El Gobierno del presidente Evo Morales expresó ayer a un representante de la Embajada de Estados Unidos su "malestar" y "profunda preocupación" por los contactos telefónicos que mantuvo esa legación con líderes de la marcha indígena. Además acusó a EEUU de vulnerar la Convención de Viena.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, que ejerce interinamente como Canciller, hizo conocer esa posición ante el ministro consejero interino de la embajada, William Mozdzierz, que asistió a una convocatoria para explicar la razón de esos contactos.
Romero dijo en rueda de prensa que Mozdzierz reconoció de manera expresa las llamadas telefónicas entre el asesor de la Embajada en Asuntos Indígenas Eliseo Abelo y algunos dirigentes de la marcha.
Mozdzierz asistió a la convocatoria en lugar del encargado de Negocios de esa legación, John Creamer, que está fuera del país, y que es el principal representante de Estados Unidos en Bolivia, tras la expulsión de los embajadores en ambos países producida en 2008.
El consejero estadounidense, según Romero, justificó que esos contactos y otros con analistas buscan tener información sobre el contexto de las dinámicas sociales y políticas en el país.
"Le hemos expresado, sin embargo nuestro malestar, nuestra contrariedad, nuestra profunda preocupación por el hecho de que se mantengan estas comunicaciones directas sin acudir en primer lugar al Estado boliviano", apuntó.
El presidente Morales presentó el fin de semana un registro de las llamadas entre la Embajada y los líderes de la protesta indígena, lo que le valió a él críticas por el supuesto espionaje realizado al movimiento opuesto a las obras viales.
CONVENCIÓN DE VIENA
Romero también acusó a la Embajada de violar la Convención de Viena que señala que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidad están obligados a respetar las leyes del Estado donde residen y a no inmiscuirse en asuntos internos.
“Hemos expresado nuestra contrariedad porque consideramos que se ha vulnerado el artículo 41 de la Convención de Viena”, dijo.
Romero agregó que ambos países acordaron “mejorar” los canales de comunicación oficiales, para evitar los contactos diplomáticos con particulares.
El Ministro se abstuvo de dar a conocer el contenido de las conversaciones, por “un pacto de caballeros” con Mozdzierz.
EEUU NIEGA INJERENCIA
El ministro consejero interino de la Embajada de EEUU en La Paz, William Mozdzierz, ratificó ante los medios el comunicado hecho público el lunes por la legación diplomática que indica que esa nación no brindó apoyo a la movilización indígena que se opone a que el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
"El Gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con la marcha indígena", dijo Mozdzierz. También dijo que EEUU mantiene su compromiso "de mejorar relaciones dentro del marco del respeto mutuo".
El lunes, la Embajada señaló además en un comunicado que, "como cualquier otra misión diplomática en Bolivia y en el mundo, mantiene diálogo con los diversos sectores de la sociedad boliviana" porque es el trabajo cotidiano de la diplomacia "y es usual y apropiado".
MASISTAS INDAGARÁN
La Bancada Nacional del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) determinó ayer conformar una comisión multipartidaria para investigar los vínculos entre algunos dirigentes indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y la Embajada de Estados Unidos.
"La movilización nos ha permitido hacer una evaluación para recabar información sobre relaciones de algunos dirigentes con la embajada de Estados Unidos, lo cual ha sido evaluado por la Bancada Nacional", anotó el presidente del Senado, René Martínez. "Hemos analizado un mecanismo de investigación mayor para que podamos entrar en definiciones", indicó a los periodistas.
Reiteró que ese mecanismo permitirá investigaciones sobre los vínculos entre los dirigentes indígenas con la Embajada estadounidense.
MÁS VOCES CUESTIONAN LEGALIDAD DE EXTRACTO DE LLAMADAS SOLICITADA POR EL GOBIERNO
El Gobierno del MAS y la figura del presidente Evo Morales son blanco de duras críticas de juristas, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de políticos de oposición en el país, debido a la ilegalidad en la que presuntamente incurrieron el Primer Mandatario y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al dar a conocer un extracto de llamadas telefónicas que supuestamente vincula a varios líderes de la marcha indígena con un funcionario de la Embajada de EEUU.
Durante una entrevista con medios estatales, Morales presentó el domingo un registro de llamadas que calificó como “prueba” de injerencia externa en la caminata que realiza un millar de indígenas desde Trinidad hasta La Paz, en protesta por un tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que, de ser construido, dividirá el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Un día después, Llorenti atizó el conflicto al brindar mayores detalles de las llamadas (números de teléfonos celulares, nombres de los involucrados y fecha de los presuntos contactos entre los denunciados), asegurando a la vez que el Gobierno no incurrió en ilegalidad alguna, toda vez que no se “pinchó” las conversaciones sino que se solicitó, mediante requerimiento de un fiscal, el registro a las empresas telefónicas.
En opinión del presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, antes de que el Gobierno hubiera requerido el extracto de llamadas tendría que haber una denuncia por la comisión de un hecho delictivo. Una vez cumplido este paso, se podía pedir el registro pero mediante una orden judicial y no un requerimiento fiscal.
“En este caso nos preguntamos ¿es delito hablar con un funcionario de la Embajada (de EEUU)? Esto hace parecer que el Ministerio Público está a disposición del poder político y que hay una injerencia gubernamental en las comunicaciones de los marchistas, lo que viola la privacidad de estas personas”, explicó el jurista.
El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín apuntó que una autoridad judicial competente puede ordenar la entrega del extracto solo cuando una persona es objeto de una investigación penal, según la agencia Erbol.
Por parte, desde la Gobernación de Santa Cruz, el secretario de Coordinación Institucional, Óscar Ortiz, dijo que las declaraciones del mandatario son el reconocimiento tácito de que el Gobierno actúa ilegalmente.
“La Constitución Política del Estado, en su artículo 25, señala que sólo se puede registrar llamadas cuando hay un proceso penal abierto. Quisiéramos conocer si algún líder indígena está con un proceso penal con el que se justifique que un juez hubiera autorizado el registro o la escucha de sus llamadas”, afirmó Ortiz.
NORMAS AL RESPECTO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. El artículo 25 de la CPE, en su numeral I, referido a los derechos y garantías fundamentales, establece que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”. En el numeral III del mismo artículo se señala que “ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno, podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”.
DERECHOS. La Constitución Política del Estado, en su artículo 21, indica que los bolivianos y bolivianas tienen derecho “a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”.
procedimiento penal. El artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, con vigencia en el país, señala que “el fiscal, juez o tribunal, podrá requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada sobre datos que consten en sus registros. Los informes se solicitarán por cualquier medio, indicando el proceso en el cual se requieren, el plazo para su presentación y las consecuencias en caso de incumplimiento”. El acápite está referido a la obtención de pruebas en la investigación de delitos.
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