliberal le ha bloqueado una fuente importante de ingresos. Así, el mayor gasto del Tesoro General del país ha sido cubrir el pago de las jubilaciones a pensionistas del antiguo sistema: en 2009 este gasto se elevó a 400 millones de dólares. Mientras tanto, la compañía Previsión BBVA tuvo un beneficio en 2008 de cuatro millones de dólares.
FIN DEL MONOPOLIO: CÓMO SE GESTÓ EL CONTROL POR PARTE DE BBVA
El negocio de las pensiones para el BBVA en Bolivia se ha asentado sobre un pilar importante: el monopolio. Inicialmente, durante la privatización de las pensiones, en 1996, se crearon dos empresas que debían administrar las jubilaciones: AFP Previsión y AFP Futuro. Después, en 1997, el que entonces era el BBV compró Previsión, mientras Argentaria adquirió Futuro. Acto seguido, el Estado boliviano decretó un período de exclusividad de cinco años en el que se prohibía la entrada de otras compañías que pudieran hacerles competencia.
Así, una vez creado el oligopolio, en 1999 se fusionaron el BBV y Argentaria, con lo que una sola compañía transnacional, el BBVA, pudo ejercer el control total de las jubilaciones. Eso fue hasta el año 2001, cuando el Estado de Bolivia le obligó a vender la AFP Futuro, que fue comprada por la compañía suiza Zurich. Aún así, la ausencia de información por parte del anterior Gobierno boliviano y de las empresas ha conservado el oligopolio de las pensiones en manos de únicamente dos compañías hasta el momento.
Nota : Diagonal
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