El fiscal Osvaldo Patiño que lleva el caso de la supuesta falsificación de libreta de cuarto medio de la Presidenta del Concejo Municipal, Desirée Bravo, demostró con acta en mano, que la lista de estudiantes de la promoción 1978 del colegio Enrique Finot, fue alterada. El único sindicado en el caso, Eddy Parra León, que guarda reclusión en Palmasola desde hace tres meses, habría recibido Bs 1.000 por firmar la libreta adulterada lo que de verificarse sería “cohecho pasivo” o soborno con una condena para funcionarios públicos entre 3 a 8 años de cárcel, mientras que de verificarse que la Presidenta de Concejo incurrió en ese delito tipificado como "cohecho activo" las penas serían mayores. Dos autoridades del Seduca serán llamados a declarar, además de haberse requerido a las autoridades de la UTEPSA para que presenten la documentación que tienen sobre Bravo como estudiante de la carrera de Derecho.
Santa Cruz, martes 27 de julio (cash24horas.com).- El fiscal de materia de la seccional del Plan 3.000, Osvaldo Patiño, anunció que dentro de los próximos días tiene previsto llamar al asesor legal Celso Estrada y a Carlos Paniagua, director departamental del Seduca, quienes mediante resolución administrativa dieron su visto bueno para que Eddy Parra León, ex director del Distrito 2 de Educación, apruebe el certificado de vencimiento de estudios secundarios en el colegio Enrique Finot, de la actual presidenta del concejo municipal, Desirée Bravo.
A pesar de la existencia de una Resolución Administrativa No. 01105/2009 de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que solicita la extensión de la respectiva libreta de cuarto medio y por el cual Parra rubricó su firma en el certificado de estudio, el fiscal Patiño confirmó que ese no fue el motivo por el cual guarda reclusión sino porque habría recibido 1.000 bolivianos, que más tarde el profesor declaró como pago adelantado del salario del mes de febrero y que el fiscal lo toma como prueba del delito tipificado como “cohecho pasivo”.
Para corroborar lo que afirma, el fiscal Patiño demostró con acta en mano, que la lista original de estudiantes que cursaron del 1ro. a 4to. medio entre los años 1975 a 1978 en el Colegio Enrique Finot, fue adulterada con corrector líquido habiéndose superpuesto a uno de ellos, el nombre de Bravo Monasterio María Desirée.
A la pregunta de: ¿cómo es que la Presidenta del Concejo ha terminado la Carrera de Derecho?, de resultar cierto que la documentación es falsa, Patiño responde que por ahora no cuenta con la información precisa, sin embargo envió su requerimiento a la Universitad Tecnológica de Santa Cruz, Utepsa, para que certifique con documentos los estudios realizados por Bravo.
La declaración surgió en exclusiva para cash24horas.com, la mañana de ayer, luego de la audiencia cautelar al ex director del Distrito 2, Eddy Parra León, único detenido en Palmasola, desde hace 3 meses.
Al final de la audiencia, celebrada en la Fiscalía del Plan Tres Mil, el juez cautelar del caso, Lucio Condori, negó a Parra su pedido de cesación de su detención preventiva debido al “peligro de obstaculización de justicia y porque su persona podría influir negativamente en sus subalternos".
Parra seguirá detenido en el régimen penitenciario abierto (PC4) de Palmasola, hasta que haya pruebas suficientes para liberarlo o inculparlo.
El fiscal adelantó que mientras las investigaciones continúan se van encontrando más indicios de que las acusaciones contra la Presidenta del Concejo Municipal serían ciertas.
“Yo vengo investigado el caso desde diciembre del año pasado”, señaló el fiscal Patiño recordando que el 15 de diciembre de 2009, el ex director del Distrito 1 Efraín Moi presentó su descargo y notó cierta irregularidad en los documentos presentados.
Formalmente el caso comenzó el pasado 14 de abril, cuando el Ministro de Educación Roberto Aguilar Robles presentó ante la Fiscalía del Plan 3.000, una denuncia formal contra Desirée Bravo, Ruth Correa Vaca, Julio César Rojas y Angel Arcia Mayorca, este último fue detenido, pero logró su libertad 6 días después.
El pasado viernes 23 de julio, la presidenta del Concejo, fue trasladada a las celdas de la Felcc, bajo imputación de falsificación de documentos, uso de instrumento ilícito y cohecho pasivo. A lo cual ahora se suma un delito que el fiscal Patiño considera mayor: “cohecho activo”, es decir soborno, que en el caso de funcionarios públicos tiene una pena mayores a los 8 años.
La tarde de ayer, la concejal Desirée Bravo volvió a sus actividades, haciendo uso de libertad bajo medidas sustitutivas, arraigo departamental y la prohibición de conversar con los otros imputados.
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