Según el documento distribuido por la Plataforma Energética, la petrolera estatal asegura que produce el 50% de gas natural, el 47% de crudo y el 89% de gas licuado de petróleo (GLP) del total de la producción nacional. Es un "autoengaño", advierte el economista Arze, que muestra que las subsidiarias de YPFB producían el 2009 sólo el 19,5% de los hidrocarburos
Agrega que en una reciente publicación, YPFB Corporación informa que sus subsidiarias "que operan en el área del Upstream, es decir YPFB Andina S.A. y YPFB Chaco S.A., en conjunto, producen el 50% de gas natural, el 47% de crudo y el 89% de gas licuado de petróleo del total de la producción nacional, demostrando que YFPB Corporación tiene una amplia cobertura nacional en la producción de hidrocarburos".
Estos datos parecen haber sido lanzados para mostrar que la "nacionalización" ha convertido a la empresa pública en la protagonista central de la actividad hidrocarburífera, afirma el analista Arze.
Además dice, han servido para respaldar un reciente libro del Vicepresidente del Estado, escrito para refutar las críticas provenientes de un grupo de ex-autoridades de su gobierno y en el que se hace apología del proceso de cambio, mostrándolo no sólo como exitoso, sino como un proceso que revolucionó profundamente la economía y la sociedad.
Es claro que estos datos están inflados y que la elevada participación estatal en la producción de hidrocarburos tiene su explicación en la peculiar forma cómo se han calculado. Al inicio del documento de YPFB se señala que: "Se ha considerado no sólo las operaciones de sus contratos petroleros en la que es titular, sino también la cuota parte como socio en aquellos contratos petroleros operados por otras empresas, denominándose a todas esas operaciones ‘Unidad de Negocio’". En otras palabras, se ha sumado la producción hidrocarburífera de todos los campos que las subsidiarias de YPFB operan y el porcentaje de la producción de los campos operados por otras empresas pero en los que alguna de las subsidiarias tiene participación como socia o "titular" del contrato de operación. Este artilugio, entonces, le permite al Gobierno mostrar una aparente participación dominante de YPFB en la producción, pero impide, precisamente, conocer verazmente la presencia real de la empresa en el sector; en otras palabras, es un autoengaño.
De acuerdo a las disposiciones legales, como la Ley 3058 en vigencia el operador "es el ejecutor de cualquiera de los contratos establecidos en la presente Ley para efectuar las actividades de Exploración y Explotación, designado por el Titular" y que esa designación debe ser aprobada por YPFB, que obviamente debería comprobar su capacidad técnica. Asimismo, establecía específicamente que en el caso de los contratos de asociación "la administración y operación de este contrato estarán bajo la responsabilidad de un Operador designado por los Asociados". En síntesis, el operador es la empresa que, merced a su capacidad -principalmente técnica- puede hacerse cargo de las actividades de exploración y/o explotación en representación de terceros, motivo por el que no se lo puede confundir con los titulares, socios o accionistas de un consorcio o asociación.
Aplicando de manera arbitraria la lógica utilizada por YPFB Corporación, podríamos restar la participación del 49% de Repsol en las acciones de la empresa YPFB Andina S.A., con lo que la participación de YPFB Corporación se reduciría por debajo de los porcentajes publicitados; peor todavía, podríamos convertir a todos los accionistas de empresas del sector -aún a las personas individuales- en "productores".
Discriminando correctamente a las empresas operadoras de las titulares y accionistas, los datos -los únicos de acceso público- de 2009 muestran que Petrobras Bolivia fue responsable del 60,5% de la producción de hidrocarburos (en barriles equivalentes de petróleo), mientras que las subsidiarias de YPFB sólo produjeron el 19,7% de los hidrocarburos.
Parece ser, entonces, que la decisión de recurrir a ese artilugio nace de la necesidad de presentar una "nacionalización" exitosa y evitar que quede en evidencia la causa de las restricciones para proveer de combustibles al mercado interno: La decisión de producir más o no producir pertenece todavía a las empresas transnacionales.
Un auténtico interés por fortalecer la capacidad operativa de la empresa estatal en atención a las necesidades nacionales, debería reflejarse, ineludiblemente, en la transparencia y veracidad de la información y los análisis oficiales, concluye Arze Vargas.
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