La Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), hizo conocer que el sector está en emergencia debido a que en Santa Cruz se está produciendo una sistemática invasión y toma de tierras productivas.
Desde el año 2007, varios predios que corresponden a asociados de Anapo han sido avasallados, dice un comunicado de prensa de la institución.
Las características comunes de los predios avasallados es que son propiedades en plena producción y que los asaltantes manifiestan tener información del INRA y del Viceministerio de Tierras sobre supuestas irregularidades en los trámites.
"A pesar de que existen sentencias judiciales y resoluciones de desalojo, el INRA, el Ministerio Público o la propia Policía Nacional no las cumplen", dice la nota.
En otros casos a pesar de que la ocupación de hecho es manifiestamente ilegal, el INRA no procede con el desalojo conforme manda la ley 3545 y su Reglamento.
"Por eso es que las tomas de tierras se han ido incrementando, dejando en absoluta indefensión a los afectados y generando temor en la gran mayoría de productores", afirma Anapo.
La nota dice que extraoficialmente se les ha hecho saber que como parte de las medidas antilatifundio anunciadas por el Gobierno, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) va a presentar un proyecto de ley donde se legalizan los asentamientos campesinos, posteriores al año 1996, en tierras privadas, fiscales, reservas, áreas protegidas y tierras comunitarias de origen.
"No queremos pensar que este sea el motivo para que no se ordenen los desalojos, sumado al hecho de que se ha iniciado una campaña mediática y racista en contra de productores de origen japonés, brasileño, argentino o menonita", dice la nota de Anapo.
Aclara que una gran mayoría de estos productores ya son bolivianos o tienen familia boliviana y por lo tanto merecen la protección del Estado, así como todo productor boliviano que dirige su esfuerzo e inversión a la generación de alimento y trabajo para los bolivianos.
Las propiedades avasalladas están en municipios de San Julián, Pailón, cuatro Cañadas, Obispo Snatistevan y Okinawa en una superficie aproximada de 15 milhectáreas.
Por ello, solicitan a la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y CAO, la convocatoria a una reunión nacional de productores agropecuarios ante el estado de inseguridad en la que se encuentran nuestras tierras, a fin de establecer una estrategia de defensa de las mismas
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