Los caminos reciben una alta asignación de gastos públicos archivo
Los recursos que han manejado las prefecturas en los últimos 10 años se han destinado casi con exclusividad a los gastos sociales y a la infraestructura de caminos. Los datos oficiales de la Dirección General de Contaduría muestran que entre 1997 y 2008, las prefecturas destinaban, en promedio, casi dos terceras partes del total de sus ingresos hacia el gasto social. Entre 2005 y 2008 en promedio anual se asignó 56 por ciento para educación, salud, vivienda, asistencia social y otros y el tercio restante para "asuntos económicos". Entre el 2005 y el 2008 en promedio anual se ha asignado el 57 por ciento de ese tercio a caminos, alrededor del 14 por ciento a la agricultura, silvicultura, caza y pesca. Otros sectores como manufactura, minería, otras industrias e investigación recibieron menos recursos. Dos grupos El gasto financiado con el IDH, uno de los componentes de la renta de hidrocarburos, se concentró principalmente en dos grupos funcionales: el 67 por ciento en asuntos económicos (entre el 2005 al 2008 en promedio anual se asignó 944 millones de bolivianos) y el 12 por ciento en gasto social (entre el 2005 al 2008 en promedio anual se asignó 139 millones de bolivianos). En el grupo de asuntos económicos, los recursos se concentran principalmente en el rubro transporte, es decir, fundamentalmente en construcción y mantenimiento de carreteras. Esta situación general varía en cada Prefectura: por ejemplo en el caso de Santa Cruz el 94,2 por ciento de los recursos de ese grupo se asigna a transporte; en el extremo opuesto, la Prefectura de Potosí solamente asigna el 39,5 por ciento. Caminos En los proyectos relacionados a caminos, una de las principales fuentes de financiamiento son las regalías petroleras. En el caso de Chuquisaca y La Paz, la infraestructura en caminos es totalmente financiada con recursos del IDH; en el resto de los departamentos hay una combinación de fuentes. Para la función de investigación y desarrollo, las prefecturas asignaron un promedio anual de 23 millones de bolivianos, alrededor de 2,5 millones por cada Prefectura, un monto considerado insuficiente para promover algunos cambios en el sector productivo de cada departamento. En desarrollo agropecuario, la normativa en vigencia establece que las prefecturas deben apoyar la investigación y transferencia tecnológica, elaborar y ejecutar programas y proyectos de riego y coordinar acciones para el desarrollo agropecuario, lo que supone grandes responsabilidades que, sin embargo, no son atendidas por falta de recursos. Hay escasez de información* En base a la información de la Dirección General de Contaduría.
El Internacional Budget Partnership, ha desarrollado un índice que sistematiza un conjunto de datos comparativos sobre la disponibilidad pública de información presupuestaria y otras prácticas de rendición de cuentas sobre el presupuesto en 85 países.
La última versión de éste, realizada en 2008, mostró que Bolivia ocupa el puesto 74 de 85 países -índice para Bolivia 6 de una escala de 1 a 100-, lo que indica que se ofrece poca o casi ninguna información al público sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) y que la poca información disponible no es sencilla en su lectura, no es información desagregada y/o en algunos casos no es oportuna.
Esa situación tiene lugar pese a que desde el propio Gobierno se promueven políticas de supuesto acceso a la información, como el Decreto Supremo 28168, o la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción promulgada mediante DS 214.
Un ejercicio realizado en dos prefecturas de Bolivia confirma esa situación. La valoración de la transparencia se realizó a partir del levantamiento de un cuestionario de 79 preguntas estructuradas en dos secciones: i) la propuesta de presupuesto y ii) el proceso presupuestario en sus cuatro fases.
La encuesta mostró que en las prefecturas de Tarija y Chuquisaca la gestión pública presupuestaria era poco transparente.
Se verificó que la elaboración del presupuesto de las prefecturas estaba sujeta a ciertas directrices que proporciona el Gobierno central sobre el registro contable y ciertos procesos para la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos.
El plazo que corre entre ese momento y la remisión del presupuesto aprobado al Ejecutivo nacional, es insuficiente para que las instancias regionales (públicas y privadas) puedan debatir el contenido del presupuesto.
Si bien el Ejecutivo entrega informes de ejecución financiera y física, se desconoce el impacto alcanzado con la inversión, conocimiento imprescindible para definir si se continúa con esa orientación del gasto o se establecen nuevas prioridades
Nota : Opinion |
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