Reforma. Los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) serán de última apelación
Como un mecanismo para combatir la retardación de justicia, el Gobierno perfila restringir a ‘casos especiales’ las apelaciones al Tribunal Supremo de Justicia y hacer de los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) instancias de última apelación. El viceministro de Justicia, Marcelo Cox, informó que la iniciativa está enmarcada en las reformas que se impulsan para que las autoridades que sean electas en las elecciones del 16 de octubre cuenten con instrumentos para implementar una renovada justicia.
Hasta diciembre próximo se prevé las reformas de los códigos de procedimiento y hasta junio del próximo año los códigos penal, civil, familiar y otros. Explicó que “a partir de ello se verá qué procesos podrán ir a Sucre y cuáles serán revisados por los tribunales departamentales”.
Actualmente, el tribunal último de apelación es la Corte Suprema de Justicia (en breve Tribunal Supremo de Justicia), con sede en la capital del país, Sucre.
Los procesos laborales, por ejemplo, “nunca más van a llegar a Sucre por temas como deudas de ocho mil bolivianos o cuantías de cuatro mil bolivianos”. La reforma “va a permitir nuevos procedimientos que corten ese sistema colonial”. En materia familiar, “casos de asistencia familiar, de desvinculación familiar no llegarán a Sucre. Sólo los más delicados llegarán hasta la instancia más alta”.
Bajo esta lógica, los próximos Tribunales Departamentales de Justicia (hoy cortes de Distrito) se constituirán en instancias últimas de apelación en procesos penales, civiles, laborales, entre otros.
El expresidente del Colegio de Abogados de La Paz Bernardo Wayar recordó que actualmente sólo los procesos ejecutivos son resueltos en las cortes de distrito. De concretarse la propuesta del Gobierno, calcula que la carga procesal podría reducirse en un 60 por ciento. “No obstante, lo más importante es elegir buenos administradores de justicia”.
El artículo 45 de la Ley del Órgano Judicial, aprobada en junio del 2010, establece que los Tribunales Departamentales de Justicia de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba tendrán un mayor número de vocales frente al resto.
En La Paz, subirá el número de vocales de 20 a 24; en Santa Cruz, de 15 a 18, y en Cochabamba, de 13 a 18; mientras Oruro, Potosí y Chuquisaca incrementarán el número de vocales de 10 a 12. Tarija mantendrá su cupo de ocho; Beni de siete, y Pando de cinco.
Los nueve tribunales departamentales contarán con salas especializadas en Materia Civil y Comercial; Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública; Penal; de Trabajo y Seguridad Social, refiere la Ley del Órgano Judicial.
La reforma también busca atacar las llamadas ‘chicanas jurídicas’, entre ellas el provocar que un proceso vuelva o se reanude desde el vicio más antiguo debido a procedimientos defectuosos. “Nunca más se va a retroceder hasta el vicio más antiguo. La causa seguirá, y si el juez de última instancia observa que hay actividad procesal defectuosa sancionará a ese juez que dejó pasar ese hecho”, explicó el viceministro.
Añadió que también se trabajará en la uniformidad del procedimiento para todas las materias del derecho, y en la incorporación de la oralidad en el conjunto del sistema judicial boliviano. Al momento, sólo los juicios en materia penal son orales.
“Esto permitirá que se aceleren las causas. En la nueva compilación procedimental se van a limitar hasta los incidentes (recursos judiciales utilizados por la defensa de los acusados)”, señaló Cox. La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Silvia Seleme, destaca los cambios.
Se deberá evitar vulnerar derechos
La reforma judicial no es desafío menor, se puede afirmar de manera categórica que es la tarea más compleja. El resultado, sin duda, afectará de manera directa a los bolivianos, por lo tanto, es necesario para el bien común, lograr migrar a un sistema judicial confiable, independiente y, sobre todo, transparente; objetivos que podremos palpar en una coyuntura no menor a cinco años. Muchos son los temas a debatir, uno de ellos es la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia tenga competencia y atienda sólo “casos especiales”, con lo que los Tribunales Departamentales tendrán la última decisión en la resolución de causas en las diferentes materias. Teniendo en cuenta que el número de ministros titulares será de 9, tres menos que actualmente, no sería lógico mantener el actual sistema de causas de casación, tiene que limitarse a ciertas materias; por ahora es una necesidad y no una alternativa. Se tiene que establecer parámetros básicos con arreglo al mandato constitucional, para enumerar causas y materias que puedan ser elevadas ante el Tribunal Supremo, de tal manera de que no se ocasione la vulneración a los derechos. fundamentales.
Crearán inteligencia interna en la justicia
El Defensor del Litigante ayudará a sancionar a autoridades judiciales
El Gobierno apunta a crear un sistema de inteligencia en la justicia boliviana, para luchar contra la corrupción. El nuevo mecanismo estaría bajo tuición del Consejo de la Magistratura, institución encargada, entre otros aspectos, de sanciones disciplinarias a los operadores de justicia.
El viceministro de Justicia, Marcelo Cox, explicó que la propuesta será parte del debate de la comisión interinstitucional, creada para trabajar en la reforma de los códigos de procedimiento.
La Memoria Institucional 2010 del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, reporta que el pasado año recibieron 2.341 denuncias de corrupción. El 14 por ciento de las denuncias afectan al Órgano Judicial.
El vicepresidente Álvaro García informó el martes que la reforma judicial no sólo busca mejorar la administración de la justicia, sino también combatir la corrupción con una mayor fiscalización.
“Se requiere una revolución completa en el ámbito judicial, remover al personal, establecer sanciones, mecanismos de seguimiento interno, de inteligencia interna para agarrar al fiscal, al juez corrupto”, adelantó.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Silvia Salame, evitó comentar la propuesta del Gobierno, aunque recordó que hoy están vigentes mecanismos de control.
La Ley 007 de Modificaciones al Sistema Normativo Penal refiere en su artículo 329 que, “los jueces serán juzgados de conformidad al procedimiento común. Sólo serán suspendidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, cuando sean formalmente imputados ante el juez de instrucción".
En la ciudad de El Alto, el 6 de julio fue aprehendida y, posteriormente remitida a la cárcel la jueza Jenny Prado. La autoridad es acusada de favorecer con decisiones judiciales a delincuentes.
“Muchos ciudadanos penosamente han estudiado Derecho como un instrumento para cometer ilícitos, porque llegan a ser autoridades judiciales o fiscales y están comercializando sus resoluciones”, sostuvo. Añadió que se creará el Defensor del Litigante.
Influencia del poder político
El informe del 2009 de la ONU observó como uno de los males que corroe los cimientos del sistema judicial boliviano la excesiva influencia del poder político, lo que conlleva la falta de independencia, retardación de justicia, prevaricato, corrupción e impunidad.
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