Los fiscales no tienen pruebas suficientes para fundamentar su imputación |
Tras más de diez meses de investigación y después de más de tres años de ocurridos los hechos, el Ministerio Público reconoció que no existen pruebas suficientes para fundamentar una imputación contra el periodista y coordinador de prensa del periódico CORREO DEL SUR, Daniel Villavicencio, quien, en 2010, había sido sindicado de instigación pública durante los hechos del 24 de mayo de 2008.
Así lo determina la resolución fiscal 0902317, en la cual los fiscales Dante Romay, Gustavo Carrión y Jhonny Escobar determinaron el sobreseimiento del periodista de este diario, además del presentador de televisión Delfín Mario Ustarez, por el mismo caso.
Tanto el Código Penal como la resolución citada versan que se “decretará de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar una acusación”.
Bajo ese considerando, los fiscales citados, dedicados a la investigación de los hechos de agresión a campesinos, ocurridos el 24 de mayo de 2008, emitieron una resolución disponiendo “el sobreseimiento de Mario Delfin Ustarez B. y Daniel V. Villavicencio V. por los delitos de instigación pública y apología del delito en el proceso penal seguido de oficio por el Ministerio Público”, según versa.
La imputación de estos supuestos hechos apuntó además de los periodistas citados, al comunicador Roger González F., a quien el Ministerio Público decidió acusar porque, supuestamente, encontró indicios de los delitos citados.
La imputación fue notificada a los tres comunicadores entre octubre y noviembre del año pasado, y hace un par de meses, se notificó con la acusación al periodista González. Sin embargo, la notificación del sobreseimiento nunca llegó a manos de los otros dos periodistas.
La resolución fiscal de sobreseimiento 0902317 fue firmada por los tres fiscales en cuestión el 10 de junio de 2011, pero nunca se hizo conocer a los involucrados hasta ayer, 10 de agosto de 2011; es decir, dos meses después de haberse emitido y una vez que la noticia ya circulaba en algunos medios de comunicación.
A decir de los periodistas involucrados, desde esa oficina fiscal argumentaron que no pudieron notificarlos porque habían renunciado su secretario y asistente. Sin embargo, la notificación corrió oportunamente para el único acusado.
“Con esto se demuestra que las supuestas denuncias de instigación jamás tuvieron sustento y que tras varios meses de investigación, los propios fiscales optaron por el sobreseimiento ya que no pudieron sustentar, con pruebas, su fundamentación subjetiva”, dijo ayer el comunicador y actual secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Daniel Villavicencio.
Villavicencio sostuvo que esta investigación nunca debió haberse ventilado por la vía ordinaria, cuando está vigente la Ley de Imprenta; en ese sentido, insistió en que el gremio continuará propugnando el respeto a la ley de 1925 que está reconocida por la Constitución Política del Estado.
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