del Órgano Judicial del próximo 16 de octubre en una especie de plebiscito sobre su gestión, como se puede colegir de su convocatoria a sus militantes a que en esa elección gane el “sí” por 60 y hasta 100 por ciento.
El problema es que de esa manera, por un lado, la elección de autoridades judiciales termina por deslegitimarse, pues lo que importa es si gana el “sí” impulsado por el Presidente —que significa votar en la papeleta electoral por quienes uno desea— o, más bien, el voto nulo, que es promovido por partidos de la oposición, movimientos cívicos y algunas organizaciones gremiales.
Por el otro lado, se está perdiendo la oportunidad de reformar radicalmente el Órgano Judicial y hacerlo con visión de futuro y pleno respeto a los principios fundamentales del derecho. Como van las cosas, éste funcionará como siempre, con la única diferencia de que los postulantes no han podido, hasta ahora, demostrar sus conocimientos profesionales dada la forma poco transparente en que han sido calificados sus méritos en la instancia legislativa donde se impuso el interés del partido de gobierno.
Pero, a la vez, esta “plebiscitización” de la elección judicial hará que se trate de una campaña atractiva frente a lo tediosa que amenazaba ser por las múltiples restricciones impuestas para informar correctamente y el hecho de que se trataba de una elección “sin blancas” porque todos los postulantes ya pasaron, como señalamos, por el tamiz del sistema político-partidario actual.
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