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denuncias contra Antonio Vargas: cobró salarios irregulares de la umsa y “nunca” ejerció el periodismo
Antonio Vargas, quien representará hoy a la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) en una audiencia en la OEA sobre la libertad de expresión, fue asesor de Luis Alberto ‘Chito’ Valle —detenido por presunta corrupción— y está acusado de cobrar sueldo sin trabajar en la UMSA y de no ejercer el periodismo, según un documento, una ex directora de carrera y una periodista investigadora.
Vargas, fiscal general de la APLP, no pudo ser contactado por este diario desde el viernes —para conocer su parecer sobre las denuncias— ya que se ausentó a Washington, según se informó en esa entidad colegiada.
El dirigente de la APLP Mauricio Quiroz salió en defensa de Vargas y dijo que es un “matiz” que el Fiscal de esa entidad no haya ejercido el periodismo de calle.
El 22 de octubre, Vargas informó que el reclamo contra dos artículos de la ley antirracista y otras normas será presentado, en representación de cuatro centrales de prensa, patronales y sindicales, en Washington, Estados Unidos, al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, según se informó en el portal www.prensalibre.com.
ASESOR DE ‘CHITO’
Vargas fue asesor de la Dirección de Comunicación de la Prefectura del departamento de La Paz durante la gestión de ‘Chito’ Valle, según indica el contrato de servicios número 0022 del 1 de septiembre de 1997 (ver fotografía del documento en esta página).
El documento al que tuvo acceso este diario y que está firmado por Luis Alberto Valle Ureña indica que el sueldo mensual de Óscar Antonio Vargas Ríos era de Bs 5.617, nivel 5 y a tiempo completo.
‘Chito’ Valle está en la cárcel acusado de daño económico al Estado por un monto de $us 17 millones.
Por otro lado, el dirigente que representará hoy a los periodistas de La Paz en la OEA tiene en su contra un proceso por supuesto cobro irregular de salarios durante nueve años en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Auditorías de la Contraloría y la UMSA establecieron que Vargas, junto a otros 11 docentes de Comunicación Social, percibieron salarios entre 2005 y 2008 sin trabajar, según la ex directora de Comunicación de la UMSA Gabriela Sotomayor, quien dijo que los daños al Estado por ese hecho alcanzan a alrededor de Bs 800 mil.
Con relación al supuesto cobro irregular de salarios, el 31 de mayo de 2006, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia 0512/2006-R, ratifica el fallo de la Sala Civil Segunda de la Corte de Distrito de La Paz, que señala que la destitución de estos docentes es ilegal.
Sotomayor dijo que ese fallo obedeció a “favores políticos”, porque hay las pruebas de que esos 12 docentes se adjudicaron sus cargos a través de un proceso irregular. En junio de 2009, una auditoría de la Contraloría General ratificó ese extremo. El proceso no ha concluido y los docentes aludidos siguen trabajando en la UMSA.
“NUNCA” FUE PERIODISTA
Sobre Antonio Vargas, la periodista de investigación y afiliada a la APLP Ruth Chuquimia relató que “en un foro al cual fui invitada le pregunté a (Antonio) Vargas si había trabajado como periodista, y respondió que ‘nunca’”.
Para Chuquimia, el que Vargas no haya ejercido el periodismo y represente a los periodistas en la OEA es antiético. “No es ético que una persona que no ha ejercido nunca el periodismo vaya a la OEA en representación de los periodistas porque no sabe lo que es fuente, veracidad, oportunidad”, expresó.
“El periodismo televisivo, radial y de prensa escrita es una formación de conciencia a través de la cobertura diaria, no es cualquier oficio; por lo tanto, (Vargas) no sabe lo que es una libertad de comunicación y de información”, sostuvo.
Calificó como un contrasentido que Vargas vaya a la OEA a nombre de los periodistas bolivianos.
LA AGENDA DE LA OEA PARA HOY
04.30-05.30. Situación del derecho a la libertad de expresión en Bolivia. Solicitante: Asociación de Periodistas de La Paz
El Gobierno participará hoy en Washington en la audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, según el portal www.univision.com.
