la acción penal pública”. Se trata de un mandato claro pero que no parece cumplirse a cabalidad cuando se trata de instrucciones que emanan del Órgano Ejecutivo.
Tal vez el caso más llamativo ahora sea el requerimiento fiscal –sin proceso alguno– para obtener el registro de llamadas de algunos dirigentes de los pueblos indígenas de las tierras bajas y, luego, entregar estos documentos, que son confidenciales, a las autoridades que los han difundido como denuncia pública. En ese proceso se ha violado el artículo 25/I de la CPE, que garantiza el secreto de las comunicaciones, y el artículo 5 de la recientemente aprobada Ley de Telecomunicaciones, referido a que las “conversaciones y comunicaciones privadas (...) son inviolables y secretas”. En este tema, las empresas que han entregado los registros ilegalmente solicitados también han violado la Ley de Telecomunicaciones, porque su deber es garantizar “la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones”, así como la “protección de los datos personales y la intimidad” de los usuarios.
Si a ello se suma el apresamiento de algunos jueces sin proceso alguno y sólo por orden de fiscal, o los requerimientos fiscales que constantemente se reciben en los medios de comunicación para revelar el nombre de fuentes de información, violando la Ley de Imprenta, la situación se complica, pues si se mantiene esa forma de actuar, ¿quién defenderá la legalidad y los intereses de la sociedad?
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