El trío de fiscales y policías especializados en criminalística y criminología cambió de estrategia y resolvió ingresar a la capital de Oruro para iniciar desde allí las investigaciones.
Esa decisión, según información a laque accedió El Potosí, se asumió tras la imposibilidad de ingresar a Cala Cala, municipio de Uncía, donde ocurrió el linchamiento de cuatro policías.
La intención presuntamente tiene el objetivo de tomar declaraciones en primera instancia a autoridades de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).
El 23 de mayo los cuatro efectivos ingresaron a la jurisdicción potosina, zona en la que hallaron la muerte porque aparentemente fueron confundidos con falsos policías. Se presume que se busca establecer bajo qué orden o motivo ingresaron a esa región siendo que Oruro era su lugar de operaciones.
Se prevé que tomen declaraciones informativas a los familiares de las víctimas con el fin de reunir elementos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos luctuosos.
En Uncía existe hermetismo de las autoridades para acceder a mayor información, ya que dicen que el tema es sumamente delicado.
“Negativo, negativo”, expresó el comandante departamental de Policía de Potosí, Orlando Vila, al ser consultado sobre las investigaciones.
Entre tanto, según informes de La Prensa se conoció que los ayllus prevén enviar una comisión a La Paz para plantear un pliego de peticiones.
Entre esos pedidos están el relevo de policías, respeto a la unidad de los ayllus y ratificar que no permitirán el ingreso del grupo de fiscales y policías salvo para investigar la muerte de sus miembros en supuestos atracos.
Esa decisión, según información a laque accedió El Potosí, se asumió tras la imposibilidad de ingresar a Cala Cala, municipio de Uncía, donde ocurrió el linchamiento de cuatro policías.
La intención presuntamente tiene el objetivo de tomar declaraciones en primera instancia a autoridades de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).
El 23 de mayo los cuatro efectivos ingresaron a la jurisdicción potosina, zona en la que hallaron la muerte porque aparentemente fueron confundidos con falsos policías. Se presume que se busca establecer bajo qué orden o motivo ingresaron a esa región siendo que Oruro era su lugar de operaciones.
Se prevé que tomen declaraciones informativas a los familiares de las víctimas con el fin de reunir elementos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos luctuosos.
En Uncía existe hermetismo de las autoridades para acceder a mayor información, ya que dicen que el tema es sumamente delicado.
“Negativo, negativo”, expresó el comandante departamental de Policía de Potosí, Orlando Vila, al ser consultado sobre las investigaciones.
Entre tanto, según informes de La Prensa se conoció que los ayllus prevén enviar una comisión a La Paz para plantear un pliego de peticiones.
Entre esos pedidos están el relevo de policías, respeto a la unidad de los ayllus y ratificar que no permitirán el ingreso del grupo de fiscales y policías salvo para investigar la muerte de sus miembros en supuestos atracos.
Lucha contra la ilegalidad
El asesinato de cuatro policías en los ayllus de Uncía el mes pasado develó que las poblaciones rurales pueden doblegar al Gobierno y que tienen mucho más que el control de su territorio.
Las autoridades gubernamentales se contradicen.
Unas niegan que el Estado haya perdido el control, otras admiten que ciertas zonas son inaccesibles frente al crecimiento del narcotráfico y el contrabando.
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, dijo que en el país existen unas 10 “zonas rojas” donde los efectivos del COA no tienen ingreso porque sus vidas corren peligro. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, negó que se haya perdido autoridad en el país./Los Tiempos
El asesinato de cuatro policías en los ayllus de Uncía el mes pasado develó que las poblaciones rurales pueden doblegar al Gobierno y que tienen mucho más que el control de su territorio.
Las autoridades gubernamentales se contradicen.
Unas niegan que el Estado haya perdido el control, otras admiten que ciertas zonas son inaccesibles frente al crecimiento del narcotráfico y el contrabando.
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, dijo que en el país existen unas 10 “zonas rojas” donde los efectivos del COA no tienen ingreso porque sus vidas corren peligro. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, negó que se haya perdido autoridad en el país./Los Tiempos
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