Los indígenas de Uncía que torturaron y lincharon hace tres semanas a cuatro policías en el suroeste del país, cerca del límite con Chile, han impedido la entrada de los fiscales a su territorio. Ante la negativa, el equipo de investigadores cambiaron de estrategia y decidieron instalarse en Oruro, donde abrirán las investigaciones del caso.
Dirigentes indígenas explicaron a la prensa que presentarán al gobierno de Evo Morales un documento en el que piden un "cambio total" de los agentes en la región y ratifican la prohibición de entrada de los investigadores.
El mallku (jefe) de la federación de "ayllus guerreros" o clanes indígenas de la región, Santos Poma, anunció que una comisión de ese grupo se trasladará a La Paz para presentar el documento, según EFE.
Otra de las peticiones, consiste en solicitar a las autoridades legalizar los vehículos que ingresaron por contrabando a esa región, fronteriza con Chile.
Los medios también señalan que el motivo de la prohibición del ingreso de los investigadores es la existencia de laboratorios de cocaína.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo el lunes que no hay privilegios ante la ley y anunció que se hará cumplir la norma para esclarecer el asesinato de los cuatro policías y el contrabando de autos chutos en los ayllus de Saca Saca y Cala Cala, en el municipio de Uncía.
El Ministerio Público encargó a tres fiscales ir a la zona del linchamiento en el departamento de Potosí, en el pueblo de Uncía, a 341 kilómetros al sur de La Paz, para la investigación, pero la negativa de los pobladores impidió su entrada al territorio.
El matutino El Potosí precisa el domingo que el trío de fiscales y policías cambiaron de estrategia y decidieron investigar primero en el departamento vecino de Oruro, donde trabajaban los agentes.
Los policías linchados pertenecían a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos de Oruro, dónde, según el matutino potosino, comenzará la investigación del crimen para establecer cuáles fueron las órdenes que tenían los agentes
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