La trampa del etno culturalismo
Mauricio Aira
Con la aplicación de la NCPE se están dejando sentir ciertos articulados que tienen que ver con lo etnocultural cuyas primeras referencias aparecen en la constitución de 1994 que dejó atrás el Estado liberal y asumió el carácter de multicultural que reconoce la diversidad etnocultural. Los expertos enreconocen que la vigencia y validez del Derecho Consuetudinario Indígena como mecanismo legitimo y alternativo de resolución de conflictos, encontrándose que no está del todo claro, de qué manera se podrán cimentar los nuevos fundamentos que alejen los mitos sobre la naturaleza de la justicia comunitaria, que está provocando serios conflictos al Estado Plurinacional.
Según apunta Mario Rueda Pena se ha convertido en una combinación explosiva que empieza a poner en apuros al régimen que se había convertido en el abanderado del etnocentrismo antes de llegar al poder y que ahora se coloca al frente ante la evidencia de tener que gobernar para todos los bolivianos y no sólo para determinados grupos que se oponen a todo progreso amparados en la preservación de las riquezas y la custodia ecológica de la sociedad.
Recordar que la historia política no es la misma desde 1994 que opera la reforma estructural al admitir la existencia de la diversidad cultural y étnica, dejando atrás 150 años de un Estado liberal individualista y abre paso al multinacional donde la pluralidad ha encumbrado el reconocimiento de los derechos de otros pueblos y naciones indígenas plasmando sus reivindicaciones preteridas por el liberalismo republicano. Tan sólo ahora en 2010 se está encaminando el Derecho Consuetudinario Indígena reconociendo la existencia de una forma de control social de un paradigma preexistente. Se ha legalizado una institución paralela denominada Justicia Comunitaria, como la construcción de un multiculturalismo pleno, una dimensión generalmente rechazada por gruesos sectores de la Comunidad.
Jesús Lara en su enciclopédico “Tawantinsuyo” nos habla de ayllus, markas y llajtas con usos y costumbres propios, que poseían códigos sociales no escritos develados entre otros por el Jesuíta Anónimo que recopiló al menos diez de ellas relacionadas a la división del trabajo y “el buen vivir”, aunque el mayor rigor e inflexibilidad tenían que ver con la defensa de la familia y de la sociedad. Algún historiador las agrupó en un Código Penal y que identifica 29 delitos. Nombramos algunos como el delito mayor la traición al imperio y al soberano que ordenaba la muerte pelándole la piel para fabricar tambores (runatinya) de sus huesos flautas, de su cráneo una (tutuma) escudilla para beber, aunque de arrepentirse el traidor era perdonado. El “ajllawasi” delito castigado con la pena de infamia y de muerte, se arrasaba su casa y exterminaba a su familia incluyendo parientes y vecindario. El sitio maldecido para siempre y nadie podía hollarlo. La blasfemia contra el Inti, la Killa, los Wak’akuna y wilk’akuna se pagaba con la vida y el arrasamiento de su vivienda. Todo homicidio se pagaba con la vida así como el adulterio, el aborto, el estupro, el incesto, la unión extramatrimonial. Aparecen entre los 29 delitos que menciona Lara, el homosexualismo (como delito monstruoso) la prostitución, el proxenetismo, la hechicería, el hurto, la desobediencia y hasta derribar un árbol frutal se castigaba con la pena de muerte.
Se puede apreciar que ya en la Colonia y más tarde en la República la legislación jurídica reemplazó la espuria justicia no escrita a que se refiere la CPE que está clamando a gritos por una clarificación, una reglamentación que tipifique los delitos que le están asignando en su jurisdicción, de los que los juristas mencionan como “menores” y que tradicionalmente se han resuelto bajo la administración de ayllus, mark’as y llajtas. No hacerlo y no darle toda la difusión que reclama por la gravedad que entraña su torcida interpretación. Está sucediendo el desencadenamiento de hechos de sangre intolerables como son los linchamientos que han cubierto de vergüenza a la Nación y puesto en figurillas a sus gobernantes.
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