El abogado de Leopoldo Fernández, Jorge Valda, denunció este martes que el gobernador de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, coronel Rubén Sánchez, "desapareció" cuando se trató de presentarle la notificación de retorno al penal de San Pedro del ex prefecto de Pando.
El jurista criticó en cambio que no pasó lo mismo cuando el jefe policial fue notificado acerca del amparo constitucional de la Dirección de Régimen Penitenciario, que impide el traslado de Fernández al penal de San Pedro.
"Cuando se le va a notificar, el gobernador desaparece y no se da por notificado, pero sí se hace notificar con la orden del Tribunal (acerca) del amparo constitucional para que no se lo traslade a Leopoldo Fernández", dijo el jurista, quien dio por hecho que en la audiencia de este miércoles, donde se tratará este amparo constitucional, se dictará procedente a este recurso y se dejará sin efecto la determinación adoptada por los jueces ciudadanos, que decidieron el retorno de Fernández a San Pedro.
En ese sentido, Valda apuntó que si se da procedente al amparo constitucional sería una clara evidencia de que un juez ciudadano no tiene una "mínima" autoridad frente a estos casos y precisó que esto demostraría que la justicia sigue siendo manipulada por la Dirección de Régimen Penitenciario.
El Tribunal Sexto de Sentencia determinó el anterior 4 de marzo el retorno del ex prefecto de Pando a la cárcel de San Pedro, luego de que el 24 de febrero fuera trasladado al penal de Chonchocoro porque, según el Ministerio de Gobierno, su vida corría riesgo en San Pedro ya que el ex prefecto sería una persona no grata que gozaba de varios beneficios y privilegios.
Fernández no retornó hasta la fecha a la cárcel de San Pedro, primero por la falta de notificación al gobernador del penal de Chonchocoro y, segundo, por el amparo constitucional presentado por la Dirección de Régimen Penitenciario, que busca impedir este retorno y revocar la decisión tomada por el Tribunal el 4 de marzo pasado.
En respuesta, los diputados de CN-PPB, Adrián Oliva y Andrés Ortega, iniciaron un proceso legal en contra del director General de Régimen Penitenciario, Antonio Sueiro, por incumplimiento de deberes al haber emitido una resolución que dispuso el traslado del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de la cárcel de San Pedro al penal de Chonchocoro.
Nota : El deber
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