Ley marco pone en riesgo el desayuno escolar y caminos

Si el proyecto de ley marco de autonomías y descentralización se aprueba tal y como lo propone el oficialismo la Gobernación de Santa Cruz dejará de contar con los recursos para financiar los programas de desayuno y almuerzo escolar, no podrá cubrir los 680 ítems de salud ni tendrá fondos para cumplir con la contraparte para la conclusión de la doble vía Santa Cruz-Cotoca, que cuenta con el 43% de recursos del gobierno departamental.
Según el secretario de Finanzas de la Gobernación, José Luis Parada, si no se hace ninguna modificación del proyecto oficialista que fue analizado en detalle por la comisión cruceña y técnicos del Ministerio de Autonomías, la administración del gobernador Rubén Costas se verá obligada a paralizar al menos cinco proyectos viales, (de asfaltado, mantenimiento o construcción de nuevos caminos) y del bono de vacunación, que demandan un presupuesto anual de Bs 40 millones.
De acuerdo con Parada, el desayuno y el almuerzo escolar son distribuidos en 40 municipios cruceños y requieren de una inversión anual de Bs 30 millones. Con este programa se benefician 150.000 personas, entre alumnos y docentes.
Como contrapropuesta, la Gobernación de Santa Cruz sugirió que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el pago de los ítems para el sector salud, a fin de liberar los recursos para destinarlos a otro proyecto. Además, propone la creación de nuevos impuestos para la captación de recursos económicos.
En esa misma línea, el secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación, Óscar Ortiz, explicó que en el análisis del proyecto de ley marco de autonomías realizado por la comisión cruceña con los técnicos del Ministerio de Autonomías quedó en evidencia que ese proyecto establece más responsabilidades, pero no especifica la fuente de financiamiento, por lo que se pidió especificar de dónde saldrá el dinero para cumplir con las competencias asignadas en salud, seguridad ciudadana, medio ambiente y biodiversidad y energía.
Ortiz explicó que durante la reunión con los técnicos del Ministerio de Autonomías, que se extendió hasta las 5:00 de ayer, se insistió en la necesidad de dejar sin efecto la Ley Transitoria de Autonomía una vez se apruebe la ley marco, que también hace referencia a la suspensión temporal de las autoridades electas y las disposiciones de sus reemplazos.
Según Ortiz, el rechazo es porque la Constitución establece los puntos que deben ser tratados por la ley marco y porque las disposiciones de la suspensión y reemplazo de las autoridades deben ser reglamentados en los estatutos de los departamentos y las cartas orgánicas de los gobiernos municipales.
Por su lado, el responsable de la Casa de la Autonomía en Santa Cruz, Henry Baldelomar,  afirmó que si bien las gobernaciones asumirán más responsabilidades con la aplicación de las autonomías, se aclaró que las fuentes de financiamiento no serán incrementadas al margen del aumento de la producción o de otros factores que generen más ingresos para las regiones.
Baldelomar dijo que en el encuentro de ayer también se estableció que algunas competencias ya estaban vigentes desde la época de las prefecturas, pero que no eran cumplidas a pesar de que estaban asignados los recursos económicos, por lo tanto, en esta nueva etapa no se aumentará nuevas fuentes de financiamiento y habrá que trabajar con las actuales partidas.
El funcionario del Gobierno afirmó que los representantes de la Gobernación no están de acuerdo con el Consejo Nacional de Autonomía ni con el Servicio Estatal de Autonomía; además, exige el reconocimiento de la legalidad del Estatuto y piden que se especifique el nivel de coordinación entre gobiernos autónomos. Las observaciones fueron enviadas al Ministerio de Autonomías.

Alistan un cuerpo consultivo
La Gobernación de Santa Cruz creará un directorio ad hoc compuesto por 15 profesionales que constituirán un cuerpo consultivo de asesores para el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Departamental, reveló el sociólogo y académico José Mirtenbaum.
Según la información publicada ayer en el portal de la revista cash24horas.com, la iniciativa fue propuesta por el gobernador Rubén Costas.
Sin embargo, desde la Gobernación informaron de que se prevé conformar un consejo ciudadano, como propuso Costas en la campaña.
“Somos un cuerpo consultivo de profesionales convocados por el gobernador para tratar lineamientos estratégicos sobre la política y la economía de la región”, informó Mirtenbaum, a tiempo de adelantar que en este grupo también estarían involucrados el rector de la Uagrm y autor del libro Las logias en Santa Cruz, Reymi Ferreira; el presidente del Colegio Nacional de Economistas, Waldo López; el arquitecto Víctor Hugo Limpias y la comunicadora Susana Seleme.
De acuerdo con Mirtenbaum, el grupo encarna  un equipo de ‘facilitadores críticos que tiene la responsabilidad de decir al gobernador cuándo algo se está haciendo mal’.

Contratarán a personal especializadoEl secretario de Hacienda de la  Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, afirmó ayer que los despidos de algunos funcionarios de diferentes áreas se debe a la necesidad de contratar personal especializado para las diferentes secretarías que surgirán en el marco de la conformación del gobierno departamental.
“No hubo masacre blanca en estos cuatro años de gestión y en esta institución no hay esa costumbre de borrón y cuenta nueva”, dijo Parada, al explicar que lo que se está haciendo es una reasignación de personal en función de las nuevas competencias que asumirá la Gobernación y de acuerdo con el informe del desempeño del personal que recibirán de las diferentes secretarías.
Por su lado, el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, insistió en que no hay despidos masivos en esa entidad porque se ha respetado la profesionalidad de los funcionarios. En todo caso, la salida de funcionarios no representa ni el 10% del personal de planta, que es de 650 funcionarios.
Para Aguilera, la reubicación del personal se produce en el marco de la transición de la prefectura a la Gobernación de Santa Cruz, debido a las nuevas competencias.



Nota : El Deber

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