El ministro de Minería, José Pimentel, aseguró que el Gobierno garantiza la inversión privada en el sector minero, pero no utilizará la fuerza policial para recuperar las concesiones avasalladas por comunarios. Apela al diálogo para solucionar los conflictos.
Sin embargo, hasta la fecha se desconoce la recuperación de alguna de las minas tomadas antes de Sayaquira.
“El Gobierno quiere reiterar que las concesiones mineras, hoy con el nombre de licencias transitorias que han sido otorgadas por el Gobierno, las vamos a hacer respetar y no vamos a permitir que haya una superposición o explotación de carácter clandestino, pero sin utilizar la fuerza para solucionar los problemas de tipo social”, señaló.
El lunes se registró un nuevo avasallamiento por parte de comunarios, esta vez a la mina Sayaquira, ubicada en Inquisivi a cuatro horas y media de La Paz y bajo administración de la empresa Barrosquira.
Anteriormente, la mina Himalaya, ubicada en el cantón Cohoni, fue tomada en octubre de 2007 y sus ocupantes echaron a 105 trabajadores, que desde entonces se quedaron sin empleo y hasta la fecha no se solucionó el problema ni por la fuerza ni por la vía del diálogo.
Para las autoridades el intentar retomar un yacimiento representa un riesgo y una convulsión social a la que no se quiere llegar.Por ejemplo, se intentó recuperar varias veces Himalaya con un saldo de policías heridos.
En el caso de este yacimiento el Gobierno inició una fiscalización sobre la entrega de minerales y decomisó alrededor de tres veces el mineral al descubrir que se intentaba comercializar sin permiso.
Representantes de Barrosquira señalaron, según Unitel, que a la fecha nadie está en la cárcel por ocupar minas e incluso por golpear a policías.
Pimentel explicó que siempre existe la manera de hallar soluciones a los conflictos cuando se interponen intereses agrícolas con los mineros.
En algunos casos, las empresas mineras causan daños ambientales que se deben reparar con planes de responsabilidad social, delimitando áreas de trabajo para los comunarios como se pide en Sayaquira, añadió.
La Constitución Política del Estado establece los derechos preconstituidos de las concesiones hasta su migración a contratos de trabajo; en ese sentido, cualquier ocupación ilegal no es reconocida por el Ministerio de Minería y en caso de avasallamientos éstos son considerados una explotación ilegal de los recursos naturales.
El analista Rolando Jordán opinó que es difícil que exista una solución a las tomas por la vía del diálogo porque detrás del conflicto existen intereses de algunos grupos de cooperativistas, que están atentos sobre cualquier inversión pequeña o mediana para explotar yacimientos mineros.
Los trabajadores exigen seguridad
El minero que fue gravemente herido por los avasalladores en la mina de estaño Sayaquira y posteriormente hospitalizado, Toribio Gutiérrez, pidió al Gobierno justicia y garantías para retornar a su fuente laboral.
“Queremos justicia, le exigimos justicia al Gobierno de Evo Morales, porque nosotros somos trabajadores asalariados, tenemos nuestro seguro, y las cooperativas no tienen ningún seguro, ni pago seguro, por eso es que nosotros estamos en la empresa privada”, recalcó Gutiérrez.
De la misma forma sus compañeros pidieron garantías, “queremos que se respete nuestra fuente laboral; pedimos una inmediata solución al Gobierno”, señalaron.
Nota : Fm Bolivia
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