El Director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, explicó ayer a los medios que esa demanda preocupa al Ejecutivo porque los guaranís, al parecer influidos por organizaciones no gubernamentales, desconocen un acuerdo alcanzado el mes pasado.
La etnia se opone a la explotación de los hidrocarburos en la zona de la serranía del Aguaragüe, en el departamento sureño de Tarija.Quiroga confirmó que se ha reactivado la demanda indígena de no permitir "ninguna actividad de hidrocarburos en el Aguaragüe, a pesar de que el Gobierno llegó a un acuerdo con los guaranís"."Ellos no tienen alternativa a la actividad hidrocarburífera y el Gobierno tampoco tiene una alternativa. Estamos dependiendo de los hidrocarburos. Unos 2.000 millones de dólares (anuales) entran al país por esta actividad", explicó."El 70 por ciento de la actividad está en esa región. Decir que no se desarrolla la actividad de hidrocarburos en esa región es prácticamente renunciar a esos ingresos", agregó el funcionario.Quiroga negó la versión de algunos dirigentes guaranís que afirman tener un acuerdo con el Ejecutivo para que se paralice la extracción de los hidrocarburos en esa zona.Las Leyes y la Constitución de 2009, que promovió y promulgó el presidente Morales, establece que los grupos indígenas del país deben ser consultados si en su territorio se realiza explotación de recursos naturales o megaobras de infraestructura.En el área de hidrocarburos, desde 2007, se realizaron 14 consultas a indígenas que alcanzaron acuerdos con petroleras a cambio de compensaciones que van desde 70.000 dólares hasta 1,6 millones de dólares, según datos oficiales.No obstante, también hay etnias que, al no alcanzar convenios con las empresas petroleras, impiden la explotación de los recursos o mantienen las negociaciones.Los indígenas aimaras han acusado recientemente a Morales, que pertenece a esa etnia, de intentar dejar de lado la aplicación de la obligación de consulta, algo que él ha negado.No obstante, el Gobierno ha denunciado que organizaciones no gubernamentales bolivianas, pero financiadas por Europa y Estados Unidos, están influyendo en los pueblos indígenas para intentar que se frenen los proyectos de desarrollo petrolero o de infraestructura.Morales estudia una nueva norma de consulta a los pueblos indígenas que se aplicará en minería, hidrocarburos, electricidad y construcción de carreteras, entre otros aspectos, matizando lo que dice la Carta Magna.Nota : Jornada Net
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