El viceministro de Coordinación, Wilfredo Chávez, dijo —según versión del diario La Prensa— que fueron convocados para participar de la audiencia, aunque negó que el tema central sea la ley antirracismo.
“La Comisión no convocó al Estado para tratar la Ley Contra el Racismo y eso quiero despejar y aclarar. Creo que ha sido una desinformación absoluta e irresponsable la que se ha hecho con relación a este tema”, dijo. (www.univision.com)
Un dirigente fue imputado por racismo
El dirigente de los trabajadores de la prensa de Chuquisaca Daniel Villavicencio —quien fue imputado por la Fiscalía por apología del delito en las agresiones a campesinos en Sucre en 2008— dijo que fue un error del Ministerio Público el haberlo mencionado.
“Como periodista de Correo del Sur (diario de la capital), ¿cómo podía instigar a las agresiones? No es lo mismo hacerlo desde la televisión o la radio”, dijo Villavicencio en contacto con Cambio.
Atribuyó a un error la imputación que le hizo la Fiscalía junto a unas 40 personas investigadas por supuesta participación en los hechos de mayo de 2008, cuando indígenas fueron agredidos, humillados, desnudados y obligados a besar la bandera regional por cívicos y estudiantes sucrenses.
SENADOR ACUSÓ
Hace dos semanas, el senador David Sánchez (MAS) cuestionó que Villavicencio reclame contra la ley antirracista cuando está señalado por los actos racistas contra campesinos en 2008.
El legislador también señaló a Marco Dipps, actual ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP, y director de un medio sucrense) de estar vinculado a esos hechos.
Villavicencio negó que las movilizaciones de periodistas en Sucre haya tenido intereses ajenos, aunque él trabaja en el medio cuyo director, Marco Dipps, se opone a dos artículos de la ley antirracismo.
Villavivencio también confirmó que hace 10 años fue relacionador público del Servicio Departamental de Caminos de la ex Prefectura de Chuquisaca.
algunos actores mediáticos que impulsan campañas contra los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo
Nombre: Antonio vargas
Cargo: Fiscal General de la Asociación Periodistas La Paz
Fue asesor de la Direccción de Comunicación del ex prefecto de La Paz Luis Alberto ‘Chito’ Valle (1997-2001). Según la ex directora de la Carrera de Comunicación de la UMSA Gabriela Sotomayor, Vargas cobró sueldos sin trabajar. El caso se investiga. Además, Vargas no ejerció el periodismo, según Ruth Chuquimia.
Nombre: Carlos Valverde
Cargo: Comentarista del programa Sin Letra Chica
Estuvo vinculado a grupos de derecha de la Falange Socialista Boliviana. Fue jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior en el gobierno del MIR-ADN. Implicado en el caso ‘narcoestatuillas’, lo que le costó su cargo y la visa a EEUU, según el portal www.bolpress.com/art.php?Cod=2008031711 (24-10-2010)
Nombre: Pedro Glasinovic
Cargo: Presidente Asociación de Periodistas de La Paz
Fue director del matutino La Patria de Oruro. Trabajó en el periódico católico Presencia y otros medios. Según el investigador Édgar Ramos, Glasinovic fue director de la Agencia Boliviana de Información (ABI) durante el último gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con Carlos Mesa.
Nombre: Daniel Villavicencio
Cargo: Ejecutivo Federación de Periodistas Chuquisaca
Según dijo el propio dirigente, hace diez años fue jefe de prensa del ex Servicio Departamental de Caminos de Chuquisaca. Admitió que está acusado por apología del delito en el caso racismo y discriminación de campesinos el 24 de mayo de 2008, pero “por error de la Fiscalía”.
