La cuantiosa inversión de más de $us 260 millones que la Fábrica Nacional de Cemento S.A (FANCESA) que pretende encarar en los próximos tres años continúa generando incertidumbre al interior de la Asamblea Departamental y, por ello, los asambleístas de oposición quieren que Iriarte comparezca nuevamente ante esta instancia para aclarar todos aquellos temas que el titular de la cementera local no dejó en claro.
Según el jefe de bancada de la oposición, Moisés Torres, en la petición citada surgieron otros elementos que requieren ser detallados con precisión como el proyecto de una nueva línea de producción en Maragua.
A decir de Torres, FANCESA no cuenta con un estudio a diseño final concluido para la implantación de una nueva planta en la cantera de Maragua. Entonces, aún no puede asegurarse que el costo de esa nueva planta será de $us 230 millones, como informó Iriarte.
Torres detalló también que aún no se tiene claro cómo se financiará el proyecto de refuncionalización del horno Kawasaki cuyo costo proyectado es de $us 26.7 millones. Iriarte explicó que la mitad del costo será financiado mediante crédito y la otra mitad con recursos de las arcas de FANCESA.
“También queremos saber si todo el proceso de contratación para el proyecto Kawasaki, sin licitación, está enmarcado en los estatutos de la fábrica como directorio”, acotó Torres.
En la audiencia de la Asamblea anterior, otro de los asambleístas de oposición Marco Sahonero, insistió en conocer la diferencia en la inversión si se compraba un horno Kawasaki nuevo o si se apuntaba a la refuncionalización. Algo más de $us 2 millones sería la diferencia, según justificó Iriarte la anterior semana.
Los asambleístas Torres, Sahonero y Gonzalo Pallares se declararon insatisfechos con el informe que presentó Iriarte en la petición de informe de la anterior semana. A su juicio, aún hay temas pendientes como la falta de un adecuado justificativo para la compra de terrenos para FANCESA en Santa Cruz, además de la “necesidad” de institucionalizar y convocar a exámenes de competencia a todas las gerencias de la cementera que actualmente se encuentran en situación de interinato. Este tema también se le consultó a Iriarte.
“Tenemos que saber con claridad los recursos de financiamiento de cerca de $us 300 millones que van a ser motivo de crédito financiero a nivel nacional e internacional o se emitirá bonos o se recurrirá a la banca local. Ahora, por otra parte, no hubo un cierre adecuado por el pleno (de la Asamblea) no se dio conformidad, por eso la petición de informe ampliatorio en esta semana”, concluyó Torres.
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