El Gobierno anunció que las demandas de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) no son atendibles porque están fuera de la Constitución Política del Estado (CPE). La marcha está a punto de reanudar su paso desde Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz, rumbo a La Paz.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, durante una conferencia de prensa de más de una hora ofrecida en Palacio de Gobierno, desestimó cada punto de las demandas planteadas inicialmente por la Cidob, las que –reconoció– fueron “flexibilizándose”.
“Cuando se estudia una demanda hay que analizar la legalidad de la demanda, pero también hay que estudiar la legitimidad de la demanda, y si la demanda contradice la Constitución, pero además contradice los derechos de otros sectores, carece de legalidad y carece de legitimidad”, afirmó la autoridad, quien se mantuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.
Romero señaló que en estas condiciones, las demandas presentadas por la Cidob no resultaban atendibles para el Gobierno nacional, porque en el momento en que se permitiría trastocar la CPE se constituiría en un gobierno sin moral y autoridad política para luego garantizar el respeto de las leyes y el derecho de todos los bolivianos y bolivianas.
“En la plataforma de 13 puntos presentada hace ocho días, se han flexibilizado algunos de estos puntos, y es algo que celebramos y saludamos, pero hay temas que merecen mucho debate”, señaló.
DEMANDAS INVIABLES
El titular de Autonomía desglosó los pedidos de la Cidob y explicó las razones por las que se rechazaron varios de los planteamientos indígenas. Señaló que la demanda de la titulación de todas las tierras fiscales a favor de las comunidades indígenas de las tierras bajas no podía ser atendida, no sólo porque contradice a la Carta Magna, sino también porque afecta el derecho al acceso a la tierra de otros sectores y personas individuales con vocación productiva.
Explicó que la Constitución Política del Estado reconoce dos formas de propiedad: la colectiva o comunitaria, cuyos beneficiarios son las comunidades indígenas de tierras bajas, comunidades indígenas o campesinas de la región andina; y las propiedades individuales, cuyos beneficiarios son pequeños propietarios o cualquier persona que acceda a la tierra. “Así está establecido en los artículos 393 y siguientes de la Constitución”, sostuvo.
Respecto al pedido de declaración de todos los territorios indígenas del país en calidad de unidades territoriales, dijo que éstos son espacios geográficos que forman parte de la organización territorial del Estado, sobre los cuales se incorpora una institucionalidad de gestión descentralizada o autonómica, por lo que no podía ser posible. “La declaración de todos los territorios indígenas en calidad de unidades territoriales, sin más trámite, implicaba que todas las actuales Tierras Comunitarias de Origen –que son 276 a nivel nacional– (...) adquieran la condición de autonomías indígenas”, explicó.
Al adquirir esa condición, dijo la autoridad, se consolidarían territorios que trascenderían los límites departamentales de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz, Potosí e incluso Cochabamba (en el caso del Parque Nacional Isiboro Sécure).
Señaló que otro de los temas debatidos fue el referido a la aprobación de estatutos autonómicos indígenas –que la Cidob pedía sea a través de usos y costumbres, y no por referéndum, como lo establece la CPE.
“Aceptar la aprobación de estatutos por usos y costumbres no sólo implicaba la afectación de la Constitución, sino también de la población que existe, vive (...) en las jurisdicciones territoriales donde se van a constituir las autonomías indígenas”, sostuvo.
Respecto a la demanda de 18 escaños especiales indígenas para los pueblos de tierras bajas en minoría poblacional, dijo que no refleja la proporcionalidad con la representación parlamentaria. “La población indígena de tierras bajas constituye el siete por ciento de la población del oriente, el chaco y la amazonia, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2001; siete escaños en la Cámara de Diputados representa el seis por ciento del total de la Cámara de Diputados, hay casi una correspondencia estricta...”, agregó.
Desesperación en la marcha de Guarayos
El secretario de Organización de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y miembro de la Comisión Política de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Lázaro Tacoó, afirmó anoche que “hay desesperación entre nuestros hermanos marchistas, que decidieron salir mañana otra vez”.
El dirigente explicó que la idea es evitar que salga nuevamente la marcha a las carreteras sin antes conocer los acuerdos logrados con el Gobierno, sobre todo en materia de tierra y territorio.
El Gobierno se comprometió a destinar 2,8 millones de dólares para sanear aproximadamente tres millones de hectáreas de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de tierras bajas.
Tacoó calificó de productivo el trabajo con la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, con quien se logró establecer avances en las demandas con cronogramas establecidos de cumplimiento.
“Esperamos que tengamos un buen resultado”, dijo. Entre tanto, una comisión se queda en la sede de gobierno para seguir el tratamiento del proyecto de ley autonómica.
Al adquirir esa condición, dijo la autoridad, se consolidarían territorios que trascenderían los límites departamentales de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz, Potosí e incluso Cochabamba (en el caso del Parque Nacional Isiboro Sécure).
Señaló que otro de los temas debatidos fue el referido a la aprobación de estatutos autonómicos indígenas –que la Cidob pedía sea a través de usos y costumbres, y no por referéndum, como lo establece la CPE.
“Aceptar la aprobación de estatutos por usos y costumbres no sólo implicaba la afectación de la Constitución, sino también de la población que existe, vive (...) en las jurisdicciones territoriales donde se van a constituir las autonomías indígenas”, sostuvo.
Respecto a la demanda de 18 escaños especiales indígenas para los pueblos de tierras bajas en minoría poblacional, dijo que no refleja la proporcionalidad con la representación parlamentaria. “La población indígena de tierras bajas constituye el siete por ciento de la población del oriente, el chaco y la amazonia, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2001; siete escaños en la Cámara de Diputados representa el seis por ciento del total de la Cámara de Diputados, hay casi una correspondencia estricta...”, agregó.
Desesperación en la marcha de Guarayos
El secretario de Organización de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y miembro de la Comisión Política de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Lázaro Tacoó, afirmó anoche que “hay desesperación entre nuestros hermanos marchistas, que decidieron salir mañana otra vez”.
El dirigente explicó que la idea es evitar que salga nuevamente la marcha a las carreteras sin antes conocer los acuerdos logrados con el Gobierno, sobre todo en materia de tierra y territorio.
El Gobierno se comprometió a destinar 2,8 millones de dólares para sanear aproximadamente tres millones de hectáreas de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de tierras bajas.
Tacoó calificó de productivo el trabajo con la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, con quien se logró establecer avances en las demandas con cronogramas establecidos de cumplimiento.
“Esperamos que tengamos un buen resultado”, dijo. Entre tanto, una comisión se queda en la sede de gobierno para seguir el tratamiento del proyecto de ley autonómica.
0 Comentarios