Hay 43 personas imputadas. Roberto Landívar Roca encabeza el listado.
El 12 de diciembre de 1997, el Banco Internacional de Desarrollo Sociedad Anónima (Bidesa) fue intervenido por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y dispuso su liquidación forzosa.
Trece años más tarde, después de innumerables recursos y chicanas interpuestos por el principal accionista del Bidesa, Roberto Landívar Roca, la Corte Superior de Potosí aprobó el auto de procesamiento contra éste y otras 45 personas por la presunta comisión de delitos relacionados con el manejo financiero, la falsificación de documentos y retención indebida de recursos pertenecientes al Estado.
Los detalles del caso. De acuerdo con el documento judicial, al que La Prensa tuvo acceso exclusivo, “los accionistas del Bidesa, con la colaboración de terceros, abusando del poder real que detentaban en la administración del banco, cometieron una serie de delitos obteniendo ilegal beneficio económico, ocasionando al Bidesa millonarios perjuicios y pérdidas económicas (que debieron ser) asumidas por el Estado mediante el Banco Central de Bolivia”.
El grupo Landívar, según el dictamen judicial, concentraba el 70,34 por ciento del paquete accionario, lo que le “permitió contar con la facultad de designar al personal de apoyo de absoluta confianza (...), por ende, ejecutando actos de administración en beneficio propio.
Los magistrados aseguran que los ejecutivos y socios del banco enviaron información falsa a la Superintendencia respecto del coeficiente de adecuación patrimonial, con base en el que pudo obtener un crédito de liquidez del Banco Central.
Este coeficiente es el cociente entre el patrimonio neto y el total de activos que resulta de la aplicación de la ponderación de activos y contingentes. En la banca, a mediados de los 90, éste no podía ser menor al 8 por ciento, pero en el caso del Bidesa era del 6,89 por ciento.
A pesar de que los activos del banco se reducían, incrementaron los pasivos “aumentando indiscriminadamente la cartera de créditos en beneficio de empresas vinculadas a Bidesa”.
“Se ha establecido retiros de depósitos por 3.158.746 dólares y otras sumas por personas vinculadas al Bidesa y a Roberto Landívar Roca” y hubo “utilización de recursos con fines diferentes a los convenidos documentalmente”.
La justicia sostiene la “existencia de 60.000.000 de dólares, como cartera de crédito, vinculados a los principales accionistas y administradores del Bidesa, cancelados de forma fraudulenta, con garantías insuficientes, con ampliación de plazos indebida, reprogramaciones sin pagos mínimos, aceptación de pagos con entrega de bienes sobrevaluados que motivó de su garantía”.
Los magistrados hallaron que hubo concesión de créditos “con dación de bienes y administraciones fraudulentas e involucradas en organización criminal”.
Dación es la transmisión, al acreedor o a los acreedores, del dominio de una cosa en compensación de una deuda.
Se evidencia, dice el auto mencionado, un engaño a la Superintendencia de Bancos, pues la pérdida fue del 97 por ciento del capital pagado; se causó un perjuicio al Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) por contratos incumplidos y hubo falsificación de firmas.
La Corte de Potosí dispuso la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
LANDÍVAR, LIBRE. El presidente del Directorio del Bidesa, Roberto Landívar Roca, fue recluido en esa cárcel el 7 de diciembre de 2001, pero fue puesto en libertad por retardación de justicia el 29 de diciembre de 2006, aunque obligado a pagar una fianza de 10 millones de bolivianos y quedó arraigado.
Trece años más tarde, después de innumerables recursos y chicanas interpuestos por el principal accionista del Bidesa, Roberto Landívar Roca, la Corte Superior de Potosí aprobó el auto de procesamiento contra éste y otras 45 personas por la presunta comisión de delitos relacionados con el manejo financiero, la falsificación de documentos y retención indebida de recursos pertenecientes al Estado.
Los detalles del caso. De acuerdo con el documento judicial, al que La Prensa tuvo acceso exclusivo, “los accionistas del Bidesa, con la colaboración de terceros, abusando del poder real que detentaban en la administración del banco, cometieron una serie de delitos obteniendo ilegal beneficio económico, ocasionando al Bidesa millonarios perjuicios y pérdidas económicas (que debieron ser) asumidas por el Estado mediante el Banco Central de Bolivia”.
El grupo Landívar, según el dictamen judicial, concentraba el 70,34 por ciento del paquete accionario, lo que le “permitió contar con la facultad de designar al personal de apoyo de absoluta confianza (...), por ende, ejecutando actos de administración en beneficio propio.
Los magistrados aseguran que los ejecutivos y socios del banco enviaron información falsa a la Superintendencia respecto del coeficiente de adecuación patrimonial, con base en el que pudo obtener un crédito de liquidez del Banco Central.
Este coeficiente es el cociente entre el patrimonio neto y el total de activos que resulta de la aplicación de la ponderación de activos y contingentes. En la banca, a mediados de los 90, éste no podía ser menor al 8 por ciento, pero en el caso del Bidesa era del 6,89 por ciento.
A pesar de que los activos del banco se reducían, incrementaron los pasivos “aumentando indiscriminadamente la cartera de créditos en beneficio de empresas vinculadas a Bidesa”.
“Se ha establecido retiros de depósitos por 3.158.746 dólares y otras sumas por personas vinculadas al Bidesa y a Roberto Landívar Roca” y hubo “utilización de recursos con fines diferentes a los convenidos documentalmente”.
La justicia sostiene la “existencia de 60.000.000 de dólares, como cartera de crédito, vinculados a los principales accionistas y administradores del Bidesa, cancelados de forma fraudulenta, con garantías insuficientes, con ampliación de plazos indebida, reprogramaciones sin pagos mínimos, aceptación de pagos con entrega de bienes sobrevaluados que motivó de su garantía”.
Los magistrados hallaron que hubo concesión de créditos “con dación de bienes y administraciones fraudulentas e involucradas en organización criminal”.
Dación es la transmisión, al acreedor o a los acreedores, del dominio de una cosa en compensación de una deuda.
Se evidencia, dice el auto mencionado, un engaño a la Superintendencia de Bancos, pues la pérdida fue del 97 por ciento del capital pagado; se causó un perjuicio al Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) por contratos incumplidos y hubo falsificación de firmas.
La Corte de Potosí dispuso la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
LANDÍVAR, LIBRE. El presidente del Directorio del Bidesa, Roberto Landívar Roca, fue recluido en esa cárcel el 7 de diciembre de 2001, pero fue puesto en libertad por retardación de justicia el 29 de diciembre de 2006, aunque obligado a pagar una fianza de 10 millones de bolivianos y quedó arraigado.
31,69 millones de bolivianos retuvo presuntamente en forma indebida el Bidesa después de captar recaudaciones petroleras
del Estado.
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