Nombre: Pablo Zenteno
Cargo: Secretario Ejecutivo de la CSTPB
El diputado Luis Alfaro (MAS) denunció que Zenteno es asesor del gobernador Mario Cossío. Zenteno dijo que trabaja allí hace cuatro años pero que ve intencionalidad política en su contra, según www.elnacionaltarija.com/diario/2010/10/11/gobierno-vincula-a-periodistas-movilizados-con-la-oposicion (24-10-2010).
Ramos percibe actuación política de medios
El periodista e investigador Édgar Ramos, en su trabajo Ranking de Medios Racistas Parte I, identifica a algunos medios de información masiva radial y televisiva como racistas y discriminadores por la emisión y el contenido de sus mensajes.
Ramos menciona que el primer mandato de Evo Morales (2006-2009) fue víctima de actos racistas y discriminatorios casi desde el inicio de su gestión. “Entre marzo y abril de 2009, la red Unitel, de propiedad de Osvaldo Monaterio (senador del MNR (1993-1997), hizo una campaña abierta a favor de la empresa BMX para la adjudicación del Mutún”, dijo.
Recordó que Unitel levantó a Puerto Suárez y la puso contra el Gobierno, al extremo de secuestrar a los ministros Celinda Sosa, Wálter Villarroel y Carlos Villegas. Para Ramos, ese acto fue una muestra de vejación a esas autoridades, que fueron a intentar solucionar el conflicto.
El investigador, asimismo, menciona que el matutino El Deber, de propiedad de la familia cruceña Rivero Mercado y promotor del grupo mediático Líder, censura la información a las organizaciones indígenas. “En sus ediciones diarias dan más cobertura al Comité Cívico y las élites empresariales, es más, en sus páginas sociales jamás aparecen personajes indígenas. Son para posicionar o patrocinar al círculo de élite cruceño”, dijo. Pedro Rivero Mercado fue embajador en los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada.
En su criterio, similar actitud asume radio Panamericana, es decir, da más cabida a la oposición y al gobierno de Estados Unidos a través de Usaid.
“La muestra es que transmite íntegramente las ediciones de Voz de América (VOA), dependiente del Gobierno estadounidense, y además tiene un corresponsal”, manifestó.
Ley no viola libertad de expresión
La comunicadora y afiliada de la Asociación de Periodistas de La Paz Ruth Chuquimia considera que la campaña contra los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, como la recolección de firmas, no es ética.
“No son éticos, porque en un ningún momento la ley dice que se va a coartar la libertad de expresión, no existe ningún párrafo que sostenga tal aberración”, dijo.
Chuquimia asegura que ni artículo 16, el cual señala que “el medio de comunicación que autorizase o publicase ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas, suspensión de licencias funcionamiento, sujeto a reglamentación”; ni el inciso II del artículo 23, que establece que “cuando el hecho sea cometido por un trabajador (a) de un medio de comunicación no podrá alegar inmunidad o fuero alguno”, coartan libertad de expresión o la libertad de información.
“Aunque todo el mundo tiene derecho a disentir y a decir que no está de acuerdo, los compañeros que estuvieron haciendo la huelga o los que están en contra la ley tienen que leer bien los artículos, y más aún en un tema tan delicado como éste”, sostuvo.
La Asociación defiende a Vargas
El secretario de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Mauricio Quiroz, aseguró que el fiscal general de esa entidad, Antonio Vargas, es periodista y en esa condición fue electo en ese cargo.
“Él hace estudios de comunicación, yo creo que siempre ha sido periodista, ha elaborado productos de comunicación”, sostuvo Quiroz con relación a denuncias de que Vargas no ejerció el periodismo.
“Él es periodista, el hecho de que no haya hecho periodismo de calle sólo es un matiz”, insistió Quiroz, quien se desempeñó por varios años en la Agencia de Noticias Fides, dirigida por el sacerdote José Gramunt.
Es más, aseguró que Vargas forma parte de la delegación de dirigentes de la APLP y de las organizaciones de empresarios de medios de información masiva, como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su calidad de dirigente electo.
“Él es parte de un directorio que ha sido elegido por los asociados por dos gestiones”, afirmó Quiroz.
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