Cerca de la localidad de Cala Cala (Potosí) y comunidades aledañas existirían fábricas rústicas de cocaína, de las cuales algunos pobladores indígenas estarían a cargo, de acuerdo con la información de fuentes policiales allegadas a la fuerza antidroga y pobladores de Uncía que visitan esos lugares con frecuencia.
“Hay fábricas de droga. No están al paso porque ellos son muy inteligentes. La mayoría (de las factorías) están en lugares donde es muy difícil ingresar”, manifestó un ciudadano que vive en Uncía, pero trabaja cerca de Cala Cala. Según los informes, en dicha comunidad se retuvo y linchó a los cuatro uniformados policiales.
Son los mismos pobladores de Uncía y Llallagua los que denunciaron ayer la existencia de tráfico de drogas en esa región, lo que presuntamente sería la razón principal de los ayllus de no permitir el ingreso de una comisión de fiscales y policías para que investigue el linchamiento.
A ello, se suman las denuncias del contrabando de vehículos ilegales y del paso de autos robados, lo que generaría la extorsión a los comunarios por parte de los uniformados de la Policía y de falsos policías.
En un contacto telefónico, una fuente policial allegada a la fuerza antidroga informó a La Razón que se tienen datos precisos de que cerca de Cala Cala hay fábricas de cocaína. “Hay en toda esa región y es complicado acceder por la agresividad de los comunarios”, afirmó la fuente.
Reportes oficiales registraron, en la zona, dos casos de dos personas, quienes fueron sorprendidas con precursores de droga y fueron detenidas.
El primer caso se presentó hace un mes aproximadamente; se sabe que se detuvo a un comunario, quien luego fue liberado. Se trata de Valerio Mamani, un dirigente comunario detenido con 50 litros de droga líquida, y que tras su reclusión habría advertido que ningún policía iba a volver a ingresar a la región.
En otro caso, hace unos días atrás sorprendieron a una mujer que llevaba también precursores. “Ninguno de los casos fue esclarecido, no hay detenidos ni nada”, afirmó una fuente de la población de Uncía.
La fuente policial informó que las factorías están muy bien resguardadas por los comunarios. Señaló que cuando alguien quiere ingresar por esos lugares, los pobladores lo rodean, le cuestionan todo y avisan a sus compañeros con detonaciones de dinamita. Hay otros que utilizan fusiles Máuser.
“A ese lugar es muy complicado el acceso, se corre peligro. Sólo las autoridades indígenas tienen que dar permiso para entrar”, manifestó la fuente de la entidad del orden, vía teléfono.
Tras la tortura y asesinato de los policías (entre el 23 y 24 de mayo) Nelson Alcócer, Esteban Alave, Rubén Cruz y Miguel Ángel Ramos, los familiares tuvieron que firmar un compromiso para recuperar los cuerpos. En la necropsia, la forense de Oruro, Wilma Gabriel, determinó que el suboficial Alcócer falleció días después que sus camaradas, lo que significaría que murió cuando el Gobierno entablaba las negociaciones con los dirigentes de los ayllus. Autoridades del Ejecutivo y de la Policía desestimaron el informe, que fue ratificado por Gabriel.
La Comisión en Oruro
La comisión de fiscales e investigadores, formada con especialistas de La Paz y Potosí, está en Oruro y se prepara para iniciar la pesquisa sobre el linchamiento. El fiscal a cargo del grupo, Juan Carlos Ramírez, manifestó que todavía no puede dar información sobre el caso ni la estrategia de acción.
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