Vigilia en ciudad boliviana por caso genocidio

Sucre, Bolivia, 22 jul (PL) Familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003 mantienen hoy una vigilia ante la Corte Suprema de Bolivia en demanda de que concluya el juicio a los autores de la represión militar.

  En ese caso de genocidio el principal responsable es el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), ahora prófugo de la justicia boliviana en Estados Unidos.

Los manifestantes también condenan la dilación de este proceso y aseguraron que no abandonarán la llamada Ciudad Blanca hasta que se dicte sentencia.

Mario Ticona, de las comunidades agrarias de la ciudad de El Alto, afirmó que varios de sus miembros viajaron a Sucre para apoyar a los familiares de las víctimas de Octubre Negro, como se le recuerda a aquellos hechos.

Además de los trabajadores agrícolas, llegaron a Sucre en los últimos días dirigentes y bases de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, y de las federaciones de Mujeres y de Estudiantes de Secundaria.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, visitó a familiares y víctimas de los caídos en octubre de 2003 y expresó su preocupación por la lentitud en el proceso, a más de siete años de la masacre.

En este caso, según Juan Quispe, presidente de la Asociación de los Familiares de las Víctimas de Octubre, se trata de una confabulación hasta tanto la Corte Suprema se disuelva y dé paso al Tribunal Supremo de Justicia, cuyas elecciones están previstas para octubre de este año.

El 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada instruyó una represión militar contra manifestantes en las ciudades de El Alto y La Paz con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.

La protesta popular contra envíos de gas boliviano hacia Estados Unidos a cambio de un puerto en Chile obligó al expresidente a dimitir y huir del país; y desde entonces no se le ha podido juzgar como es debido.

Sobre el tema, el fiscal del caso, Milton Mendoza, dijo recientemente que los tres exministros bolivianos imputados y refugiados en Perú, podrían ser extraditados por el cambio de gobierno cuando juramente el presidente electo Ollanta Humala.

Recordó que Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Hacienda), están acusados de genocidio al igual que Sánchez de Lozada y otros miembros del gabinete.


Nota : Prensa Latina

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