Declaración. Asegura que la orden pudo provenir del general Muñoz o de Llorenti
El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán reveló en sus declaraciones a la Fiscalía que el Ministerio Público no tenía orden fiscal para intervenir la marcha indígena. Agregó que la orden pudo provenir del exministro de Gobierno Sacha Llorenti o del subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz.
Consultado sobre quién ordenó la acción policial, Farfán responde ante la Fiscalía: “Existen dos posibilidades, o el general Muñoz toma una decisión propia o recibe órdenes superiores del Ministerio de Gobierno, sobre la base de una orden directa desde La Paz del Ministerio de Gobierno”.
Farfán, quien estuvo en la zona del conflicto el 25 de septiembre, negó haber dado la orden de intervención porque carecía de orden fiscal. “El general Muñoz avanza hacia la intervención sorprendiéndome, debido a que media hora antes se había quedado en que no era procedente un operativo sin que intervenga el Ministerio Público”, reveló en la declaración que dio ante la Fiscalía, y a la cual tuvo acceso La Razón.
A diferencia de Farfán, Llorenti, en reiteradas oportunidades afirmó que la acción policial contó con requerimiento fiscal; sin embargo, el fiscal general, Mario Uribe, y la fiscal del Distrito, Betty Yañíquez, informaron el 26 de septiembre de que no dieron ninguna orden en ese sentido.
Un contingente de al menos 500 policías reprimió el domingo 25 de septiembre la marcha indígena en Yucumo, Beni.
Golpearon, amordazaron y maniataron con cinta adhesiva a marchistas. El exviceministro reveló en su declaración que el operativo de “evacuación” debía ejecutarse el lunes 26, porque hasta entonces contarían con la orden para que “en presencia de fiscales y con su participación se realice el operativo el día lunes 26 en la mañana, brindándose de esta manera todas las garantías que la Constitución otorga a todas las personas”.
Llorenti y Farfán renunciaron a sus cargos dos días después de los hechos de violencia. El exministro aseguró que la orden de intervención la dio el exviceministro, quien negó responsabilidad sobre lo sucedido.
Farfán añadió que lo ocurrido un día antes del operativo le hace suponer que hubo una orden antelada. “Cuando me presento (la noche del sábado 24) a la reunión de la plana mayor, ya contaban ellos con tres variantes del plan de intervención, por lo que presumo que la Policía tenía una orden antelada para dicho efecto”.
Tras la represión policial, los indígenas que marcharon en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) desde Trinidad a La Paz, fueron trasladados en buses hasta Rurrenabaque, desde donde debían ser llevados vía aérea a sus lugares de origen. Los pobladores hicieron abortar el operativo.
Farfán informó ante la Fiscalía que la parte logística de la acción policial fue cubierta por el despacho del Ministerio de Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Ramiro Delgado.
El general Muñoz afirmó también ante la Fiscalía que actuó bajo órdenes superiores, emanadas del Ministerio de Gobierno. Su abogado, Héctor Tapia, evitó revelar el nombre de quién habría dado la orden, porque ahora forma parte de la investigación.
El general fue suspendido del cargo de subcomandante de la Policía y hoy guarda detención domiciliaria por orden judicial. El director de la Universidad Policial, coronel Óscar Chávez, también fue suspendido de su puesto para que asuma defensa por lo que pasó en Yucumo.
Denuncian la violencia
Representantes de las organizaciones indígenas CIDOB y APG, y la oposición política, por separado, plantearon juicios de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por la violencia en Yucumo. El MSM presentó una denuncia penal.
Indígenas piden revelar nombre del que ordenó
La dirigencia indígena pidió al vicepresidente Álvaro García revelar el nombre de quien ordenó la represión en Yucumo y al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, declarar ante la Fiscalía, para contribuir en el esclarecimiento de lo sucedido el 25 de septiembre.
La dirigente indígena Miriam Yubanové recordó que el Vicepresidente informó de que conocía quién dio la orden de intervención. “Ahora que diga el nombre si es que quiere colaborar a la investigación y al respeto de los derechos humanos”, demandó.
El 25 de septiembre, un contingente de al menos 500 uniformados reprimió en Yucumo, Beni, la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los marchistas fueron golpeados, maniatados y amordazados con cinta adhesiva.
El dirigente Lázaro Tacó confía en que la investigación avance para establecer responsabilidades y sanciones. “Dejemos que la investigación avance, pero acá existen culpables y como ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) creemos que fue quien dio la orden. Él debe ir a declarar”, afirmó.
Llorenti, quien renunció dos días después de la represión, anunció que se presentará a la Fiscalía para aportar en la investigación. “Voy a presentarme de manera voluntaria para prestar declaraciones sobre este tema”, afirmó la exautoridad en una entrevista con La Razón.
Chávez sugiere careo entre Llorenti y Farfán
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, sugiere un careo (aclarar aspectos contradictorios) entre las exautoridades Sacha Llorenti y Marcos Farfán para establecer quién dio la instrucción de intervenir la marcha indígena utilizando la fuerza policial.
“Se ve que hay una declaración y hay otra que hay que analizar y contrapesar, eso por parte del fiscal. Hacer los careos pertinentes, hacer que las partes digan su verdad, no somos los jueces, tenemos que someternos todos para saber la verdad histórica de los hechos”, afirmó Chávez según un reporte de la agencia ANF.
El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, inició un proceso legal para establecer responsabilidades sobre lo ocurrido en Yucumo, Beni.
El subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, fue suspendido del cargo para que se someta a una investigación. La justicia determinó su detención domiciliaria, mientras que la Fiscalía continúa con la toma de declaraciones de los vinculados en los sucesos del 25 de septiembre.
Chávez evitó referirse a las declaraciones que hizo Farfán a la Fiscalía. “No podemos especular sobre lo que diga una u otra autoridad hasta que no tengamos un panorama completo”, afirmó.
La diputada Elizabeth Reyes (UN) pidió al Gobierno no encubrir al exministro y denunció que éste trabaja en Palacio. El fin de semana salió de Palacio, junto con el vicepresidente Álvaro García. El fiscal José Ponce es la autoridad que investigará el caso en reemplazo de Marco Antonio Vargas.
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