El Gobierno central puede designar magistrados interinos mediante decreto supremo con el fin de evitar acefalías en los altos cargos del poder judicial, tras la repentina suspensión del proceso de selección de los postulantes para las elecciones judiciales, señalaron analistas, opositores e incluso oficialistas.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni concedió la tutela a un amparo constitucional, suspendiendo de esa forma el proceso de preselección de magistrados; el plazo para la presentación de postulaciones comenzó hace 18 días y debía finalizar hoy.
El analista Carlos Alberto Goitia explicó que el mandato de los magistrados fenece el 31 de diciembre de este año y surge una controversia porque no pueden auto prorrogarse y tampoco puede haber vacancia de cargos.
Sobre la designación de magistrados por decreto supremo, Goitia señaló que existe jurisprudencia pues el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avaló este tipo de designaciones durante los gobiernos de Carlos Mesa y de Evo Morales.
A juicio del abogado constitucionalista José Antonio Rivera, existe la intención de designar a nuevas autoridades mediante decreto supremo con fin de mantener el control del poder judicial porque no hay la voluntad política de implementar una reforma judicial.
El diputado “evista” Héctor Arce (MAS) dijo que sospecha que se pretende designar a los magistrados desde el Gobierno central, “para los cual seguramente ya tienen nombres y apellidos”.
En la misma línea, su colega Renán Cabezas aseveró que algunos ministros buscan que el proceso (refiriéndose a las elecciones judiciales) fracase para luego designar a los altos magistrados por decreto presidencial.
Desde la bancada de Comunidad Ciudadana (CC)consideran que no existe alternativa viable para llevar adelante las elecciones judiciales y proponen un gran pacto nacional para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), en lo referente a la administración de justicia, a través de un referendo que sería en octubre.
El diputado Carlos Alarcón (CC) asemejó el proceso para las elecciones judiciales con un “cadáver que no va a poder resucitar”.
En tanto, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Patricia Arce, informó que una opción es aprobar una ley corta para ajustar los plazos para el proceso de las elecciones judiciales. “Nosotros nos vamos a amparar en la CPE y vamos a acortar algunos plazos”, sostuvo.
Anunció que se convocará “lo antes posible” a los integrantes de la comisión para trabajar en el nuevo reglamento y convocatoria, aunque anticipó que no habrá muchas modificaciones.
Proceso de preselección
El proceso de preselección de candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura estuvo en marcha hasta el miércoles. El 29 de marzo se inició la recepción de postulaciones y debía concluir hoy. La ALP comunicó ayer que “la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos (...) queda sin efecto hasta la publicación de una nueva convocatoria”.
Evalúan juicio contra vocales por prevaricato
El diputado Juan José Jáuregui (MAS), presidente de la Comisión de Constitución, informó ayer que evalúa la posibilidad de instaurar un juicio por el delito de prevaricato en contra de los vocales de la Sala Constitucional Primera de Beni, quienes ordenaron paralizar la convocatoria a candidatos judiciales al dar la tutela a un abogado que interpuso un amparo constitucional.
Cree que los vocales de la Sala Constitucional de Trinidad han adecuado su conducta al tipo penal de prevaricato, por lo que se analiza la instauración de un proceso judicial en su contra.
A raíz de ese fallo judicial, se paralizó el proceso de preselección de candidatos, hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional elabore un nuevo reglamento en el que se subsane el requisito observado y se fijen nuevos cronogramas y plazos para reanudar este trabajo.
Señaló que espera el documento escrito de la decisión judicial, para saber los fundamentos del fallo y conocer cuál ha sido la percepción que ha tenido este tribunal.
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