Entre 2008 y 2010, la cantidad de recursos que el sector público dejó de ejecutar se incrementó de 10.577 millones a 13.826 millones. La mayor parte de esos recursos (36,6%) corresponde a la administración central, seguida de municipios (30,6%) y gobernaciones (20,7%).
Según datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y el boletín estadístico del Ministerio de Economía y Finanzas “Saldos de Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada”, la gestión pasada las instituciones de la administración central dejaron en caja y bancos 5.060 millones de bolivianos.
En los datos de la administración central no sólo se consideran los recursos que no invirtieron los ministerios u otras entidades del Órgano Ejecutivo, sino también el dinero asignado a instituciones no descentralizadas, las de la seguridad social, las empresas estatales e instituciones financieras no bancarias.
Los municipios acumularon 4.235 millones de bolivianos y las gobernaciones 2.862 millones de bolivianos.
De acuerdo con esos datos, otras entidades, como los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y las universidades acumularon 1.668 millones de bolivianos.
En los últimos años, municipios y gobernaciones recibieron crecientes transferencias gracias a ingresos por hidrocarburos.
Según el experto en gestión municipal, Julio Linares, a partir de 2006 los gobiernos locales comenzaron a recibir un incremento sustancial en sus presupuestos, debido a las transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IFH).
En algunas regiones como Beni, Oruro y Tarija, ese crecimiento fue de 500 hasta un 900%.
Empero, esa bonanza no estuvo acompañada de una adecuada ejecución presupuestaria.
Linares explicó que eso se debe a que, por ejemplo, los gobiernos locales tropezaron con problemas a la hora de programar sus planes debido a que no cuentan con suficiente personal y menos especializado.
A ello, dijo, se sumaron otras limitaciones administrativas, como el cambio de gestión, retrasos en las licitaciones, además de las leyes anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y la de Autonomías.
A raíz de la normativa de lucha contra la corrupción, según ese analista, los funcionarios y también las autoridades revisan sus decisiones porque temen ser procesados por cualquier error.
Según Linares, otro factor es que anteriormente cualquier cambio o reformulación en las partidas presupuestarias se resolvía de manera ágil y podía ser viabilizado, por ejemplo, por el Concejo Municipal; en cambio ahora, éste debe ser enviado al Ministerio de Economía para que sea incorporado al SIGMA.
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