La diputada Norma Piérola anunció la realización de una auditoría externa internacional para determinar los alcances del impacto del “decretazo” de Navidad.
A cinco días de la anulación del “decretazo”, la situación microeconómica del país no vuelve a la normalidad. Para la representación parlamentaria de Convergencia Nacional (CN) la abrogación del Decreto Supremo 748 de nivelación de precios internos de hidrocarburos líquidos, conocido como el “gasolinazo” de Navidad, no fue suficiente para estabilizar la tensión social y la economía familiar. Los alimentos siguen con precios elevados, el pan cuesta 50 centavos y las agencias de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no abastecen ni atienden a la población.
En los principales centros de abasto del país varios productos de la canasta familiar como verduras y carne se mantienen con precios elevados, el pan en la Sede de Gobierno se vendió a 50 centavos la unidad, según constataron los medios de comunicación. Esta crisis económica de los primeros días de esta nueva gestión fue atribuida a la dictación y posterior abrogación del Decreto Supremo 748 conocido como el “gasolinazo” de Navidad.
DINÁMICA ALCISTA
Para la diputada Norma Piérola, el hecho de que el Gobierno central decidiera anular la disposición horas antes de recibir el 2011 no logró cambiar una dinámica económica de alza de precios en alimentos y el transporte público en las principales ciudades capitales de Bolivia.
“Hay procesos totalmente irreversibles que no pueden dar vuelta; el mismo costo del pasaje urbano ya nadie lo va a bajar, o el tema del pan de batalla, entonces no hay borrón y cuenta nueva. Lo positivo de todo es que se ha demostrado que el Presidente no es inamovible y la unidad de la ciudadanía puede doblar el brazo a este Gobierno que atentó a la economía nacional”, dijo a EL DIARIO.
Piérola aseguró que los precios en los mercados como “La Cancha” de Cochabamba continúan elevados, pese a que el Primer Mandatario abrogó el DS 748 y varias autoridades gubernamentales exhortaron a los comerciantes a bajar los precios y, a las alcaldías, velar por el cumplimiento de la norma.
AUDITORÍA EXTERNA
La legisladora anunció que pedirá una auditoría externa internacional a varias entidades del Estado, en especial a la Contraloría por no ejercer control sobre el alza de precios y las autoridades que delegaron esa responsabilidad a las reglas del libre mercado.
“Como nosotros no confiamos en el Contralor, que está rebasado en su interinato y que es del MAS, vamos a pedir una auditoría externa internacional que haga una especie de análisis para ver en cuánto se ha incrementado la canasta familiar; tampoco podemos permitir que con el pretexto de fondo solidario nos quiten una parte del salario, entre otras cosas”, manifestó Piérola.
CASO DE EMAPA
Finalmente, se refirió a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que durante la víspera generó protestas de la población por el desabastecimiento en varios puntos de venta donde la gente realizó filas desde la pasada madrugada. Según Piérola, la empresa estatal tiene la obligación de vender los productos durante toda la gestión y satisfacer la demanda ciudadana con precios accesibles, por tener beneficios económicos del Gobierno central.
“Por ejemplo, Emapa no paga impuestos, no paga importación y los precios deberían estar a precio de costo. En Emapa además existe una investigación desde el año pasado por la desaparición de casi 18 millones de dólares en la compra de harina. Necesitamos que esta entidad tenga la obligación de distribuir a precio de costo a las amas de casa y si se está produciendo azúcar un 80 por ciento debe quedarse para el consumo y 20 por ciento para exportar, así todos estaremos abastecidos”, acotó.
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