Culminada la cuarta y última jornada del seminario taller “Nueva Ley Minera”, operadores mineros definieron los lineamientos que servirán para la construcción de la nueva norma, cuyo proyecto será entregado en los próximos días a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. En el primer eje, se menciona los Derechos Mineros y Adecuación de Contratos.
Algunas de las conclusiones del evento se refieren al carácter de la propiedad y dominio sobre los recursos minerales, asegurando que existe total coincidencia en que éstos, al igual que la totalidad de los recursos naturales, por precepto constitucional pertenecen al conjunto del pueblo boliviano y no a un grupo en particular, correspondiendo su administración al Estado.
Asimismo, coinciden en afirmar que se debe abrir un capítulo específico para el tratamiento de la reserva fiscal minera, considerando la necesidad de definir en el territorio nacional áreas mineras de exclusividad estatal y áreas de libre disponibilidad para otorgar derechos mineros a particulares.
También, se establece que el derecho preferente sobre determinadas áreas mineras debe otorgarse sólo a empresas que tengan la calidad de estratégicas.
En el análisis, los sectores productivos privado y cooperativo entienden que la Constitución Política del Estado (CPE) define dos instituciones jurídicas diferentes: la de derechos mineros y la de contratos mineros.
La visión presentada no es compartida por el sector sindical ni por los órganos técnicos de las entidades estatales mineras, los que consideran que los derechos y contratos mineros son parte indisoluble de un único régimen jurídico; tema que se llevará al análisis por los órganos correspondientes.
En el segundo punto, referido a la Estructura Institucional del Sector Minero en algunas conclusiones, se menciona que hay consenso general en que la nueva estructura institucional del sector debe ser elaborada a partir de los roles establecidos para el Estado en la CPE y en la necesidad de fortalecer las empresas e instituciones en sus nuevos roles.
Los sectores productivos, representantes regionales y de otras instituciones coinciden en el hecho de que la entidad estatal es responsable de suscribir los contratos mineros manifestados en la Carta Magna al disponer que debe ser independiente y neutral respecto a los actores productivos, evitando de este modo conflictos de intereses.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) mostró su disenso, pues considera que la entidad autárquica encargada de la dirección y administración superiores de la industria minera es COMIBOL, entidad que, además de sus actividades productivas, debería ser la entidad encargada de suscribir los contratos mineros con el resto de actores productivos.
Los representantes de las gobernaciones de Oruro y Potosí proponen que SERGEOTECMIN no sea la única institución que realice labores de exploración regionales con recursos departamentales.
Según información de comunicación del Ministerio de Minería, otro tema que se abordó fue el referente a los Ajustes al Régimen Fiscal y Medidas de Fomento, cuyas conclusiones indican que existe consenso en que debe realizarse ajustes al régimen impositivo regalitario orientado no a provocar mayores cargas, sino más bien a racionalizar su estructura, funcionamiento y sistemas de administración.
Sobre la distribución de la regalía minera, hay coincidencia en que los recursos generados por este concepto deben llegar al municipio productor y a la comunidad local, en caso de proyectos mineros grandes también a otros municipios aledaños. Varias representaciones hicieron llegar propuestas específicas, las que serán compatibilizadas.
El cuarto eje tratado en este evento está el relacionado al Medio Ambiente y temas sociales, asegurando que hubo coincidencia que el principio general que debe regir el tratamiento medioambiental es el de preservar la actividad minera.
En criterio de la Gobernación de Santa Cruz, algunas competencias de control y fiscalización respecto al medio ambiente deben bajar a los niveles subnacionales, es decir, gobernaciones y municipios.
Según la FSTMB, la Ley Minera, en materia ambiental y social, debe ser proteccionista a favor del trabajador, considerando además que debe existir control social en las tareas de fiscalización.
En criterio de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), debe regir la ficha y licencia ambiental común para operaciones mineras ubicadas dentro de una cuenca específica.
Asimismo, la Cámara Nacional de Minería (CANALMIN) considera que bajo la normativa actual esto ya es posible, así como el reconocimiento de pasivos generados por operaciones mineras anteriores.
Los asistentes del evento coincidieron en que desde el Ministerio de Minería se debe instalar una comisión permanente que cuente con participación de representantes de los diferentes sectores mineros para que en las próximas semanas se elabore el primer borrador del proyecto de Ley Minera en base a las propuestas que se recogieron de este evento.
Los organizadores y asistentes lamentaron la inasistencia de representantes de la FSUTCB, CONAMAQ y CIDOB, que fueron invitados a estas jornadas.
0 Comentarios