El juez 6to. en lo penal, Luis Alberto Zeballos, explicó que la parte defensora del gobernador Rubén Costas Aguilera, presentó el sábado 3 de julio el recurso de “excepción de la cosa juzgada por falta de acción y extinción de la acción penal”, es decir la suspensión del proceso de investigación por el supuesto desvío de 10 millones de bolivianos para la realización del referendum autonómico del 4 de mayo de 2008, siendo que por estos cargos Costas ya fue juzgado ese mismo año siendo absuelto en aquella oportunidad.
De acuerdo a las leyes vigentes, la excepción de cosa juzgada dictamina que no se puede volver a discutir un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior. En 2009 Costas presentó sus declaraciones en el juzgado 8vo. en lo penal y fue absuelto, por lo que el juez Zeballos considera que esas argumentaciones presentadas por su defensa “tienen asidero legal”.
Una vez notificadas ambas partes del proceso, Ministerio Público y defensa del imputado, sobre el resultado de la evaluación de pruebas, que podría ocurrir el 12 de julio, transcurrirán alrededor de 10 días más para que el juez Zeballos tome la determinación de que si es recurrente o no dar curso a una resolución que dé por finalizada la actual imputación contra Costas.
En síntesis, del juez Zeballos depende en definitiva si Costas deberá continuar siendo investigado o no.
Al respecto cash24horas.com le consultó ¿qué factores deberá tomar en cuenta para dictar su fallo? El juez considera que por un lado deberá ver si los Estatutos departamentales son reconocidos por la Constitución Política del Estado actualmente vigente, si en su momento fueron legalmente procedentes y contratastar las pruebas de la parte investigada que argumenta que actuaron “por decisión popular”.
Dijo que en todo caso la defensa deberá presentar para su descargo los documentos, ya sean actas, firmas, listado de las personas que votaron según la Corte Departamental Electoral y estos factores se tomarán en cuenta a la hora de determinar su validez o no.
En caso de juicio, los documentos serán evaluados por jueces ciudadanos y técnicos adelantó el juez Zeballos por lo que "Costas deberá demostrar que la gente le pidió llevar a cabo el referendum".
Para el juez, "Costas era entonces Prefecto y el representante del poder ejecutivo, por detrás también están los asambleístas que en su momento dieron luz verde para ejecutar dicho referéndum" recordó.
EL CASO
El 1 de octubre de 2009, el prefecto cruceño, Rubén Costas, aceptó declarar ante el Fiscal de Recursos de Sucre, Iván Montellano, para defenderse de la demanda de la Contraloría General del Estado sobre la supuesta malversación de fondos públicos en la realización de la consulta autonómica el 4 de mayo de 2008, tal como lo hicieron los vocales electorales de la región que también fueron sindicados por el mismo caso.
Costas sobrelleva, además, una imputación de parte de la Contraloría por malversaciones de 30 millones de bolivianos por la compra de camionetas para la Prefectura, supuestamente con sobreprecio y sin licitación.
Además de ser imputado de los 10 millones de bolivianos por el referéndum autonómico del 2008, está arraigado y debió pagar una fianza de 100.000 bolivianos, en el juzgado 5to en lo penal de la Corte de Distrito de Santa Cruz donde radica el caso.
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