El gobierno de Luis Arce recibirá la visita de una misión técnica del grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis social y política de 2019 en el país
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su rechazo a la violencia de las protestas en Bolivia que tienen lugar tras el secuestro por parte de las fuerzas represoras de Luis Arce del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
La CIDH repudió enfáticamente “tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados”, se lee en un comunicado emitido este martes.
Los organismos anunciaron que “siguen de cerca” las manifestaciones que se iniciaron el 28 de diciembre en protesta por la detención de Camacho en el marco del caso “golpe de Estado” de 2019.
“Según información de público conocimiento, en el contexto de estas manifestaciones, se han reportado enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales, resultando en personas heridas y denuncias de posibles casos de uso excesivo de la fuerza policial, incluso contra personas periodistas”, continúa el documento.
Tanto CIDH como la RELE destacaron que, según los registros del Defensor del Pueblo boliviano, se han producido al menos 25 casos de vulneración de los Derechos Humanos.
“De otro lado, la CIDH ha tomado conocimiento del reporte de diversas acciones violentas cometidas por grupos organizados contra bienes públicos y privados, incluyendo la casa de un ministro”, criticaron.
La comisión “ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de Derechos Humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales”, situación que “genera una vulneración grave a la libertad de expresión”, condenó.
Bolivia recibirá la visita de una misión técnica de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis social y política de 2019 en el país, confirmó este martes el gobierno izquierdista de Luis Arce.
La misión de la Mesa de Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-Bolivia arribará al país entre el 24 y 26 de enero, aseguró el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani Machaca, en un video difundido por el Ministerio de Exteriores.
El informe presentado por el GIEI en agosto de 2021 concluyó en que en el país hubo “graves violaciones a los derechos humanos” durante la crisis de 2019 y consideró “fundamental” avanzar en las investigaciones y procesos por esos sucesos, aunque también advirtió sobre “serias deficiencias” estatales para garantizar la independencia judicial.
La viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, recordó a los medios que entre las recomendaciones del GIEI “está el tema de la Justicia” y “la reparación para las víctimas” de la crisis de 2019, entre las que hubo fallecidos y detenidos “sin un debido proceso”.
“Tenemos graves violaciones a los derechos humanos que tienen que investigarse, que son parte de las recomendaciones del GIEI”, señaló.
Según la viceministra, es necesario “diferenciar” el escenario de 2019, donde hubo violencia y muertes tras la “interrupción del orden democrático”, de las recientes manifestaciones en Santa Cruz, la mayor región boliviana, tras el secuestro de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho, el pasado 28 de diciembre.
Camacho está acusado de terrorismo en el proceso llamado “golpe de Estado I”, debido a los hechos en la crisis de 2019 que para el oficialismo fueron un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.
El encarcelamiento del gobernador opositor provocó protestas en su región que fueron fuertemente reprimidas por la Policía Boliviana y también se registraron destrozos en algunas instituciones públicas por los cuales hay al menos 76 personas procesadas judicialmente.
Según Alcón, “hoy se está respetando el debido proceso” de estos detenidos y de Camacho, cuyo caso es “estrictamente jurídico”.
También sostuvo que los daños a la propiedad pública y privada en Santa Cruz son “actos delictivos” que deben investigarse e insistió en que las protestas contra la detención del gobernador buscan “impunidad” por los sucesos de 2019.
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