El Ministro informó que muchos propietarios expresaron su intención de renovar contratos con la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con las actuales reglas del juego fijadas en la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, que impone drásticas sanciones a las estaciones de servicio que fomentan el contrabando y no extiendan boletas fiscales.
La Asociación de Surtidores de La Paz (Asosur) dijo que al menos unos 50 propietarios dejarán de vender de combustible porque su relación contractual habrá concluido por contrato que no estipula cláusula de renovación automática, además porque no están dispuestos a correr riesgos de decomiso o confiscación de sus propiedades.
El Ministro Gutiérrez sostuvo que los contratos son individuales y Asosur es una asociación, pero recordó que la ley manda la continuación del servicio. "Ninguna estación de servicio, por más que no tengan contrato, podrá cerrar el servicio", advirtió.
El representante de Asosur-La Paz, Oscar Muñoz, ofreció al gobierno 50 surtidores de gasolina en venta o alquiler porque no renovarían contratos con el Estado toda vez que la Ley 100 no garantizaría sus inversiones.
Gutiérrez informó que en su contacto con los propietarios no hablaron de alquileres, sí de una garantía para que "no se les quite sus estaciones de servicio, pero no hablamos de alquiler o compra; mientras ellos cumplan con la norma, no tendrán problema, prueba de ello es que todas están funcionando".
Muñoz, informó que el gobierno los presiona a trabajar bajo riesgo porque un pequeño error está tipificado como delito y ante ese hecho varios empresarios determinaron cambiar de rubro o ya no operar en los diferentes surtidores de combustibles.
Reconoció el derecho y la obligación del gobierno de garantizar el abastecimiento de carburantes y sugirió al gobierno invertir en el sector minorista a través de la construcción de estaciones de servicio.
Aclaró que la decisión asumida por varios propietarios de surtidores "no es una amenaza, en realidad es una decisión privada y personal del propietario de estación, el cual verá por conveniente si continúa o no en el rubro".
Advirtió que el Gobierno difícilmente obligará a que una gasolinera firme un contrato por lo que ratificó que esperarán hasta el 1 de julio para que el gobierno flexibilice las sanciones radicales específicamente el artículo 19 (obligación de facturación) de la Ley de Seguridad Fronteriza promulgada el 4 de abril.
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