Audiencia. El ex prefecto denunció que existen presiones políticas en su caso
Tras una audiencia de más de cuatro horas, la justicia rechazó el pedido de cesación de detención de Leopoldo Fernández, uno de los acusado en el caso Porvenir. Paralelamente se informó que Fernández tiene otra imputación por el referéndum autonómico del 2006.
El ex prefecto de Pando (2008) acudió a la audiencia acompañado de su equipo de abogados y su familia. El tribunal, presidido por el juez César Portocarrero, instaló la audiencia a las 10.00 y, durante su desarrollo decidió que el acusado no haga uso de la palabra.
En septiembre del 2008, en la población de Porvenir (Pando), se registró un enfrentamiento que acabó con la muerte de al menos 13 personas. La Fiscalía acusó y encarceló a Fernández, a quien posteriormente imputó, junto a más de una veintena de personas, como responsable de lo sucedido.
La defensa de Fernández, recluido más de 20 meses en la cárcel, exigió la cesación de detención amparado, entre otros argumentos, en el parágrafo 3 del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, que abre la posibilidad de la cesación de detención si en 16 meses no se dicta sentencia.
Mientras tanto, la defensa de los familiares de las víctimas de Porvenir, entre ellos los abogados Mery Carrasco y Mario Zapana, explicaron que el artículo en cuestión fue abrogado por la Ley 007 de reformas judiciales, que extiende este plazo a 36 meses.
Luego de que el Tribunal decidiera restituir el derecho a hablar a Fernández, la ex autoridad aseguró que existían presiones políticas en el proceso y denunció que la Fiscalía retrasó su audiencia a la espera de la aprobación y vigencia, precisamente, de la Ley 007. El fiscal del caso, Eduardo Morales, rechazó la denuncia.
Fernández insistió en que el objetivo de la Fiscalía es mantenerlo en la cárcel. “No creo que haya la intención de decirles a los familiares de los muertos quién es el responsable, porque si no es Leopoldo Fernández, ¿quién es?”.
Minutos antes, Zapana informó al Tribunal que el ex prefecto también tenía otra imputación, esta vez por la malversación de recursos públicos en el referéndum autonómico del 2008.
Minutos antes, Zapana informó al Tribunal que el ex prefecto también tenía otra imputación, esta vez por la malversación de recursos públicos en el referéndum autonómico del 2008.
Portocarrero decidió rechazar la cesación de detención con el argumento de que no se desvirtuaron los riesgos de obstaculización de la investigación. Karlo Brito, abogado del acusado, anunció que apelará la decisión.
Pilar Soria, esposa del ex prefecto, afirmó que los culpables de la violencia, sin mencionar nombres, “están campeando en Palacio”.
La fiscalía presentó imputación
La fiscalía presentó imputación
El 12 de octubre del 2009, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Fernández y 26 involucrados, por los delitos de terrorismo, homicidio, lesiones graves, asesinato, asociación delictuosa y lesiones leves.
El sábado se inicia el proceso
El sábado se inicia el proceso
El sábado, a las 10.00, se instalará el juicio en contra del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros imputados por los hechos de violencia de septiembre del 2008 en Porvenir, donde murieron 13 personas.
El juicio se iniciará a más de 20 meses de los hechos, que derivaron en la detención de Fernández, uno de los principales acusados por la Fiscalía.
El fiscal Eduardo Morales informó que el día del juicio se pedirá la declaratoria de rebeldía y aprehensión de aquellos que no se presenten al proceso. Fernández, en la audiencia en la que se rechazó su pedido de cesación de detención, demandó el inicio del juicio.
“Quiero que el país se dé cuenta de la manipulación burda de lo que se ha hecho en Porvenir”, sostuvo. Más de 300 testigos de cargo se presentarán a lo largo del proceso penal, en el que están involucradas más de una veintena de personas, principalmente empleados de la Prefectura en el 2008.
Muchos otros huyeron a Brasilea, Brasil, donde lograron protección del país vecino.El abogado de Fernández, Karlo Brito, dijo que apelará la negación de cese de detención.
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