Mientras el caso del video-soborno se ha estancado en la Fiscalía de Distrito por las acciones de la defensa de Carlos Núñez del Prado, la Defensoría del Pueblo ha decidido abrir una investigación para saber si aquella persona infiltró a la institución defensora de los derechos humanos.
Casi un mes y medio después de la difusión del video que descubre a supuestos funcionarios del Ministerio de Gobierno, uno de ellos sería Núñez del Prado, sobornando al testigo clave del caso Rózsa, la investigación sobre el caso de cohecho no ha avanzando, aunque la persona que fue sobornada, Ignacio Villa Vargas, debe ser enviado al penal de El Abra en Cochabamba.
El “Viejo” impidió su traslado a El Abra porque su nuevo abogado defensor apeló la decisión de la jueza Margot Pérez, que dispuso su detención preventiva en ese recinto carcelario, lo que truncó el traslado a pesar de que la Policía ya tenía preparado el operativo.
Entre tanto, Andrés Zúñiga y Héctor Castellón abogados de Núñez del Prado y Edson Alí, recusaron a todos los fiscales asignados al caso video-soborno. En una primera instancia recusaron al Fiscal Edward Mollinedo, que fue destituido, posteriormente la investigación fue reasignada a Harry Suasnavar, quien se excusó porque habría prestado sus servicios en la Defensoría del Pueblo, institución que se vio implicado en caso.
Luego, asignaron al fiscal Isabelino Gómez quien se excusó de investigar el supuesto soborno, empero la fiscal Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, designó a una comisión de fiscales conformada por Carlos Fiorilo, Aldo Ortíz e Isabelino Gómez para que establezcan el grado de veracidad de la cinta difundida por diferentes medios de comunicación, empero la defensa también recusó bajo el argumento de supuesta enemistad.
Zúñiga y Castellón, no conformes, también presentaron una recusación ante el fiscal General de la Nación, Mario Uribe, contra la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, quien indicó que mientras no sea notificada, la comisión sigue al cargo de la investigación, empero todo quedó paralizado hasta que Uribe se pronuncie.
Castellón anunció que ellos apelarán a todas las instancias legales para garantizar la libertad de sus defendidos y que “hasta ahora no fuimos notificados, de todas maneras nosotros hemos enviado la recusación al fiscal General del Estado y en cuanto nos llegue los actuados procesales, haremos una comunicación oficial, una vez nos llegue la resolución tomaremos una postura”.
Sin embargo, el defensor del pueblo, Rolando Villena, informó que pidió la apertura de una investigación interna para determinar todas las actividades que realizó esa persona cuando era funcionario, tomando en cuenta que existe la posibilidad de que el titular de la institución habría sido infiltrado.
La indagación concluirá dentro de un mes y tiene el objetivo de conocer todas las actividades y vinculaciones que tuvo el también ex funcionario del Ministerio de Gobierno cuando trabajaba en la Defensoría. “Los resultados vamos a presentar a la Fiscalía porque estamos hablando de la gestión en la que él ha desempeñado funciones en la Defensoría pero nada más. No hay que ponerle tampoco demasiado misterio al tema”, dijo.
Cuando apareció el video en enero de 2011, Carlos Núñez del Prado trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Su trabajo era hacer una consultoría de seguridad. Tiempo después fue promovido al puesto de secretario general.
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